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NOTA AL TRIBUNAL ELECTORAL PROVINCIAL

El Gobierno Provincial por decreto 2838 MJGyC del 7 del corriente mes y año, convocó a Elecciones generales al pueblo sanluiseño.  Como viene ocurriendo desde hace años, esta convocatoria ignora la normativa que nuestra Constitución provincial determina en su Capítulo XXVI. Artículos 247 a 257.

Este apartamiento o violación del texto constitucional conforma un agravio de importancia vital en la vida republicana y democrática y en los derechos civiles y políticos  del pueblo de la provincia.

Ante esta situación hemos entregado en las primeras horas del día de la fecha, una nota dirigida al Tribunal Electoral Provincial en la persona de su Presidente Dr.  Jorge Alberto Levingston.

Es de esperar que este Tribunal decida dar los pasos necesarios para que podamos votar y tener autoridades y legisladores municipales conforme nos la marca la Constitución.

Esc. Eduardo Gastón Mones Ruiz  Prof. Luis Alberto Moreno

Esta es la nota presentada

SAN LUIS, 28 de junio de 2021.

Sr. Presidente del Tribunal Electoral Provincial Dr. Jorge Alberto Levingston

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos Ud. y, por su intermedio, al Tribunal que preside para exponer lo siguiente: 

1* El Poder Ejecutivo ha convocado a la ciudadanía sanluiseña a Elecciones Generales mediante el Decreto 2838 MJGyC 2021, fechado el 7 del cte. mes y año.

2* Ese tribunal mediante la Acordada N°9 TEP-2021 del 9 de junio ppdo. lo ha aprobado y en consecuencia determinado las instancias propias de un acto de esa naturaleza.

3* El Decreto ya citado expresa -una vez más- en nuestra historia electoral reciente, el incumplimiento de normativas constitucionales expresadas en su Capítulo XXVI REGIMEN MUNICIPAL, que detallamos:

.a- Cabe recordar, en primer lugar, como marco general, el Art. 248: “Autonomía

municipal: Se reconoce autonomía política, administrativa y financiera a todos los municipios. Aquellos que dicten su carta orgánica municipal, gozan además de autonomía institucional.”

.b- El gobierno de nuestras localidades se determina sobre la base del Art. 249: “El régimen municipal se organiza teniendo en cuenta el número de habitantes dentro del ejido de cada población permanente, determinado por ley en base a los censos nacionales, provinciales o municipales.”

.c- Particular referencia hacemos en lo concerniente al Art. 250: Comisiones. “El

gobierno municipal en las poblaciones permanentes que cuentan entre 801 y 1500 habitantes es ejercido por una Comisión Municipal integrada por un presidente y un consejo de vecinos compuesto por tres (3) miembros, elegidos, por el pueblo en sufragio universal, asegurándose en este último la representación de las minorías.” De acuerdo con el censo 2021 cuyos datos definitivos están publicados en el sitio web del Gobierno Provincial, las localidades provinciales que deben elegir Comisión Municipal según el Articulo 250 citado, son: Nueva Galia,  Fortuna, Arizona, Fraga, Villa Larca, Beazley y Cortaderas.

4* El Dec. 2838 ya citado no efectúa la convocatoria a estas Comisiones Municipales como corresponde desde la fecha en que se conocieron los resultados definitivos y oficiales del Censo Nacional 2010. Cabe recordar aquí el Art. 253 de nuestra Constitución: “El Poder Ejecutivo de la Provincia convoca a elecciones para las comisiones municipales, intendentes comisionados y delegados Municipales. La validez de éstas son juzgadas por la Justicia Electoral.”

5*La Constitución precisa también la cantidad de concejales que le corresponden cada localidad conforme su población censada en su Art. 257 “. 2)…De 1.501 a 2.500 habitantes cuatro concejales; De 2.501 a 5.000 habitantes cinco concejales; De 5.001 a 7.000 habitantes siete concejales; De 7.001 a 9.000 habitantes nueve concejales; De 9.001 a 25.000 habitantes diez concejales; De 25.001 a 50.000 habitantes doce concejales y uno más por cada cincuenta mil habitantes o fracción no inferior a 25.000.” Del análisis de los datos censales y esta prescripción constitucional advertimos que las siguientes localidades, deben aumentar su representación de concejales: Juana Koslay (de 9 a 10);      La Punta (de 4 a 10); Quines (de 7 a 9); Candelaria (de 4 a 5); La Toma (de 7 a 9); Concarán (de 5 a 7); Sta. Rosa del Conlara (de 5 a 7).

6* Todo lo expresado anteriormente desde el texto constitucional ha sido incluido y reglamentado en la Ley XI-0349-2004.

7*  Entendemos que existe una irregularidad básica en las cuestiones que estamos detallando y consiste en el incumplimiento por parte del Ejecutivo del Art. 4 de la Ley XI-0349-2004 que expresa:

“El Poder Ejecutivo determinará después de cada censo, los nuevos lugares donde corresponda Municipalidad, Comisión o Comisionado.”    De esta forma el Legislativo traslada al Ejecutivo la responsabilidad que precisa el ya citado Art. 249 de nuestra Constitución.

8* En anteriores convocatorias el Ejecutivo Provincial ha sabido invitar a los Municipios a adherir al calendario electoral que determina en el estricto ámbito de su competencia. Pero advertimos en esta convocatoria que, al invitar a adherir, persiste en desconocer la cantidad de concejales que corresponde a las localidades citadas en el punto 5*; como intentando limitar o impedir que los Intendentes Municipales convoquen a elegir concejales según la manda constitucional. 

9* El incumplimiento de la obligación del Poder Ejecutivo expresada en el punto 7*, es un atentado contra la autonomía política que les es propia a los gobiernos municipales y una violación a los derechos civiles y políticos de la ciudadanía de esas localidades que ven limitada su representación en sus gobiernos locales.

Por todo lo expuesto, y en nuestra condición de ciudadanos comprometidos con la defensa de las instituciones republicanas-democráticas y la plena vigencia y respeto del derecho que nos rige,  solicitamos al Tribunal Electoral Provincial:

A* Que analice la convocatoria electoral efectuada por el Decreto 2838-MJGyC-2021 a la luz de la normativa constitucional y leyes reglamentarias.

B* Que Resuelva en consecuencia garantizando las instituciones republicanas-democráticas de las que la autonomía municipal es fundamental, asegurando los derechos civiles y políticos de la población afectada, la plena vigencia y el mayor respeto de nuestra Constitución.

C* Que se exija al Poder Ejecutivo la adecuación del calendario electoral para el corriente año, con estricto cumplimiento a la normativa constitucional y sus leyes reglamentarias.

Saludamos a Ud. y vocales de ese Tribunal Electoral Provincial atentamente.

Esc. Eduardo Gastón Mones Ruiz     Prof. Luis Alberto Moreno

EL AGUA POTABLE DE EL VOLCÁN

Años hacen que los vecinos de El Volcán, a 17 km de la ciudad de San Luis, vienen quejándose por la calidad del agua potable que les llega por la red.

Hace unos años, ante las deficiencias operativas y económicas de la vieja Cooperativa, se hizo cargo del servicio la Municipalidad, quien también tuvo problemas para entregar agua de calidad. Ante los reclamos que se expresaron en un corte de ruta, al que acudió el entonces ministro Tomasevich, se decidió que durante un tiempo, las planta fuese operada con el asesoramiento de San Luis Agua.

Se la está tratando con ingentes y onerosas cargas de elementos químicos, incluso se anunció que desde el gobierno provincial se proveería a la Municipalidad de carbón activado, no sabemos si aún se da esa provisión.

Todo lo que se hace no está dando los resultados deseados y necesarios.

El origen del problema

Se trabaja a partir de las consecuencias, no desde su verdadero origen. A él vamos ahora.

Tradicionalmente el agua llegaba a la planta potabilizadora desde el mismo Río El Volcán, lo que sólo ocasionaba problemas en casos de grandes crecientes de un río que arrastra de siempre mucho barro.

Pero en 2013 al inaugurarse el Dique La Estrechura la provisión de agua se hace desde ese embalse.

Si se hizo algún estudio de factibilidad para esa construcción, no se incluyó en él, un estudio del arrastre de las aguas que llenan ese dique, las que al circular por entre barrancos se carga de grandes cantidades de tierra, las que antes embancaron el Dique Cruz de Piedra, quitándole metros de profundidad, tal como puede advertirse hoy.

Así fue como La Estrechura comenzó a llenarse de barro, piedras y restos varios de vegetales arrastrados por las crecientes y que, al ir acumulándose, se descomponen afectando el agua.

A este fenómeno natural, se le fue agregando otro de exclusiva responsabilidad humana. Aguas arriba del embalse había (no sabemos sí aún están) establecimientos de cría de ganado del tipo feetlot. Las deposiciones de tan elevado número de cabezas van a parar a varios pequeños arroyos que a su vez llegan los ríos El Volcán, Estancia Grande y El Durazno. Se suma así al dique un importante caudal de materia orgánica que se descompone pudriendo al agua mediante la proliferación de una flora microbiana, decididamente dañina para el agua que habrá de beberse y para la salud humana. En días de altas temperaturas el olor putrefacto se nota en los alrededores del dique.

Esa sumatoria de barro y contaminación microbiana es la que debe tratarse para proveer a los habitantes de El Volcán, el agua que reúna las condiciones de potabilidad determinadas científica y legalmente. Lo que no está sucediendo en forma permanente, pero el agua no se bebe ocasionalmente, sino todos los días, además de ser imprescindible para la alimentación y la higiene.

Sabemos que la municipalidad pidió análisis del agua del dique y del río, pero nunca se los dio a conocer. El ocultamiento de estas cosas, da lugar a la sospecha. Nada se hace para disiparlas.

Recién en 2019 se conocieron resultados de análisis bacteriológicos de las aguas del río El Volcán, los que mostraron la presencia de Scherichia coli en cantidad suficiente como para descalificar esa agua para el consumo y uso humano

Los feetlot fueron clausurados, pero al poco tiempo volvieron a trabajar violando esa prohibición y nuevamente clausurados. No sabemos qué ocurre desde que comenzaron las restricciones ocasionadas por la pandemia que  sufrimos. Sabiendo de la elevada inversión que requiere un feetlot, se nos difícil creer que se hayan rendido fácilmente.  Deberíamos tener información frecuente del estado de esos establecimientos y de las medidas sanitarias que se les exija, tanto como de su cumplimiento. Para llevar tranquilidad a los vecinos.

Tampoco se les ha permitido a los concejales en ejercicio el ingresar a la planta potabilizadora para tomar conocimiento de su funcionamiento y problemas. Es un dato de autoritarismo desconocedor de cómo funciona un municipio.

Últimamente no se advierte el olor a podrido de otros momentos, pero sí el barro. Es imposible que así, pueda ser calificada como potable, pese a todos los vericuetos verbales con se quiere envolver a quienes reclaman.

Muchas familias volcaneras no están en condiciones de adquirir agua envasada, son las mismas que están más indefensas ante los problemas de salud que surgen.

El derecho al agua potable

El reclamar por AGUA POTABLE, no es un reclamo político partidario opositor, es un reclamo desde la exigencia del respeto a un Derecho Humano.

Quizás quienes se enojan por los reclamos y se cruzan de brazos ante el problema ignoran que la Asamblea Gral. de las Naciones Unidas por Resol 64/292 del 28 de julio de 2010, reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  de la ONU, adoptó la Observación General nº 15 sobre el derecho al agua, diciendo que «El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna», precisando que cada persona debe disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.

Los volcaneros no reclaman por un lujo, por un capricho, sino por un Derecho Humano que, en virtud a pactos internacionales, tiene rango constitucional para Argentina.

Posibles soluciones

La única solución que se advierte es el cambio de la fuente que provee de agua a El Volcán, eliminando la que viene del Dique La Estrechura.

Hay dos posibles nuevas fuentes de provisión de agua para la localidad.

Una, desde el Dique Berta Vidal de Battini, que no tiene los problemas que señalamos en La Estrechura.

Otra, proveerla desde el acueducto que desde el Dique Antonio E. Agüero lleva agua a la ciudad de San Luis.

Una provincia que tanto alardea de cumplir los DDHH, debiera resolver con urgencia este problema y tomar nota de estas cuestiones antes de hacer obra pública al tuntún.

SAN LUIS. Mayo 5 de 2021

DE COMO SE VIOLA CONSTITUCIÓN – i

Tras tantos años de un gobierno familiar se hace necesario recordar algunos de los pilares de ese poder. El que poder se sostiene, básica y fundamentalmente, en el incumplimiento de la Constitución y de las leyes. Lo que se lleva al pisoteo de las instituciones republicanas. Muchos conciudadanos y por varias causas, desconocen buena parte de nuestra realidad institucional y cómo se llegó a ella.  Están también los que, sabiendo Y debiendo, callan resignados, temerosos o cómplices.

Una de las instituciones republicanas que está diluida en su existencia por el irrespeto gubernamental, el desconocimiento, el olvido y la indiferencia, es la

Defensoría del Pueblo

Para saber de ella, nada mejor que conocer el texto constitucional que la crea en el Capítulo XXIII Art. 235:

“Se crea en jurisdicción del Poder Legislativo la Defensoría del Pueblo, cuyo objetivo fundamental es proteger los derechos e intereses públicos de los ciudadanos y de la comunidad, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial, o sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente e inoportuno de sus funciones. Tiene, asimismo a su cargo la defensa de los intereses difusos o derechos colectivos, que no pueda ser ejercida por persona o grupo en forma individual. Las actuaciones son gratuitas para el administrado. La ley establece su forma de designación, requisitos, funciones, competencia, duración, remoción y procedimiento de actuación del Defensor del Pueblo.”

En 1989 se promulga la ley 4877, primera que reglamenta el mandato constitucional. Años después se convirtió en ley VI-0167-2004, modificando la duración del mandato del defensor de los cuatro años originales, a uno. Un mandato así, es claramente insuficiente para cumplir estas responsabilidades, pero muestra el poco respeto que tiene el oficialismo por ese cargo y las pocas ganas del ejecutivo a ser controlado así.

De cómo desaparece la Defensoría del Pueblo

La responsabilidad de la designación del Defensor es de la Asamblea Legislativa –senadores y diputados-, la que debió reunirse en octubre de 2004 al finalizar el mandato del Dr. Aníbal Sopeña, elegido en el 2000, y designar su sucesor. Como eso no ocurrió, Sopeña renunció en los primeros días de noviembre. Junto con Sopeña terminaba el mandato de su adjunto el Dr. Héctor Toranzos, quien se quedó en el cargo sin que la Asamblea Legislativa lo haya designado o autorizado a continuar como reemplazante. Toranzos fue un defensor trucho hasta que dejaron de pagarle el sueldo a fines de 2008.

Nunca hasta la fecha el Poder Legislativo cumplió con su obligación legal de reunirse para designar un nuevo Defensor del Pueblo. Ni los legisladores lo pidieron, ni los vicegobernadores, que presiden la Asamblea, les recordaron esa obligación.

El Poder Legislativo de San Luis, está incumpliendo con la Constitución Provincial y con la ley reglamentaria. En síntesis, es un delito.

¿Por qué pasa eso?

La responsabilidad primera es de los legisladores provinciales, responsables de estas designaciones. Los oficialistas porque son los únicos que pueden sumar la cantidad necesaria para hacer la propuesta. Los opositores, porque no han dado la pelea necesaria en las cámaras para exigir y poner en evidencia ante la comunidad este delito, para esclarecer, para aunar voluntades en la exigencia.

Ya se sabe que los legisladores oficialistas no tienen autonomía para actuar sin la expresa autorización del Gobernador Alberto Rodríguez Saá, jefe del partido gobernante, aunque no lo presida.

Además, los Vicegobernadores, también obedientes al Gobernador, nunca cumplieron con su juramento de cumplir y hacer cumplir con la Constitución y las leyes, recordándoles a los legisladores su obligación de proponer y elegir Defensor del Pueblo.

El Gobernador actúa así, porque no quiere un control tan fuerte como el que indica la constitución, porque no respeta la republicana división de poderes y es autoritario.

Reclamos y denuncias

Personalmente hice muchas notas denunciando esta situación que tuvieron alguna breve y escasa repercusión. También efectué una denuncia penal en el año 2007, la que tras estar un tiempo “traspapelada”, se movió un poco hasta que fue desechada por no ser yo un particular damnificado. Tecnicismo jurídico que no parece tener en cuenta que el irrespeto a la Constitución y leyes nos perjudica a todos por igual. Incluso publiqué un proyecto de ley, de mi autoría tras consultar varias leyes provinciales.

También envié Cartas Documentos, Cartas Abiertas y notas al Gobernador, a los Vicegobernadores Blanca Pereyra, Jorge Pellegrini, Jorge Díaz y Carlos Ponce, a autoridades de la Cámara de Senadores y de Diputados, a todos los legisladores de ambas cámaras en ejercicio el año 2009, a los presidentes de bloques. Sólo me respondió la ex Presidenta de Diputados Graciela Mazzarino, como queriendo hacerme conocer la ley cuyo cumplimiento le exigía.

Acudí también al Superior Tribunal de Justicia, para que hiciera lo que la Corte Suprema de la Nación, exhortar al legislativo a cumplir su mandato. El tribunal provincial dijo que ese era “…un planteo ajeno al ámbito de su competencia”.

En el 2013, diputados de la UCR presentaron un nuevo proyecto de ley, que nunca fue tratado por el rechazo oficialista, pero tampoco sus autores le dieron la necesaria difusión ante la ciudadanía.

No recuerdo, desde el 2004 a la fecha, que la designación del Defensor del Pueblo haya sido tema de campaña electoral; con la sola y pobre excepción, de mi candidatura a diputado provincial, en el 2005.

Más recientemente, el Dr. Francisco Guiñazú hizo un reclamo judicial, creo que no satisfecho. 

Por qué insistir.

Es deber de todos los argentinos el exigir el respeto a nuestro derecho de vivir en una república con plena vigencia de sus instituciones y del respeto a las constituciones nacional y provincial y a todas las leyes. Respeto que debe ser ejemplificado desde gobernantes, legisladores y jueces. Lo que no está ocurriendo en San Luis.

Nos quieren tapar estas violaciones con ladrillos, cemento, asfalto y wifi. Se quieren acallar voces con el peso político y monetario de la familia gobernante.

Esta persistente, flagrante e impune violación al marco constitucional-legal, da pie para la suma del poder político, el enriquecimiento de funcionarios e imponer la ignorancia de sus derechos a todos los sanluiseños.

Este 2021 es un año electoral, ¿se animarán las expresiones políticas provinciales y los candidatos que presentarán a poner en sus propuestas la urgente designación del Defensor del Pueblo, del que carecemos desde hace 16 años?

Hasta ahora han sido pocas y débiles las acciones político – judiciales para recuperar la plena vigencia de las instituciones republicanas cuyo manoseo o flagrante incumplimiento están a la base de este gobierno con rasgos feudales.

Lamentablemente esta y otras situaciones similares, son consideradas como noticias pasajeras, sin reconocerles el peso que tienen en la creación de una conducta de indiferencia hacia la esencia de la vida republicana, sin instalar este tema en la agenda y en la conciencia de la ciudadanía.

 Indiferencia que se convirtió en el hábito de dejar hacer al autoritarismo. Cuando el hábito se instala, se hace muy difícil dejarlo de lado. Por eso la persistencia en insistir, en reclamar, en exigir más y más república.

No se erradicó a la dictadura, para caer en un autoritarismo familiar, con aspiraciones de hereditario.

Para quienes delinquen así, NI OLVIDO NI PERDÓN.

SAN LUIS.  22 de marzo de 2021

NOTA:En esta web, en la categoría Defensoría del Pueblo hay más de 40 notas sobre este tema.

SIN DIARIOS NACIONALES EN SAN LUIS

Hemos tomado conocimiento a través de numerosas publicaciones periodísticas de San Luis y de medios nacionales, que el Gobernador Alberto Rodríguez Saá, ha ordenado el no ingreso de diarios de alcance nacional a la provincia. La razón esgrimida es evitar una posible vía de ingreso del coronavirus.

Se acusa al gobierno de violar nuestros derechos humanos al adoptar una medida que configura una clara censura periodística.

Veamos ahora el marco legal vigente en este tema.

Recordemos primero, que el 2 de mayo de 2004 se sancionó la ley 5626 o LEY DE IMPRENTA. Esta ley fue duramente criticada de inmediato por la oposición, medios on line de San Luis,  prensa nacional y los organismos que la nuclean calificándola de ley de censura.

Este escándalo, con alcance nacional, llevó a la sanción de la ley 5653 el día 23 de junio de ese 2004, por la que se derogó la 5626.

El 3 de noviembre de 2010 se sancionó la Ley I- 0735 -10 denominada LIBERTAD DE EXPRESIÓN DEL PENSAMIENTO Y DE INFORMACIÓN, con alguna similitud a la derogada 5626, pero sin aquello que la llevó a ser calificada como de censura. Esta ley está vigente.  

Este gobierno feudal de la familia Rodríguez Saá, siempre aplicó formas más o menos solapadas para que los medios de comunicación les sean favorables. El medio más común es el manejo de la pauta publicitaria oficial. Muchos hablan del pago por “bajo la mesa” a muchos periodistas, lo que es imposible de probar. Lo que sí es evidente es el poco espacio que los medios de propiedad de la familia gobernante y la televisión oficial, dan espacios entre escasos y nulos a las opiniones, denuncias, etc. contrarias al gobierno provincial.

Es así como se callan, y muchos sanluiseños desconocen, las violaciones a la constitución y  leyes, la violación de los derechos humanos, el enriquecimiento de familiares y amigos, el irrespeto a la división de poderes, de la autonomía municipal, etc.  Paralelamente, los medios nacionales reflejan escasamente esta realidad provincial.

Hoy, finalmente algo, se multiplica nacionalmente la denuncia de censura periodística por la prohibición de ingreso de diarios de alcance nacional a nuestra provincia.  Medida que dicen se fundamenta en seguridad de salud pública para impedir la entrada del COVI 19, responsable de la pandemia que azota al mundo. No se advierte en la ley I-0735 algo que explique o justifique esta prohibición. Además, no debe ser muy caro y difícil el esterilizar los pocos paquetes con diarios destinados a la provincia.

No hay noticias de que una medida así, haya sido aplicada en alguna otra provincia argentina o en algún otro país.

Es que, como está dicho por muchos, estas situaciones como la que ahora se vive, suelen despertar lo peor de cada uno. Al gobernador de San Luis, le reapareció su vocación de poder absoluto, lo que requiere, por cierto, el control de los medios de comunicación social.

De ahí esta prohibición. La que quizás desaparezca en breve, pero ya mostró su verdadero rostro.

SAN LUIS. 15 de abril de 2020 ( a las  13:30)

ley para las escuelas generativas

El pasado 2 de octubre la Cámara de Diputados completó la aprobación de la ley propuesta por el ejecutivo provincial referida a las escuelas generativas y hay mucho para decir de esto.

Encuadre de las escuelas

El artículo 1° de esta ley que aún no fue publicada por lo que aún no se conoce su número, dice “Crear en el Sistema Educativo el proyecto pedagógico innovador ESCUELA GENERATIVA en el marco de la ley II-0035-2004”.

Lo primero que cabe decir para la correcta información de todos, es que se cita un Sistema Educativo que no existe. Un sistema en este caso, es una norma que fija objetivos, procedimientos, estructura básica para toda la educación provincial, determina su forma de gobierno, la participación de sus integrantes, financiación, etc. San Luis es una de las muy pocas provincias que no poseen una ley general de educación. Tenemos una serie de leyes, que se modifican, se anulan o reemplazan, sin un marco normativo general, lo que a mi juicio solo contribuye a la confusión, al desorden y surge del desconocimiento educativo o de querer gobernar desde el desorden y la confusión.

La segunda parte de este artículo incluye a las escuelas generativas dentro de las escuelas experimentales (Ley II-0035-2004), por lo que bien podría haberse evitado esta ley, y tan solo emitir un decreto reglamentario más específico para las generativas.  Lo que no se hizo cuando éstas aparecieron, se blanquea ahora, con esta sobre actuación en busca de publicidad y de reconocimiento como provincia innovadora.

Esta ley recientemente aprobada incluye a las generativas dentro de la modalidad “gestión social” que prevé la ley 26206 y aquí se las promueve en clubes deportivos y asociaciones civiles. Algunas reciben en préstamo edificios públicos. Mientras que los clubes tienen tanto interés en contar con sus escuelas generativas porque a cambio de ellas, reciben importantes aportes económicos para arreglar sus instalaciones. De que tengan experiencia o sepan algo de educación… no se habla.

Proyecto

Ratifico lo dicho y escrito sobre este tema: aplaudo la idea básica de querer innovar, cambiar la educación. Esa necesidad no está en discusión. Pero quienes buscan el cambio debieran conocer qué es y cómo se hace la innovación en educación. Como toda ciencia tiene su forma de investigar en lo teórico y lo práctico, informar, recibir aportes, críticas, revisar, corregir, aplicar progresivamente las ideas innovadoras y vuelta a comenzar desde la información.

No he encontrado ningún trabajo científico publicado, difundido o informado que nos diga los sustentos teóricos de la “idea generativa”, ni mucho menos cómo se aplica. Nada en Argentina ni en el resto del mundo.

En una innovación educativa intervienen aportes epistemológicos, psicológicos, pedagógicos, didácticos, sociológicos, etc. Nada de eso se conoce, ni en su etapa previa, ni en lo que se está haciendo desde hace tres años. Es imprescindible para el avance de toda la educación, el que se den a conocer estos fundamentos, el cómo se aplican y los resultados que se van obteniendo.  Las ciencias de la educación no son ciencias ocultas, impactan en las jóvenes generaciones y desde ahí, en el futuro de toda la sociedad. Debemos saber de qué se trata.

Lo poco que se conoce es lo publicado por la Agencia de Noticias del gobierno provincial el 10 de agosto de 2016, citando al gobernador Alberto Rodríguez Saá:

“Les pusimos generativas porque hay una expresión del arte que se llama “arte generativo”, en el que el artista comienza con un punto, no sabe cómo seguirá, pero va a terminar en una obra de arte, y nosotros arrancamos con el desafía de educar, de darle la mejor educación a nuestros chicos y de que lo hagan jugando en la forma en que quieran hacerlo. No sabemos cómo sigue, pero sí sabemos que el final es una obra de arte, que es la mejor educación para nuestros chicos.”.

Está dicho que no saben cómo será el proceso enseñanza-aprendizaje, que los alumnos se educarán jugando en la forma que quieran. Es un reconocimiento de la improvisación que pretende reemplazar la falta de un proyecto estudiado, fundamentado, ensayado y revisado antes de llevarlo a la práctica.

No se puede trasladar tan ligeramente una modalidad artística a la educación. Un punto en un lienzo puede generarle al artista una obra de arte, pero para que una idea de un alumno sobre deporte, arte, naturaleza, cultura o lo que sea su interés, lleve al conocimiento, hay que trabajar mucho para verificar que puede funcionar y luego en la formación de los docentes.

Otra información de la Agencia de Noticias gubernamental, esta vez del 9 de setiembre de 2016, incluye nuevos conceptos del gobernador Alberto Rodríguez Saá: “El que quiera innovar, innova, y con el acuerdo de los padres, que estarán mucho más presentes.”

Protocolo en lugar de investigación

A falta de una investigación seria, aquí se elaboró un protocolo que el gobernador presentó en conferencia de prensa el 8 de setiembre de 2016. Este protocolo que me fue entregado cuando pedí información en el marco de la ley de Acceso a la Información Pública, por el entonces Ministro de Educación Lic. Marcelo Amitrano y con la firma de la Lic. Clelia Odicino, a cargo en ese momento del programa responsable de estas escuelas. Este protocolo comprende siete páginas con grandes márgenes y muy espaciado su texto. Contiene una serie de conceptos cuya validez e importancia no se discuten, tales como escuelas no graduadas, personalizadas, creativas e innovadoras, fomentar el talento desde edad temprana, acompañar a los estudiantes para que encuentren su vocación, etc. Pero su sola enunciación de poco sirve, si no hay desarrollo de la idea.

Cuando el gobernador lo presenta dijo que “están dentro del sistema educativo según establece la ley 1420.” Desconocimiento total y grave del gobernador, porque la bien querida y recordada ley 1420, ya no tiene vigencia, fue reemplazada en 1994 por la ley 24195 y esta a su vez, por la actual ley 26206 sancionada en el 2006. A su vez, el protocolo dice “Las escuelas generativas se enmarcan dentro de la ley 4914 de Escuelas Experimentales, sancionada el 15/10/91”. Esta vez, el desconocimiento es de quienes redactaron el protocolo, ya que esa ley 4914 fue modificada por la 5692, luego denominada II-0035-2004. Es grave que en el gobierno provincial se ignoren leyes educativas nacionales y provinciales.

Este protocolo menciona las propuestas didáctica y curricular, pero ni las desarrolla, ni las explica. Se entiende que eso debe estar incluido en el proyecto de cada escuela, los que por cierto no se conocen y de los que me permito dudar que sean más explícitos que este documento presentado oficialmente.

Un protocolo así, es muy poca cosa, no vale como fundamentación científica comprobada para impulsar una iniciativa de tanto alcance como el que estamos viendo en estos momentos.

Edificios

Dice el protocolo que “El proyecto garantizará espacios amigables, multifuncionales, abiertos, luminosos, aptos para implementar las actividades educativas previstas”. En la citada conferencia de prensa, el gobernador invitó a arquitectos, docentes, directores, gremios que asistan a la conferencia “Des – construyendo la escuela del futuro” a cargo de la diseñadora holandesa Rosan Bosch, responsable de varios edificios educativos modernos que, por lo visto en videos, son extraordinarios.  Es una buena idea la de tratar de imitar esos edificios, pero para qué se gastó tanto en traerla si las generativas funcionan en locales que ni por asomo se parecen en algo a lo mostrado por Bosch. Prevalecen los tinglados polideportivos, en los que trabajan simultáneamente todas las divisiones de grado o de cursos, en un ambiente que alguien me dijo se asemejan a un pelotero.  Recientemente se inauguró una nueva escuela que funciona debajo de las gradas de una cancha de fútbol. Ni hablar por cierto de los edificios de las escuelas más antiguas y de las que se siguen construyendo con la matriz tradicional.  Los dichos van, por un lado, la realidad por otro.

Ley II-0035-2004 escuelas experimentales

Ya que esta nueva ley incluye a las generativas dentro de las escuelas experimentales; veamos que nos dice la ley que crea a estas últimas.

 Art.1°: “El Poder Ejecutivo podrá declarar experimental una escuela con la finalidad de lograr una mayor calidad en la educación, fijando en el mismo acto administrativo planes, programas y metodologías.”

No se conoce que en las generativas se haya fijado planes, programas y metodologías. Si existen no deben considerarse secretos de estado, sino difundirse ampliamente. Si se pide acuerdo de los padres, éstos deben saber de qué se trata y con ellos la comunidad toda.

Me queda lo de” el que quiera innovar, innova”. ¿Es que queda abierta la posibilidad de que alguien no quiera innovar?   ¿Hace falta algo más para hablar de improvisación sin sustento?  

Personal docente.

La nueva ley dice en su  Art.11°: ”Los perfiles profesionales convocados a formar parte de la Escuela Generativa deberán contar con título docente y/o habilitante” [1]. Afirmación que no hace falta incluir ya que está incluida en el Estatuto del Docente Ley XV-0387-2004 (TO).

Una vez más vuelvo a la ley II-0035-2004 que rige para las escuelas experimentales, dentro de las cuales se ubica a las generativas. Esta ley expresa en su Art. 2°: “Los establecimientos educativos provinciales que se encuentran afectados o que en el futuro se afecten, o los que fueran creados según lo dispuesto en el Art.1° de la presente ley, tendrán su propio régimen de ingreso, traslado, ascenso, interinatos y suplencias del personal docente, como así también para su capacitación y perfeccionamiento permanente, protegiendo los derechos y deberes de los docentes que optaren por este sistema experimental. Asimismo, se establecerán normas específicas en el sistema de calificación, régimen de asistencias y convivencia, promociones, exámenes y diseños curriculares propios. Las escuelas experimentales deberán cumplir los requisitos mínimos de las escuelas comunes y como mínimo tendrán los derechos salariales establecidos en el Estatuto del Docente”.

Se nota aquí un dato curioso, mientras que este artículo habilita para la docencia de las escuelas experimentales un régimen propio, la reglamentación de la ley de escuelas experimentales mediante el Decreto 5825-MP-2004, dice en su Art. 11° que el personal docente tiene los derechos y deberes previstos en el Estatuto del Docente. Lo que es correcto ya que tener regímenes laborales distintos es generador de conflictos.

La realidad es muy lamentable y vergonzosa. Parto del hecho que si bien la ley de las generativas se aprobó hace pocos días, desde el primer momento se dijo oficialmente que las escuelas generativas formaban parte de las experimentales. Insisto en esto, porque significa que desde el inicio, los docentes de las generativas debían contar con los derechos y deberes fijados en el Estatuto del Docente. La situación laboral de estos docentes es la de contratados o de monotributistas, categorías inexistentes en el estatuto. Muchos, no cobran en el período de vacaciones.

El decreto reglamentario antes citado, establece que se habilitará una inscripción específica para quienes aspiren a ser docentes de las experimentales – generativas. Además, estos aspirantes deberán aprobar un curso de capacitación y ser evaluados en un coloquio por un jurado integrado por un psicólogo, un pedagogo y un representante de la escuela perteneciente al equipo directivo en ejercicio. Cada aspirante puede proponer un veedor.

Lo investigado muestra que los docentes son designados por la asociación responsable de cada escuela generativa, está sabido que estas instituciones no tienen experiencia ni conocimientos educativos como para hacer algo así. En 2016 el entonces presidente del Club Victoria y responsable de la primera generativa, la Corazón Victoria, me dijo que los docentes fueron propuestos por la Universidad de La Punta.  Otras versiones señalan con insistencia que no todos cumplen con los requisitos de contar con título docente o habilitante.  Pero no puedo confirmar esta versión, que supo circular en referencia a las escuelas chárter y las auto gestionadas también.  

Cabe señalar que los contratos firmados deben señalar claramente que los docentes son tienen relación de dependencia alguna con el estado provincial y que deben ser depositados en el Programa de Relaciones Laborales. Hasta el momento estos contratos son un secreto de estado, inaccesibles para quienes queremos saber.

Además, ya sea por contacto directo o por intermediarios con docentes que trabajan en las distintas formas de escuelas experimentales, sabemos que están amenazados con perder su trabajo si dan información a los “opositores meteretes”.

Advierto un juego mal intencionado: la ley dice que las generativas pueden tener un sistema propio para su personal, la reglamentación de las experimentales encuadra al personal en el Estatuto del Docente y fijan requisitos, pero en la práctica las condiciones laborales para los docentes son las que se les ocurren a las asociaciones, seguramente con alguna “ayudita” de la ULP:

Resulta muy evidente que el gobierno viola o incumple con las leyes y decretos que él mismo genera y promulga. Cosa que para nada me asombra habida cuenta de cómo viola la autonomía municipal e impide la designación del Defensor del Pueblo.

Estas violaciones que denuncio son:

  • Contratados y monotributistas no existen en el Estatuto del Docente y constituyen una clara precarización laboral para la docencia.
  • No hay hasta la fecha una inscripción específica de aspirantes a la docencia para estas escuelas.
  • Se habla de un curso de capacitación, del que no se conoce ningún anuncio previo, ni contenidos, duración, responsables, etc. Si no hay un fundamente científico para estas escuelas, ¿qué capacitación se puede dar?
  • Tampoco se sabe de la realización del coloquio.

¿Se cumplirá con todo esto de aquí en más? ¿Cómo se hará con los que vienen trabajando? ¿Habrá un nuevo decreto que deje de lado para las generativas lo reglamentado para las experimentales?

Lo que se busca

Desde aquella pésima y lamentable idea de las “escuelas chárters”, se hace evidente y cada vez mayor, la intención del gobierno por lograr una privatización de la educación provincial. Privatización que se oculta con la asignación de fondos en la forma de una” cápita” por alumno, pero con proyectos educativos, ejecución y administración privada. Lo que no es otra cosa que cumplir con Breton Woods, cuna del neoliberalismo, en cuanto a la menor responsabilidad estatal en educación y salud. 

Paralelamente se destruye, se precariza la profesión docente, justamente por donde debiera comenzar una verdadera revolución educativa, a través de su dignificación formativa, económica y social.

La discusión parlamentaria

Al tratarse en la Cámara de Diputados, la ley que blanquea las escuelas generativas, se pudo comprobar lo poco que se sabe de educación y lo poco que se investiga un proyecto así.  Por el oficialismo hablaron la Presidenta de la Comisión de Educación, Sonia Ramoska y los diputados Martínez y González Espíndola. Muchas alabanzas a la idea y al gobernador, algunas críticas ya desactualizadas a la “educación tradicional” y nada más. Por la oposición, el diputado Cacace señaló que su bloque tenía libertad de acción, que él en lo personal apoyaba la idea de innovar en educación, señalando escasas y tibias objeciones.  El diputado Abdala, muy brevemente, adelantó su aprobación sin más. El diputado Rigau, si bien también adelantó su aprobación, fue quien más intentó precisar las fallas de una idea así que destruye la profesión docente.

Muy poco y pobre lo de los diputados al tratar una ley educativa que tendrá alto impacto en la vida provincial.  Se registró un solo voto negativo y lo curioso es que quien lo emitió no fundamentó su oposición, por lo que no sabemos quién fue.

Conclusión

No creo que en educación se estén dando palos a ciegas. Este gobierno, de máscara nacional y popular, está actuando como lo pide el neo liberalismo y destruye la educación pública, privatizándola a través de clubes y asociaciones varias que no poseen el conocimiento necesario para sumir una tarea tan vital para un país.

Esta improvisación, no es improvisada. Está siendo ejecutada lenta y persistentemente.

Mientras ese plan se cumple, la política no tiene a la educación como prioridad, porque no le interesa o no quiere, no se ocupa por saber, no por informar y educar al pueblo en lo que la educación puede hacer por él.

Decía el Príncipe de Gatopardo: que todo cambie, para que siga igual. Pero creo que en este caso el cambio es para la cosa empeore.

¡Ojalá me equivoque!

SAN LUIS. Octubre 7 de 2019


[1] Ya debiera conocer el gobierno que lo de “y/o” no es correcto en nuestro idioma.

SI SEGUIMOS HACIENDO LO MISMO …

Supo decir Arturo Jauretche que algunos van a comprar azúcar según dice el manual del comprador escrito por el almacenero.

Algo así viene haciendo la oposición política partidaria de San Luis en sus, hasta ahora, vanos intentos de derrocar al feudo provincial.

Digo ésto, porque se siguen cometiendo los mismos errores, esto es, no ofrecer al pueblo una agenda de los temas claves que expresan la construcción feudal y su  corruptela político – económica.

Porque se sigue cayendo en la agenda comunicacional que teje el gobierno desde sus medios hegemónicos y de los que controla a través de la pauta publicitaria o del dinero por debajo de la mesa.

Muchos de estos tremas, los diputados de la oposición los plantean en la Cámara de Diputados, pero no se logra – o no se sabe – cómo instalarlos en toda la ciudadanía. Entiendo que la dirigencia política debe hacer docencia desde los cargos que ocupa, para que sepamos qué es una república, cómo funciona la democracia. eso debiera ocurrir siempre, mucho más en un feudo como es San Luis desde diciembre de 1983.

Lo que se ignora

No se sabe para qué sirve el Defensor del Pueblo y de su inexistencia desde 2004. Recordemos que entre 2004 y 2008 hubo un Defensor del Pueblo trucho, sin designación legal, pero con el visto bueno del gobernador.

Tampoco que se les niega a muchas localidades el verdadero gobierno municipal y la representación legislativa que les asegura la constitución. Recién en esta elección pasada, El Trapiche. Carpintería y El Volcán, lograron el concejo deliberante que debieron contar desde 2011.

Se desconocen las carencias de los Centros Técnicos de Apoyo al Aprendizaje (CTAAP) que reemplazan a los viejos Gabinetes Psicopedagógicos; con lo cual gran parte de nuestra población escolar está discriminada al carecer de este servicio o tenerlo en forma insuficiente.  

No se habla de la precariedad laboral existente en la salud, de la frecuente carencia de especialidades médicas, de la puntería que deben tener los vecinos de pequeñas localidades para enfermarse el día que llegue un médico o cuando haya disponibilidad de ambulancias.

Tampoco de la precariedad laboral en la docencia a través de las escuelas que gestiona la Universidad de La Punta. Ni del peligro que significa crear escuelas que como las generativas, no se asientan en ninguna investigación seria y que se multiplican gracias a las obras que el gobierno les hace a las instituciones que las habilitan, sin tener ni idea ni experiencia educativa.

Siguiendo con la educación, pocos saben que la Universidad de La Punta no pertenece al sistema universitario nacional, por lo que se asocia con otras que sí lo están para ofrecer carreras a distancia, mientras declina su propia oferta de carreras cortas.

Ni hablar del crecimiento de la inseguridad y la escasa capacidad policial por descubrir los responsables de tanto delito.

No se difunden tampoco los turbios manejos presupuestarios y los demenciales gastos privados del gobernador.

Estas cuestiones que describo- por cierto que hay más –  son, en uno u otro campo, flagrantes violaciones a nuestros derechos. La peor de estas violaciones la constituye el sufrimiento de Nelson Madafs durante el gobierno de Adolfo Rodríguez Saá, cuando se reemplazó con crueldad inhumana la incapacidad cómplice de los funcionarios policiales, judiciales y legisladores feudales. Nelson Madafs fue abandonado por el gobierno provincial, el que por todos los medios busca que nada se sepa de su martirio.

Estos temas configuran la esencia de corrupción institucional, insensibilidad, carencia republicana y falseamiento de la democracia, que es propia de este feudalismo.

Hay que hacer más y distinto

Estoy convencido que se impone instalar estos temas en el día a día, en todo nuestro pueblo, con todos los esfuerzos, el tiempo y el compromiso militante para superar la telaraña mediática gubernamental.

Pedidos de informes y proyectos legislativos son necesarios, pero ya sabemos que no pasan de tener una entrada burocrática en la Cámara. Se necesita una difusión infinitamente mayor que la pobreza comunicacional a actual.  No basta con medios “on line” que mayoritariamente leen los propios.

Hay que salir de una política protocolar y hacer docencia acerca de la realidad. Todos los días, casa por casa, con verdadera militancia. No creo que caravanas automovilísticas, caminatas saludadoras o reuniones materas, sirvan para concientizar acerca del feudalismo que sufrimos, para crear conciencia republicana, conducta democrática.  Hace falta más, mucho más, para recuperar la plena vigencia de nuestras instituciones republicanas. Son casi 36 años de feudo, que han logrado transmitir a decenas de miles de conciudadanos, la imagen casi endiosada de los hermanos Rodríguez Saá, permitiéndoles que tapen con asfalto, hormigón y ladrillos, la desvalorización de lo humano, el culto a la personalidad, el enriquecimiento familiar y de amigos, la perpetuidad en el poder, etc.

Vaya uno a saber por qué actúan así las fuerzas políticas opositoras. Hay que aprender de Jauretche y dejar de hacer política con las pautas del feudo Rodríguez Saá.

Pasan los años y no se aprende, se sigue el mismo método. Ora separados, ora unidos. Pero siempre dando ventajas, sin aprovechar debilidades. Da la impresión de que hay más interés en acceder a cargos, que en salir del feudo.

La unidad reciente es bienvenida, es el continente necesario. Hay que ponerle otro contenido.

Si seguimos haciendo lo mismo, no habrá resultados distintos.

SAN LUIS. Junio 25 de 2019