ADVERTENCIA: éste es el capítulo que escribí pra el texto EL PERSONALISMO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, Lo publicó en forma digital en 2022, la Universidad nacional de San Luis en http://www.neu.unsl.edu.ar/wp-content/uploads/2022/11/El-Personalismo.pdf

Afirma la tercera ley de Newton que para cada acción hay una reacción igual y en el sentido opuesto.

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La historia política sanluiseña a partir de la recuperación de la vida democrática en diciembre de 1983, se asemeja a una novela del realismo mágico latinoamericano, en la cual sus personajes transforman las instituciones republicanas y la misma vida democrática en instrumentos creadores de un feudo dinástico que destroza esas instituciones y esa democracia.

¿POR QUÉ FEUDO?

Allá por la Edad Media primó la organización feudal en la que los soberanos, convencidos que sus tierras y títulos les eran propios por mandato divino, concedían honores y propiedades a familiares y partidarios a cambio de su fidelidad, apoyo militar y pago de impuestos.  A más  fidelidad y servicios, mayores honores. Así nació  la nobleza.

Los escalones más bajos de esa sociedad, los ocupaban los siervos, que, sin derechos, debían obedecer, trabajar, pagar impuestos, integrar los ejércitos. Excepcionalmente podían escalar posiciones gracias a alguna destacada actuación militar.

Hablamos de feudo en este siglo XXI, porque esta actualidad nos muestra a gobernantes que se creen amos y señores del territorio  y de las instituciones con las que gobiernan, usándolas a su total arbitrio para asegurarse fortuna, permanencia, continuidad e  impunidad. Hoy, en Argentina,  los antiguos soberanos, se llaman, con las excepciones que siempre existen,  gobernadores. La nobleza la integran intendentes, legisladores, ministros, funcionarios menores; todos ellos, segundones cómplices. Los siervos de hoy, son aquellos que su existencia socio económica depende de la generosidad del señor en empleos o ayudas asistenciales sin mayores exigencias, debiendo convertirse en militantes repetidores de consignas. Nobles y siervos constituyen así, ejércitos de disciplinados y acríticos votantes en cada elección.

Este feudalismo tardío, está destruyendo la república y la democracia, a tal punto que, tras casi cuatro décadas, esta forma de gobernar está aceptada – tolerada por muchas generaciones, porque es en la que han nacido y crecido.

Este feudalismo anacrónico lleva a creer a muchos que viviendas, trabajos, salud, educación, sin importar su calidad, son suyas por la generosidad de los señores, de los amos, sin olvidar que, a cambio, deben su aplauso, obediencia y fidelidad.  Sumisión política electoral o clientelismo, que reemplaza al esfuerzo, a la cultura del trabajo y del estudio.

Así como en el Medioevo, el feudalismo se asentaba en la nula educación de los vasallos y en los privilegios otorgados discriminadamente, en la actualidad estos feudos, van empobreciendo la educación, precarizan el trabajo, licúan la ética, potencian la obsecuencia.  La destrucción social que así surge, se disimula con el maquillaje de magras y casi perpetuas asistencias, con la demagogia educativa en generosos planes de terminalidad educativa y con “regalar” la promoción secundaria[1], todo de la mano de costosas campañas publicitarias. Siempre, siempre; con el culto a la personalidad de los fundadores.

Ningún feudo actual surge de una concepción ideológica respetuosa de la dignidad humana, de la vida republicana con democracia constructora del Bien Común.  Son proyectos egoístas, ambiciosos hasta lo patológico; ejercidos con la violencia del autoritarismo.

La tercera ley de Newton

¿Qué tiene que ver una ley de la física en lo social y político?

La construcción del feudo sanluiseño se ha dado por la persistente secuencia de acciones por parte de los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá, seguramente empujados por algún proceso psicológico de querer recuperar los laureles que la familia supo tener en el siglo pasado y convertirse en la familia record de años en gobierno provincial. Quien quiera lograr y sostener un anhelo así de patológico, sabe que debe ir acompañado de un gran respaldo económico. Ese fue el objetivo paralelo buscado y logrado en tantos años de gobierno.

Esas acciones son la primera parte de la ley newtoniana antes citada.

No es solo la vocación de acumular poder que genere riqueza y de acumular riqueza para asegurar e incrementar el poder que otorgue impunidad, lo que construye un feudo en estos días. Lo perdurable de esta vigencia feudal en San Luis, no es obra sola de quienes ejercen el poder.

Es evidente que quienes no aceptan esta construcción feudal no han logrado dar con la sumatoria de ideas, inteligencia, habilidad, fuerza y persistencia necesarias para impedir la construcción feudal.

La acción constructora del feudo, no encontró una reacción republicana de una fuerza al menos de igual intensidad que la frene y derrote. Puede afirmarse que la “oposición”[2] no ha aprovechado las oportunidades ofrecidas por la actividad política para hacerlo, demasiados errores jalonan su actividad.

La aludida ley newtoniana, propia de la física, bien pudo servir de inspiración a la política provincial. No fue así.  La acción feudal, no ha tenido y hasta la fecha no tiene, la necesaria y fuerte reacción republicana que supere este anacronismo político-social. Quienes sostienen ideas republicanas y democráticas han mostrado ingenuidades, caprichos, traiciones, claudicaciones, abandonos. Demasiados errores.

|No se supera lo feudal con personalismo, individualismo, soberbia, egoísmo y la persistente incapacidad de “educar al soberano”, explicando pueblo por pueblo, calle por calle, casa por casa qué es un feudo, qué una república y qué democracia; sin denunciar incansablemente las violaciones a la Constitución y las leyes, las tropelías en la obra pública, el dominio sobre los poderes Judicial y Legislativo, la incapacidad puesta en evidencia en la educación y la salud, el inexplicable enriquecimiento de muchos y sigue la lista.

La “oposición” tiene responsabilidad en la creación feudal, quizás por no esperar algo así inicialmente, luego por no evaluar y dimensionar correctamente los sucesos, por no hacer docencia republicana ante la ciudadanía y finalmente, por no dar con la metodología política imprescindible para una tarea así.

Por cierto, que este feudo no es inútil en su accionar, hay que reconocer que cambió la realidad material de la provincia. La mucha obra pública, que merece un análisis más extendido acerca de sus cualidades y defectos, es real y se la disfruta. Es lo que se ve y muchos admiran, aplauden y hasta envidian.  “Roban, pero hacen”, “San Luis otro país”, son algunas de las frases complacientes o justificativas de esta realidad.

Lo grave es que lo humano es la variable de ajuste y dominación; salarios, empleo y estabilidad laboral, derechos, calidad educativa, servicios de salud, clientelismo político constituyen elementos con los que se socava la dignidad de la ciudadanía.

La crítica y la autocrítica no deben faltar en la política, para gobernar, legislar o juzgar. Poco de eso se advierte en la dirigencia que dice expresar al republicanismo; a lo que cabe agregar la muy poca memoria de unos cuantos que al criticar lo malo olvidan que fueron parte de la construcción de esas políticas y desde esa “amnesia” se instalan como ejemplos para la recuperación republicana y democrática.

El asumir errores, corregirlos y construir lo necesario, enaltece, da credibilidad; pretender que se los ignore, es tomar a la ciudadanía por tonta.

DE LA CONSTRUCCIÓN FEUDAL

Son muchas las acciones que desde diciembre de 1983 se vienen ejecutando para esta construcción. Ellas se asientan siempre, en una sumatoria de irrespeto a la Constitución y leyes, violación de derechos, control y dominio de los poderes del Estado.

Mucho se ha escrito ya de todas ellas, En esta ocasión se destacarán sólo algunas.

Política comunicacional

Con astucia e inteligencia, poco demoró Adolfo Rodríguez Saá en avanzar en el control de la información e influir así en la opinión pública. En los primeros meses de 1984, compró la quiebra de EL DIARIO DE SAN LUIS, con un crédito blando otorgado por el estatal Banco Provincia ya dirigido por los suyos. De inmediato ese diario, el que años después fue rebautizado como EL DIARIO DE LA REPÚBLICA, superó sus problemas económicos merced a las publicaciones oficiales y las importantes publicidades obligatorias de las empresas contratistas del estado.

Este diario llega, desde esa fecha, cada día a toda la provincia. De su información usualmente sesgada y cerrada a comentarios desfavorables al gobierno, se nutre la mayoría de las emisoras FM sanluiseñas, que de esa manera replican la versión oficial de la vida provincial. Estas radios se sostienen mayormente de la pauta oficial, cuyo monto depende del aplauso y la no crítica. Los conocedores del tema afirman que hay también pagos “por bajo de la mesa” a directivos y periodistas. Lo cual no sería de extrañar, es usual en estos tiempos y no sólo en gobiernos autoritarismos.   

Paralelamente y con los mismos objetivos y medios, se extendió la cobertura del territorio del Canal 13 estatal, con una red de repetidoras que cubren toda la superficie provincial.

De esta manera, el gobierno se asegura que su información llega a diario a toda la ciudadanía de la geografía provincial; con el agravante que lo del canal  estatal, que se hace con fondos del  presupuesto provincial guiados a favorecer al partido gobernante, al punto que periodistas de alto impacto popular supieron afirmar que ése era el canal del gobierno, participando de la idea propia de los autoritarismos, de concebir al partido gobernante como dueño absoluto del estado.

Eso en cuanto a la acción feudal.

La reacción republicana, en esto ha sido y es pobre. Varios de sus intentos han caído por el alto costo, imposible de satisfacer frente a la dificultad de encontrar la publicidad suficiente. Unos pocos periodistas en las principales, mucho menos en localidades menores, actúan con la honestidad profesional de informar de modo integral dando participación a todas las voces e ideas. 

Recientemente han aparecido algunos medios, evidente y fuertemente ligados a una expresión partidaria y dirigencial que los sostiene. Pero ninguno de estos intentos está cerca de alcanzar la penetración informativa que ha logrado el gobierno. No corresponde que informen de la misma forma interesada, agresiva y hasta falseada como la oficial, sino que deben dar ejemplo de ética informativa.  No se advierte que pueda lograrlo en el corto plazo.

Menos aún se ha logrado en instalar la problemática provincial en los medios de alcance nacional, salvo excepciones de corta duración. Es que billetera sostiene feudo.

Años más tarde, n 2003, hay una muestra del resultado de este gobierno feudal en lograr una comunicación cómplice o callada.  Durante la campaña electoral de Adolfo Rodríguez Saá para Presidente de la Nación, uno de los lemas publicitarios decía “San Luis, otro país, cero desocupación.” Eso, hasta mayo de ese año en que asume la gobernación su hermano Alberto. En los primeros días de junio, lanza el Plan de Inclusión Social “para superar la desocupación heredada”. Ese plan tuvo una inscripción inicial superior a las 60000 personas. La inveterada costumbre de los nuevos gobernantes de culpar a quienes lo precedieron, hizo olvidar a Alberto que sus antecesores eran su hermano Adolfo por veinte años y Alicia Lemme por dos. A nadie se le ocurrió destacar esta confesión de parte.

Control estatal

Adolfo Rodríguez Saá integró su primer equipo gubernamental con la libertad que le cabe a quien ejerce tal responsabilidad. La ejerció, incorporando algunos de sus adversarios en la interna partidaria previa, exigiéndoles dejar de lado la identificación con esa línea, sus ideas y proyectos. Lo mismo pasó en la vida partidaria, advirtiéndose pronto que la estructura del Partido Justicialista, era casi el calco de la estructura de su gabinete.  Las voces críticas no fueron atendidas.

El legislativo, también mostró ese accionar logrando rápidamente conformar un bloque único y leal, si bien cabe decir que los legisladores de la “oposición interna” nunca demostraron interés ni vocación por complicar al gobierno.

El poder judicial pronto fue siendo ocupado por nuevos jueces, si bien para ello debió acordar con el radicalismo, principal fuerza opositora en ese momento. Acuerdo que le permitió hacer lo mismo con el Presidente Alfonsín y lograr que su candidato sea designado como Juez Federal en la provincia.

Con el correr de los años,  la pertenencia política partidaria de jueces, especialmente en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) se hizo evidente al punto que algunos  declararon categóricamente su adhesión incondicional al Gobernador Alberto Rodríguez Saá,  como lo hizo la abogada Lilia Novillo.[3]

De parte del Ejecutivo se ha usado la propuesta de jueces para el STJ para desprenderse de funcionarios, por alguna causa molestos, como ocurrió en abril de 2022 con la fallida designación en ese tribunal, del Vicegobernador Mones Ruiz (h).

La promoción – radicación industrial

El Acta de Reparación Histórica para San Luis, La Rioja, San Juan y Catamarca, convertida en ley en el último gobierno de Perón, fue la clave económica –laboral para el crecimiento provincial y el logro de anhelos largamente esperados por los sanluiseños.  Se logró la instalación en la provincia de más de mil industrias; pero al lograr el gobierno provincial ser la autoridad de aplicación, esa ley fue usada como instrumento para hacerse de fondos “no santos”, al tiempo que las empresas lograron cierta impunidad en el cumplimiento de leyes laborales. Fue tal la exigencia de pagos por cada trámite, que de a poco las empresas fueron abandonando la provincia, quedando solo unas pocas a la fecha que contrastan duramente con la gran cantidad de galpones desocupados. Muchos habitantes del interior de la provincia abandonaron sus trabajos en el campo para incorporarse al industrial. Al quedar sin ese empleo, aparecieron los barrios de emergencia los que también fueron habitados por quienes llegaron de otras provincias. Hoy, la mayoría de esos hermanos desempleados subsisten con changas o con los numerosos y variados planes asistenciales.  

La verdad peronista de que cada uno debe producir al menos lo que consume, se perdió tras la desenfrenada ambición de dinero de gobernantes y funcionarios. Enriquecimiento denunciado ante la justicia provincial y la federal, que no investigaron, para archivarlas prontamente.

Quizás, la reacción concretada en esas denuncias debió realizarse con mayor participación en la acumulación de pruebas, redacción y firmas y, por sobre todo, con la imprescindible instalación del tema en la provincia y a nivel nacional. Seguramente, persistiendo en las apelaciones. Quizás, acudiendo al concepto de “justicia irrita”.

Es fácil decirlo ahora, pero la magnitud del tema y la impunidad lograda hacen ver que se necesitaba mayor intensidad, profundidad e insistencia en enfrentar las rápidas y desfavorables sentencias. 

Estas fortunas, así “legalizadas” han sido y son génesis y sostén del poder feudal.

El “boom” industrial quedó reducido a unas pocas empresas a causa de la pésima instrumentación hecha por los gobiernos de la familia Rodríguez Saá. Quedaron desocupación, despoblamiento productivo del interior provincial, villas de emergencia. Pero de eso… no se habla.

Fuerte jugada legislativa

La escasa mayoría legislativa[4] impedía a Adolfo Rodríguez Saá tener las leyes necesarias a  su proyecto sin acordar con la oposición.

Llegadas las elecciones de medio término de 1985, la aspiración del gobernador fue la de asegurarse la mayoría de diputados tanto para lograr las leyes a su gusto y conveniencia y, fundamentalmente como se comprobó luego, para llegar a la reforma constitucional. Esos objetivos los buscó, convocando a esa elección, no mediante el sistema proporcional D´Hondt sino por el viejo de la Ley Sáenz Peña que otorgaba dos tercios de los cargos a la fuerza vencedora y uno a la primera minoría.

El tiro salió por la culata, al ser derrotado en el Departamento La Capital[5] , la Cámara de Diputados quedó  conformada con quince diputados  radicales y quince justicialistas.

El gobernador puso en juego una serie de maniobras totalmente reñidas con lo republicano y democrático incluyendo anular las elecciones en el departamento La Capital, sumar a los propios un  diputado radical, sacar con la fuerza policial a diputados radicales del recinto legislativo, etc.[6]

Semejante maniobra totalitaria en la recién recuperada vida democrática, merecía una respuesta categórica que afirmara la decisión argentina de vivir en una república. Lo hecho por el gobernador pudo dar lugar a medidas más graves, como el remedio constitucional de una intervención total o parcial a la provincia, que no llegó seguramente para no mostrar el autoritarismo de la democracia en fecha tan cercana a la derrota del totalitarismo de una dictadura, Rodríguez Saá jugó bien esa carta.

El Presidente Alfonsín envió representantes de importante peso político en ese momento, para encontrar una solución. A resultas de ello, quedó vigente el resultado original de las elecciones, se acordó una consulta popular para definir a quién los diputados debían elegir como senador nacional al vencimiento del mandato de Oraldo Britos. Además, la UCR sanluiseña firmó con el gobierno un acuerdo de gobernabilidad que incluyó la convocatoria a una convención que reformaría la Constitución vigente desde 1962.  El gobernador consiguió también un trato preferencial en la coparticipación federal y aportes para varias obras de importancia.

El radicalismo estuvo casi solo como oposición política y pecó de ingenuidad creyendo en la buena voluntad y cumplimiento total de lo acordado.  Nuevamente no hubo un esclarecimiento a la ciudadanía sobre la gravedad de lo ocurrido. Tamañas afrentas a la institucionalidad no debieran enfrentarse en soledad y en silencio. No se escuchó ninguna voz judicial ante este intento golpista. La reacción fue notoriamente menor al impacto de la acción.

El gobernador manejó lo comunicacional, logrando quedar como el triunfador en este zafarrancho y lo supo aprovechar muy bien para ganar cómodamente la elección de los convencionales que reformaron la constitución en 1987, logrando entre otras cosas, la reelección indefinida del gobernador.

Estos hechos evidenciaron con claridad meridiana, la aspiración al poder absoluto y la decisión de usar cualquier método para lograrlo. Quedó en claro, por si alguien tuviese dudas, que los tres poderes del estado provincial eran dominados por el gobernador. De ahí más, esta realidad se vería sistemáticamente ratificada y potenciada.

La justicia

A lo ya adelantado, falta destacar como se completó la colonización del poder judicial con la manipulación del orden de méritos en los concursos,  la exigencia de renuncias firmadas con anticipación y en blanco como requisito para asumir como jueces, la cesantía de secretarias por no acatar descuentos salariales – caso que fue resuelto muchos años después a favor de las cesanteadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  la destitución mediante juicios políticos, amañados, de juezas que juzgaron contra la conveniencia gubernamental, etc. Acciones de este tipo acallaron cualquier intento de constituir un poder judicial independiente.

Una nueva demostración de fuerza para con la justicia, fue la decisión de cambiar la totalidad de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, todos los cuales habían sido designados a propuesta del gobernador.  Al no lograrlo por “las buenas” o sea renuncia callada y serena, el diario propiedad de la familia Rodríguez Saá publicó repetidamente una fotografía “truchada” con los rostros de los jueces, en ropa interior y con gorra militar. Una falta de respeto a las personas, a la justicia, a las instituciones republicanas y al mismo pueblo de la provincia, quien recibió con quietud esta “lección” de totalitarismo. Hubo manifestaciones para exigir la renuncia de estos jueces. Uno de ellos, Julio Niño primo de Adolfo RS.  Estas marchas fueron organizadas, publicitadas e integradas por miembros del gobierno provincial y los municipales a cargo del justicialismo. Funcionarios, legisladores, dirigentes gremiales y sociales,  marcharon exigiendo la renuncia de jueces, con la custodia de la policía provincial. Es decir, los poderes Ejecutivo y Legislativo, unidos para derrocar al Judicial, un verdadero golpe palaciego, una ruptura de la constitucionalidad republicana, un acto sedicioso para dar más poder al gobernador, que así lograba convertir lo republicano en feudal.  Finalmente, cuatro de los cinco jueces renunciaron, quedando uno solo que evidentemente privilegió el cargo a la dignidad.

Un reclamo de los jueces afectados por la rebaja salarial llegó al STJ, el que, con una conformación excepcional ante el apartamiento de algunos de sus integrantes, dijo entre otros conceptos, lo siguiente en su fallo:

 “Alertar y comunicar al pueblo de la provincia, en su condición de único soberano, que su oportuna decisión de dividir los poderes del estado no se cumple porque el Judicial se encuentra sometido.” 

Los jueces del STJ reconocieron en una sentencia, estar sometidos. ¿No habría sido una reacción acorde a la acción el renunciar en masa?  ¿Hace falta algo más para movilizar las conciencias republicanas y el coraje democrático?

Sí, hace falta mucho más, porque no pasó de lo escrito, no se sostuvo ni se apoyó de ninguna forma por parte de personas o instituciones.  La mayoría de la prensa local, controlada, calló. La nacional también guardó silencio lo que da pie a pensar en las razones económicas de esa actitud.

Provincia y país, no reaccionaron con la fuerza e intensidad que semejante atropello merecía. Incomprensible.

Pero claro, Newton no dijo que además de misma intensidad y sentido contrario, la reacción necesitaba cojones.

Las elecciones

El avance en el control de todos los estamentos estatales y la poca efectiva oposición política, permitió que Adolfo Rodríguez Saá, ya con la constitución habilitándolo para reelecciones indefinidas, ratificara su mandato gubernamental en 1987, 1991 y 1995.

Lo más lamentable y que tuvo en gran impacto en el futuro electoral, especialmente en la UCR, fue lo ocurrido en 1995.

En esa elección el centenario partido radical con tanta experiencia, tantos profesionales del derecho, inscribió sus candidatos a cargos provinciales, incluyendo por cierto el de gobernador, en la justicia federal y no en la provincial como corresponde, quedando así sin posibilidades de participar. El gobernador sabedor de lo favorable que le era ese error, se convirtió en magnánimo y logró rápida aprobación de una ley que le otorgó a la UCR un nuevo plazo para inscribir sus candidatos.

El resultado fue arrasador por parte del oficialismo y catastrófico para la oposición y especialmente para la UCR. Adolfo Rodríguez Saá resultó electo con el 54% del padrón total y el 71% de los votos válidos emitidos, logrando legitimación electoral frente a la inacción republicana.

Cambio de conducción

Ya con el estado provincial en sus manos, creyó Adolfo Rodríguez Saá llegada la hora de ir por más.  Tras la grave crisis política institucional del 2001 ocasionada por la renuncia del presidente De La Rúa y el consecuente vacío de poder, logró que la Asamblea Legislativa Nacional lo eligiera Presidente con el mandato de convocar prontamente a nuevas elecciones presidenciales, conforme la constitución y la ley de acefalía.

No pudo con su genio y ambiciones y pronto dio señales de querer quedarse lo suficiente como para construir el poder necesario para ser elegido por el pueblo.

La resistencia interna del PJ nacional, se convirtió en otro golpe palaciego, que lo llevó a renunciar a la presidencia a los pocos días. Actitud que no lo dejó bien parado ante la ciudadanía nacional, lo que se reflejó en la escasa votación que recibió cuando se candidateó a presidente. Karma que parece haberse extendido a su hermano Alberto   en sus candidaturas presidenciales.

Tras el fracaso de Adolfo en sus aspiraciones presidenciales, su hermano llegó a la gobernación tras el interinato de Alicia Lemme.

Los fracasos electorales de la oposición

Montado en el reclamo popular “que se vayan todos” el oficialismo provincial logró una enmienda constitucional por la vía legislativa, dando por finalizados todos los mandatos electivos en el 2003. Una reforma de ese tipo es constitucional si afecta sólo un artículo y con no menos de dos años entre una reforma y otra. La aprobada así, con apoyo de legisladores opositores que saltaron el cerco hacia el corral oficialista, impactó en varios artículos. Inconstitucionalidad clara e inequívoca, que la justicia local no resolvió. La campaña electoral se puso en marcha hasta que a último momento la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la reforma.

Antes de esta anulación se vivió otra expresión de inacción cómplice con el feudo, de parte de la oposición. Se logró la integración del Frente Juntos Por San Luis, quien llevaba como candidato a gobernador al entonces Intendente de la ciudad de San Luis, Carlos Ponce. Creyendo éste que sólo se podía ganar la elección municipal capitalina y en decisión inconsulta con el resto de los integrantes del frente renunció, a su candidatura, sin dar tiempo a nada.  Esa elección del 27 de abril de 2003 le dio el triunfo a Alberto Rodríguez Saá con más del 90% de los votos válidos emitidos, el 58% del padrón y con la mayor abstención de la historia provincial, el 36% no votó. En esa ocasión el justicialismo obtuvo la mayor cantidad de cargos ejecutivos y legislativos en la historia provincial hasta ese momento.

La decisión inconsulta de Ponce y su grupo, fue una claudicación incomprensible que favoreció sin duda alguna y como nunca antes, al poder feudal de los Rodríguez Saá.  Esta vez la reacción republicana a la política feudal, no fue menor. No existió, fue anulada por una decisión más que sospechosa.

Desde el 2003 la provincia está signada por el también gobierno  autoritario de Alberto Rodríguez Saá,  asegurando el feudo.  Desde esa fecha, con Ponce intendente capitalino, Alberto Rodríguez Saá se dedicó a intentar derrocarlo con declaraciones, manifestaciones, agresiones recortes en la coparticipación en una neta actitud golpista totalitaria y contraria a todo el marco constitucional –  legal, concretada también por funcionarios, legisladores y dirigentes al grito de NAVIDAD SIN PONCE.  Un nuevo intento de golpe, esta vez fracasado. Para obrar así, es que se había logrado la mayoría legislativa y el control de la justicia.

Como el oficialismo provincial no podía ganar elecciones en la ciudad capital se le ocurrió dividirla en cuatro, por aquello de “divide y reinarás”. Nuevamente el pueblo se expresó masivamente en manifestaciones junto a quienes tenían otros reclamos como los trabajadores salineros, los docentes, los empleados públicos auto convocados, los que defendían a los curas amigonianos expulsados de la Colonia Hogar. Esta vez, el gobierno apeló a la violencia ejecutada por gremialistas amigos e integrantes del Plan de Inclusión Social.

Pese a que Ponce había abandonado electoralmente al pueblo, éste defendió la autonomía municipal en épicas jornadas de violencia y resistencia.

Los reclamos fueron cediendo peso con el correr del tiempo, la unidad lograda en la calle se perdió al año siguiente – 2005- en la construcción electoral. Tras lograrse y lanzarse públicamente el Frente de la Dignidad Sanluiseña, el kirchnerista Frente para la Victoria en San Luis, exigió cambiar el nombre del frente, imponer candidatos y metodología. La unidad lograda se rompió ante estas imposiciones y el resultado electoral fue nuevamente catastrófico.

Esta vez la reacción republicana ante la acción feudal, fue nuevamente pobre a raíz del boicot del kirchnerismo local que favoreció claramente al feudo rodriguezsaaista.

Esta misma reacción negativa ante el obrar oficialista se dio en el 2007 en la nueva elección de gobernador. Nuevamente el frente opositor se cayó ante el abandono del apoyo del kirchnerismo local. Más allá de las pobres razones esgrimidas, esta nueva claudicación significó una nueva y clara ayuda kirchnerista al gobierno feudal de los Rodríguez Saá, los que nuevamente arrasaron con la mayoría de los cargos electivos. Ese apoyo que alguna vez se disfrazó de críticas chabacanas de Alberto Rodríguez Saá a la ex Presidenta Cristina Elizabeth Fernández, se convirtió en la unidad política electoral actual, que procura además de conservar el poder, la unidad para defenderse de eventuales derrotas electorales nacional que los lleven a la justicia.

A la falta de la necesaria reacción, la oposición manifestó su decisión de seguir tropezando con la misma piedra.

Violación de la Constitución y las leyes

Es indudable que un señorío feudal no acepta leyes que lo controlen, lo limiten. Si las hay, las incumple, viola o anula.   Cuando alguien ignora la ley, da por iniciada una tiranía. Hay ejemplos de sobra en San Luis.

En 1984, el diputado radical Sívori presentó un proyecto de ley para crear la Dirección Provincial del Registro Patrimonial de los Funcionarios Públicos, dentro de la Fiscalía de Estado, dándole la responsabilidad de registrar mediante Declaración Jurada el patrimonio de los siguientes funcionarios: “Todos los funcionarios públicos desde Director General y Provincial en más, incluyendo Ministros. Jueces, camaristas, integrantes del Superior Tribunal de Justicia, Subsecretarios de Estado o funcionarios con categorías similares. Excluyendo a los cargos electivos, salvo que éstos decidan hacerlo.” Anualmente esta Dirección debía registrar los cambios patrimoniales de los inscriptos.  También estaba autorizada para iniciar investigaciones de por sí o a petición de denuncias o parte interesada.  Las omisiones o falsedades se las calificaba como ocultación de información y falta grave.

El proyecto fue aprobado por unanimidad de los diputados el 17 de setiembre, como Ley 4569. Corta fue su vida ya que once días después se conoció el Decreto 2500/84 por el cual el Gobernador Adolfo Rodríguez Saá, la vetó en su totalidad.

En julio de 1985, nuevamente el diputado Sívori presenta la misma ley. Mismo texto, mismo destino.  Aprobada por mayoría el 14 de octubre de ese año como Ley 4667, fue vetada el 24 de octubre.

Pero he aquí, que de acuerdo a la manda constitucional vigente en ese momento, una ley que tras un primer veto es nuevamente aprobada por el Legislativo, no debe recibir nuevo veto. El gobernador lo hizo; los legisladores opositores, según lo recogido, decidieron no hacer reclamos ante la justicia porque no esperaban una sentencia favorable.

¡Cómo el flamante señor feudal habría de permitir una ley que le controlara su patrimonio al que con tanta dedicación estaba acrecentando! ¡Vaya festín judicial si se practicara control sobre el crecimiento patrimonial de nuestros gobernantes! Nada de eso se hace hoy, al no haber una ley específica, queda el aplicar alguna ambigua, que de nada sirve.

Inconcebible que aquellos legisladores se hayan rendido ante una inconstitucionalidad así de evidente y grave. Sin proseguir la causa para poner en evidencia a todos aquellos que ratifiquen lo vetada. Tampoco supieron hacer docencia republicana ante el pueblo todo sanluiseño.

Nuevamente lo de cojones.

Yendo a los gobiernos de Alberto Rodríguez Saá, cabe decir que al estilo Juan sin Tierra quien juró cumplir la Carta Magna, para luego olvidarse de ella y de su juramento, Alberto Rodríguez Saá, ha dejado de lado de por sí o por sus legisladores, varias obligaciones constitucionales y de ley.

Por ejemplo, desde 2004 no hay Defensor del Pueblo designado como corresponde por la Asamblea Legislativa. No es obligación del gobernador, pero él es el jefe político de los legisladores y está claro que ellos deben obedecer. Tampoco quiere controles, no quiere reclamos por derechos porque él ha dicho y repetido que es el “gobernador del pueblo” y todo lo hace en su beneficio.

Tampoco cumple con su obligación de convocar a elecciones de autoridades municipales conforme la manda constitucional y de la ley reglamentaria. Siete localidades deben tener una Comisión Municipal de cuatro miembros, son ellas Nueva Galia, Fortuna, Arizona, Fraga, Villa Larca, Beazley y Cortaderas. Ni siquiera se ha legislado para reglamentar el funcionamiento de estas Comisiones Municipales.

No cumple con su obligación de convocar a elecciones por el número correcto de concejales que les corresponden a otras siete localidades a saber: Juana Koslay, La Punta, Quines, Candelaria, La Toma, Concarán, Santa Rosa del Conlara. El más grave de estos incumplimientos es en La Punta que debe contar por constitución con diez concejales y tiene solo cuatro.

En estos incumplimientos, que en verdad son violaciones de la constitución, es incomprensible la inacción de la oposición. Solo lograron un cumplimiento parcial en lo municipal negociando una ley para que Potrero de los Funes, El Volcán, El Trapiche y Cortaderas tengan Concejo Deliberante. No solo que no dan pelea legislativa en esta cuestión, pelea necesaria, aunque se pierda, sino que ni siquiera son temas que se abordan en las campañas electorales. El pueblo debe saber que no tiene lo que corresponde y que la responsabilidad es del oficialismo feudal, pero también de quienes, sabiendo, callan y no actúan. Nuevamente la oposición republicana, rendida o cómplice.

La educación pública

Para poder construir su poder un feudo, necesita tanto como no respetar leyes y constituciones, el que sus gobernados no tengan el conocimiento, ni el juicio crítico necesarios para insertarse positiva y activamente en la sociedad. Para lo cual debe destruirse la educación, bajo un buen maquillaje que disimule el daño.

Desde el gobierno de Adolfo, avanza a pasos agigantados la privatización encubierta de la educación pública través de la creación de las escuelas charters, luego las auto gestionadas y ahora las generativas; en las que asociaciones “sin fines de lucro” reciben una cápita por alumno para que paguen sueldos, materiales, comida a los alumnos, etc. Cada una de esas escuelas debe presentar un proyecto que no es de conocimiento público,  sobe muchos de ellos hay fuertes dudas acerca de su base científica, que no respetan la profesión docente precarizándola a niveles ilegales por donde se los mire, que designan a personas no formadas específicamente para los cargos que ocupan, que se traba o impide la adhesión gremial, que no son supervisadas, que en muchas se amontonan alumnos en ambientes para nada adecuados a la educación; etc.

Lo de “sin fines de lucro” es una máscara, son empresas que buscan ganancia al más puro estilo explotador, a expensas de la precariedad laboral, que se advierte en la mayoría de estas escuelas.

La carencia de un marco legal adecuado es notoria, la manda constitucional para que el legislativo sancione una ley general de educación, no parece ser conocida por gobernadores y legisladores.

Los Centros Técnicos de Apoyo al Aprendizaje o CTAAP (ex Gabinetes Psicopedagógicos) son otra manifestación de incumplimiento, son solo seis para toda la provincia, con insuficientes profesionales para tanto trabajo que deben cumplir en forma itinerante, con bajos sueldos; por lo que la muchos CTAAP tienen dotación incompleta. En algún momento alguna región no lo tuvo.  De ese modo se están violando los derechos al estudio y la salud de miles de niños y jóvenes.

Pedidos de informes, que los hubo, son archivados casi automáticamente, todos callan y el pueblo sigue sin saber de qué se trata.

El gobierno…dale que va. La oposición, legisladores, intendentes, concejales, entre poco y nada.

Funcionamiento “armónico” de los tres poderes

Una lamentable demostración de que cundo las papas queman, los tres poderes de un feudo acuerdan trabajar armónicamente en defensa de sus sóbranos, es el caso Madaffs.[7]

Allá por 1989 una joven, Claudia Díaz, desapareció de su humilde lugar, sin rastro alguno. Los reclamos de sus compañeros de secundaria instalaron el tema hasta preocupar las autoridades y la prensa.  La Policía recibió orden, como si eso fuese necesario, de lograr  pronto  esclarecimiento. Como días antes se la había visto caminar con Nelson Maddafs sin que llegaran a considerarse como novios, la Policía detuvo a Nelson y   apoyándose en un anónimo,  nunca mostrado, lo acusó de la desaparición. No se lo interrogó, se lo torturó ferozmente, de modo incomprensible en cualquier circunstancia, pero mucho más cuando pocos años atrás, en 1985, se condenó a las autoridades de la dictadura responsables de tantas torturas, crímenes y desapariciones. A consecuencias de esas torturas Nelson confesó un crimen, dando otros nombres, con la única finalidad de dejar de sufrir. Estuvo años detenido, lapso en el que contrajo HIV, quizás como parte de las torturas sufridas, las que también le dejaron sin dentadura (le arrancaron piezas dentales con un vidrio de botella) y a fuerza de estar colgado de los pulgares, quedó sin fuerza en sus brazos, quedando sin capacidad de trabajo..

Pasado el tiempo, Claudia Díaz, apareció en Caucete, Pcia de San Juan; en pareja con un golpeador y con cuatro hijos.,

No hubo pedido de perdón, ni reparación alguna. Muchos años después, con la intervención de un abogado que lo representó gratuitamente, logró una magra indemnización.

Los inútiles investigadores, sus torturadores, varios policías, penitenciarios y un juez, no tuvieron reproche ni denuncia alguna. La silenciosa y cómplice ciudadanía los vio caminar las calles de la ciudad capital con total desparpajo.

Así es como se vio la coordinación nefasta de los tres poderes. El Ejecutivo a través de la fuerza policial, no supo investigar pero sí torturar. El Judicial aceptó la investigación policial sin más, un juez toleró, presenció y participó de las torturas. Ningún juez, ni fiscal se animó a actuar de oficio para llevar justicia a Nelson. El Legislativo, rechazó los pedidos de juri al juez, nunca llamó para interpelar a los responsables de tanta maldad ejercida en plena democracia. Para cerrar todo, el Ejecutivo “impuso” el silencio provincial, con pocas y breves excepciones. Los medios nacionales, a las cansadas y lejanas publicó algo, sin la continuidad con la que años después enfrentaron los casos de Soledad Morales, las chicas de La Banda o el de José Luis Cabezas.

Nunca una campaña electoral sanluiseña hizo docencia sobre este caso.

El feudo estaba consolidado y en marcha.

A modo de conclusión

Lo aquí expresado es una apretada síntesis de cómo se organiza un gobierno feudal, cuando todos creemos estar en una nación con una forma de gobierno representativa, republicana y federal tal como nos lo dice la Constitución Nacional en su artículo 1.

Es indudable que por una parte hay una vocación totalitaria, por vocación, ambiciones o por psicología,  pero que tiene el coraje, la decisión y la sagacidad suficiente como para gobernar así a lo largo de casi cuatro décadas. Desde diciembre de 1983 y sin discontinuidad alguna, que quede claro esto último, han estado dedicados a la  acción constructora de un anacrónico poder feudal.

Con artimañas, compra – venta de adhesiones, violencia moral, política, económica, social y física han conformado una “nobleza” de funcionarios dóciles y un vasallaje sostenido por ayudas insuficientes para vivir bien, pero que alcanzan para mantenerlos en su dependencia clientelar para que sirvan en manifestaciones, aplausos y votos. Dicho sea esto como dato descriptivo, no como ofensa o discriminación, ya que para que muchos vivan así, un feudo destruye la educación, menoscaba los servicios de salud, etc.

Los hermanos Rodríguez Saá y su corte, son culpables de la deformación de las instituciones de la república y de la vida democrática, de la pérdida de la cultura de trabajo, del abandono de la educación, de la pérdida de derechos; en suma, de la licuación de los valores morales y éticos con que se construye una sociedad que sea digna de  vivir a pleno.

Si, el feudo construido por los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá es toda una construcción tan maligna como delictiva.

Son los responsables; pero no son los únicos culpables.

La oposición, política y social, ha demostrado incapacidad de aplicar en lo política la tercera ley de Newton, en lo concerniente a una reacción al menos, de la misma intensidad. Ahora se advierte que en lo social esta ley debiera exigir una fuerza notoriamente mayor en proporción al daño y la persistencia de la acción. Sin olvidar lo de los cojones.

Se permitió y permite que el accionar del adolfo –albertismo, se desenvolviera con demasiada comodidad y libertad.

A la unidad feudal, le opusieron arrestos individuales o sectoriales, flojera, discontinuidad, complicidades consientes o no, de modo tal que nunca tuvo la suficiente conciencia de la necesidad de una unidad solidaria, duradera, basada en la moral colectiva y la ética individual. Lo que se construyó en casi cuarenta años, no se resuelve ni soluciona soplando y haciendo botellas al decir del Padre de la Patria. Se han vivido muchas experiencias de aquello de “vamos todos juntos, yo (o nosotros) primero.” Los peores feudos medievales, las peores dictaduras de la modernidad, han sido derrotados por la unidad de quienes sostienen valores nobles.

Esa unidad republicana y democrática que se necesita habrá de ejercerse en todo momento y lugar y por, sobre todo, hacer docencia desde cada puesto de trabajo, de militancia o de dirigencia, para que desaparezca de la faz provincial todo atisbo de destrucción u ofensa a la república y la democracia.

No se hace en San Luis, y en el país todo, esa docencia diaria que instale, asegure y potencie definitivamente de aquí a la eternidad las instituciones republicanas que, hasta el momento, son la mejor forma de gobierno que la humanidad ha alcanzado.

No se hace política en el cenáculo o el ateneo político amigo, la función de legisladores y gobernantes no se cumple sólo en el recinto o en la oficina, sino en la sociedad toda, mucho más en circunstancias tan duras como las presentes.  Hay que demostrar también que, desde lo republicano y democrático, se pueden hacer obras, dar trabajo, innovar en la producción, educar, curar, dar seguridad respetando la vida, las ideas, las personas.

Es decir, alcanzar una política que cumpla con su objetivo de hacer posible lo necesario.

Para ello, lograr una reacción positiva y eficaz, que iguale primero y supere después la acción negativa de los constructores del feudo. Asimilable en lo social, a la igualdad de fuerzas tal como es el principio de acción y reacción en el mundo de lo físico. 

Se ha intentado en este escrito describir la grave situación política sanluiseña analizando en lo social el efecto postulado por Newton. Efecto que explica algo, no todo; seguramente existen otras causas más allá de la acción constructiva del feudo y la reacción deficiente o la  inacción.

Hay  una última pregunta….

¿Cabe denominar feudo a una provincia con instituciones republicanas y elecciones conforme al texto constitucional?

 Esto es lo que viene sucediendo desde diciembre de 1983 y una realidad así, en la  que la república es destruida, por acción u omisión, desde la misma república,  se define en la gramática española como un  oxímoron^[1]

             SAN LUIS ES UNA REPÚBLICA FEUDAL.

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^[1] Oxímoron: Combinación, en una misma estructura sintáctica, de dos palabras o expresiones de significado

 opuesto que originan un nuevo sentido, como en un silencio atronador.

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[1] En estos días, el gobernador formoseño Gildo Insfran pasa a la cabeza de este delito educativo al permitir la promoción de cursos con hasta 19 asignaturas previas.

[2] Ser opositor no debiera ser la razón de compromiso y participación política.  La ciudadanía debe recibir un mensaje no de mera oposición, sino de una alternativa distinta y superadora a lo que nos agobia, a través de un mensaje de verdadero republicanismo.

[3] Para conocer detalles de una de las designaciones de la abogada Novillo al STJ pueden leerse estas notas :        https://www.tochimoreno.com.ar/carta-abierta-2/    y       https://www.tochimoreno.com.ar/quien-calla-otorga/

[4] En se momento el Legislativo estaba conformado sólo por la Cámara de Diputados

[5] Hoy Departamento General Pueyrredón

[6] Más detalles en    https://www.tochimoreno.com.ar/el-huevo-de-la-serpiente/

[7] Puede ampliarse el tema en https://www.tochimoreno.com.ar/los-suenos-de-nelson/ . Hay allí más notas al respecto.