MÁS DE LO MISMO, MÁS DE LO DE SIEMPRE

Se conocieron los resultados de las pruebas Aprender 2021 que se tomaron en diciembre del año pasado, a más de 620.000 alumnos de sexto grado en más de 20.000 escuelas primarias de todo el país.

Hay muchas publicaciones que detallan las cifras que arrojó la evaluación de esas pruebas, por lo que en honor a la brevedad no repito. Cabe señalar tan solo que sus resultados han sido claramente inferiores a los de las mismas pruebas del año 2018. Especialmente negativos han sido los resultados en cuanto a lenguaje y comprensión de textos, lo que se constituye en un tremendo impedimento para cualquier actividad futura.

Estos malos resultados vienen de hace varios años y los revelan las evaluaciones argentinas, latinoamericanas y la de alcance mundial. Dejemos pues de criticar este tipo de pruebas, sus resultados a lo largo de tantos años coinciden en mostrar una clara tendencia negativa.

Una vez más, conocidos estos resultados surge la catarata de cruces acusatorios entre los funcionarios de este gobierno y del anterior. Acusaciones que ya hartan, porque carecen del menor atisbo de autocrítica.

Por cierto que estos últimos resultados están, además, influenciados por el impacto de la pandemia con una cuarentena tan prolongada; mientras la mayoría de los países mantuvieron la actividad escolar con los debidos controles, Argentina fue uno de los países con mayor cantidad de días con escuelas cerradas en el período 2020-2021. La pandemia explica una parte de estos últimos malos resultados; pero el mal viene de antes; la realidad de tantos malos resultados se refleja en la repitencia, el desgranamiento y la deserción escolar, en el mercado laboral, en el fracaso en los estudios superiores. También en la cantidad de adultos que transitaron por el mismo sistema educativo y que hoy no están en condiciones de ayudar a sus hijos, ni de transmitirles la importancia de la educación, mucho menos de darles ejemplo en la práctica del estudio, la lectura, la escritura, la curiosidad por conocer.  En una sociedad tan atosigada por los juegos electrónicos, los celulares, las redes sociales, la superficialidad, el chismerío y la tontera difundidas de tantas formas; la educación es vista por la niñez y la juventud como algo de menor valía.

La decadencia en educación está íntimamente relacionada con la decadencia social, es duro decirlo, pero necesario porque si nos engañamos en el diagnóstico nunca acertaremos en la solución.

Los resultados de Aprender 2021, no deben ser achacados solo a este gobierno nacional, ni al anterior, como tanto les gusta acusarse entre sí a sus respectivos partidarios.

La culpa o responsabilidad es de la dirigencia política argentina. No contamos con una política de estado para educación. Escuchamos repetidamente de candidatos y funcionarios “queremos una educación de calidad”, sin que la sepan definir ni explicar, mucho menos decir cómo concretarán esa idea.

La Nación se desprendió de la educación secundaria en la dictadura de Onganía y de la primaria con Menem; en ambos casos sin planificación ni acuerdos ni las debidas partidas presupuestarias. Aquí, en San Luis, sufrimos hace décadas una progresiva privatización encubierta de la educación pública, con escuelas sostenidas con aportes estatales “por cápita” que están constituyendo en la mayoría un verdadero negocio lucrativo.

Así “liberados” de esas responsabilidades los sucesivos gobiernos nacionales nunca se dedicaron a generar, insisto, una política de estado que se cumpla a lo largo de décadas hasta lograr la educación que Argentina merece.

Alfonsín convocó a un Congreso Pedagógico que se convirtió en una pelea ideológica y cuyas tardías conclusiones pasaron prontamente al olvido sin transformarse en leyes. Menem hizo una reforma por ley, que tuvo poca vida y menos resultados. Kirchner logró sancionar leyes que despertaron entusiasmo, pero de escaso cumplimiento.

Una política de estado en educación no debe ocuparse sólo de lo material, sino fundamental e inicialmente de la dignificación social y salarial de la docencia, junto con una formación más exigente y profunda. Para lo cual el estado nacional debe asumir muchas más responsabilidades en educación, para garantizar equidad, financiar y auditar las acciones. La actual decadencia educativa argentina no puede tener al gobierno nacional como un actor secundario.  El Consejo Federal de Educación debe tener funciones más ejecutivas de planificación y evaluación de calidad.

Prevalece en educación, y cada vez más, el cortoplacismo lo que se explica por el tiempo que necesitan los cambios en educación para alcanzar buenos resultados. Tiempo que siempre es mayor a los dos años que transcurren entre una elección y otra, lo que hace que las políticas educativas se centralicen más que nada en lo material, construir escuelas, repartir computadoras, etc., porque se puedan mostrar en una campaña electoral, lo que explica los edificios que se inauguran varias veces. No se puede olvidar ni por asomo, el festival de medidas demagógicas y facilistas en la aprobación de estudios.  promoción de grados y cursos y planes de terminalidad educativa que mejoran estadísticas gubernamentales, pero no la educación de los “beneficiarios”.

No me caben dudas, la culpa de la situación educativa argentina es de toda nuestra dirigencia política, el menos insisto, desde 1966 a la fecha. Ya sea por inacción surgida de la politiquería, de la ignorancia o de la sumatoria de ambas; o por falta de convicciones y energía suficiente para enfrentar la realidad. Por falta de amor al prójimo y a la Patria.

Se impone con urgencia, una convocatoria, un encuentro de la dirigencia política republicana y honesta para planificar, junto con los poseedores del conocimiento educativo, para planificar el futuro inmediato y mediato. Una política de estado, reitero, que abarque no menos de 20 años hasta llegar a dónde debemos estar en educación.

No nos aferremos a la esperanza de un milagro que obre ese cambio. Hay que insistir desde abajo, desde la argentinidad postergada   y discriminada por gobiernos que cacarean respeto a nuestros derechos, mientras nos los ofrecen de la más baja calidad y cantidad que les es posible.

Martín Fierro nos dice que “…el fuego pa’ calentar ha de ir siempre por abajo”.

Muchos sabios han dicho que “ si seguimos haciendo siempre lo mismo, no podemos esperar resultados distintos.”

No esperemos que otros, en otro momento y lugar hagan ese cambio, empujémoslo, exijámoslo cambiando nosotros.

Se trata nada más y nada menos que del futuro de nuestras generaciones, que así como va nuestra educación, pinta muy mal.

SAN LUIS. Junio 28 de 2022.

DE LA BOLETA ÚNICA

La Cámara de Diputados de la Nación dio ayer media sanción al proyecto de la oposición que busca instaurar la Boleta Única en las elecciones nacionales.

Es, por lejos, la mejor forma electoral para reemplazar al actual y muy vetusto sistema de impresión de boletas por cada partido; sistema que prácticamente ha desaparecido del mundo moderno.

Falta ahora la media sanción del Senado, lo que no es fácil de lograr por la tenaz oposición del kirchnerismo, sabedor que la Boleta Única le da un fuerte golpe al clientelismo político – electoral que practica y que vehiculiza a través de las boletas sábanas vigentes.

La Boleta Única ya está vigente en algunas provincias argentinas mostrando sus claras ventajas sobre lo viejo. Ventajas que incluyen, por cierto, el gran ahorro en pesos y daño ambiental sobre lo que significa la práctica usual de imprimir y distribuir votos en una cantidad hasta cuatro veces mayor al número de electores.

La Boleta Única en urnas separadas identificadas por color según  jurisdicción o cargos, permite también realizar las elecciones nacionales, provinciales y municipales en un solo día, afianzando las autonomías provincial y municipal, y sumando otros ahorros presupuestarios para el Estado y partidos políticos.

Hace mucho que se viene hablando de la Boleta Única, ojalá se logre pronto.

De lograrse en lo nacional, habrá que bregar para que rijan también en lo provincial y municipal.

Entre las propuestas que se fueron presentando, me permito señalar las que presenté desde mi web. Fueron tres que no recibieron ni atención ni comentarios desde la política provincial. Fue también escasa la repercusión en la prensa. Por lo que quedaron en el olvido.

No es alarde, pero me alegro de haber acertado hace tantos años.

AQUÍ ESTÁN:

La primera versión de abril de 2003:

Versión ampliada de marzo de 2015:

Esta la última versión de abril de 2015 :  https://www.tochimoreno.com.ar/y-las-convocatorias/#more-1281

SAN LUIS. Junio 9 de 2020.

DESIGNACIÓN EN EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

DESIGNACIÓN EN EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Pronto se tratará en el senado provincial la propuesta del Gobernador Alberto Rodríguez Saá, para designar como nuevo integrante del Superior Tribunal de Justicia (STJ) al abogado Eduardo Gastón Ramón Mones Ruiz, actual Vice Gobernador.

Propuesta que recibió impugnaciones desde las exigencias constitucionales y al no menos categórico concepto de la división e independencia de los poderes del estado.

Exigencias constitucionales:

Cinco son las exigencias constitucionales para este cargo: a) Ejercicio de la ciudadanía. b) Treinta años de edad. c) Poseer título de abogado habilitante para el ejercicio de la profesión. d) Diez años de ejercicio de la profesión de abogado o de alguna magistratura judicial. e) Tres años de residencia continua e inmediata, si no hubiera nacido en la Provincia.  Hay dudas de que el candidato cumpla con los diez años de ejercicio como abogado a raíz de sus muchos años en cargos de gobierno y legislativos, con poca actividad profesional específica. Hay presentaciones ante la justicia, que difícilmente sean resueltas antes de que el senado trate el tema. Lo que puede llevarnos a un hecho consumado sin conocer la verdad.

No hay ningún impedimento constitucional o legal para que quien ocupe un cargo en el Ejecutivo o Legislativo ingrese al STJ, como es el caso del actual Vice Gobernador Mones Ruiz.

El rechazo viene de otra fuente.

División e independencia de los poderes del Estado

Una república, como la nuestra, tiene tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  La división e independencia de estos poderes procura evitar que una sola persona o un grupo restringido de ellas, concentre en sí todos estos poderes: «para que uno no pueda abusar del poder, es necesario que, mediante la disposición de las cosas, el poder detenga el poder».

Ningún poder debe tener preponderancia real o formal sobre los otros. De hecho y de derecho,  deben  funcionar en conjunto y armónicamente. La independencia va de la mano del mutuo control, para evitar abusos y excesos que construyan totalitarismos, aun cuando estos surjan de quienes hayan sido elegidos por el voto.

Así garantiza nuestra constitución la independencia judicial:

Artículo 189:  El Poder Judicial tiene todo el imperio necesario para mantener su inviolabilidad funcional e independencia de los otros Poderes del Estado.

Artículo 190 En ningún caso el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo pueden ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de las causas pendientes o restablecer las fenecidas

Esta independencia es garantía de objetividad y ecuanimidad en sus sentencias. Lo que no  ocurre cuando los jueces son influenciados por vías non sanctas.

Estamos ante una propuesta de designación con notoria influencia política toda vez que el abogado Mones Ruiz (h), tiene mucha vida partidaria, es un derecho que debe ejercerse en el marco de la vida republicana. Se duda del tiempo que ha dedicado al ejercicio de la abogacía y no se conoce actividad docente o académica en su especialidad.

Es imposible que un texto constitucional pueda prever todas las trapisondas e interpretaciones antojadizas que faciliten la acumulación de poder. De ahí que se requiere de parte de gobernantes y legisladores, honestidad, ética y respeto a las instituciones republicanas con democracia.  Algo que no es moneda corriente en nuestra actualidad.

Esto es lo que debe entender nuestra dirigencia política, tan amiga de “ir por todo” en su patológica búsqueda del poder absoluto.

Antecedentes

El que la historia argentina, incluso la sanluiseña, muestre varios casos de jueces con vida política, no quiere decir que sea bueno y se pueda repetir. Lo que está mal, está mal ayer, hoy y mañana. Y debe ser desterrado.

El gobierno de los hermanos Rodríguez Saá tiene muchos y descalificadores antecedentes en esto. Recordemos como al pasar, la burla de publicar en el diario familiar, una foto trucada de los jueces del STJ en calzoncillos y gorra militar; las manifestaciones organizadas desde el gobierno exigiendo la renuncia de jueces; el requisito de renuncias firmadas sin fecha previo a asumir como jueces; la destitución de juezas y secretarias, que la Corte de DDHH de la OEA obligó a retrotraer.

Hoy, muchos dirigentes opositores rechazan esta propuesta, algunos de ellos olvidan que callaron ante otros casos similares del pasado.  Tal el caso del CPN Poggi quien no objetó las designaciones en el STJ del abogado Sergnese y de la abogada Novillo  en 2010  y 2016, siendo él Sub Secretario de Hacienda, Presidente de la Cámara de Diputados y Diputado Nacional, respectivamente. Las acciones no son correctas cuando las hago yo o los míos y malas cuando las hacen otros.

Las instituciones de la república se cumplen. No se gambetean según convenga.

Designación de Mones Ruiz (h)

Este abogado, viene de muchos años en la función pública dentro de las filas del oficialismo, el que hace gala de verticalismo y adhesión incondicional hacia la persona que conduce. Tan importante actuación política, indica un intenso compromiso político partidario y obediencia al hoy Gobernador, de lo que no es sencillo desprenderse de buenas a primera para aplicar justicia. Esto no da a la ciudadanía garantía de independencia, no basta con promesas, si las hubiera, de olvidar lo vivido.

“La mujer del César no sólo debe ser buena, sino también parecerlo.”

Hay otros datos acerca de la idoneidad del abogado Mones Ruiz. Como legislador, como ministro y como Vice Gobernador. Por ejemplo, no ha dado paso alguno para cumplir con la Constitución y leyes reglamentarias, en lo concerniente a las autoridades municipales conforme su población y con la elección del Defensor del Pueblo. Lo que muestra su nivel de obediencia temerosa a las órdenes del gobernador.  

¿Qué garantías de constitucionalidad y legalidad da un miembro del STJ que antes no las respetó?

Finalmente.

Un gobernador que fuese ejemplo y líder en ética republicana, no debiera proponer un candidato con esos antecedentes.

Un candidato a juez con estos antecedentes debiera mostrar compromiso republicano y no aceptar una propuesta así.

Senadores conscientes de su responsabilidad republicana, no debieran aprobar un candidato con estos antecedentes.

No creo que algo así ocurra, porque este gobierno que nació democráticamente en 1983 con la alegría argentina por recuperar la república con democracia, se convirtió en feudo.

SAN LUIS. Abril 5 de 2022.

NUEVO MANDATO DEL GOBERNADOR

Desde los dichos, días atrás,  del diputado oficialista por el Departamento General Pedernera Gustavo Morales, se está queriendo instalar en la ciudadanía sanluiseña la idea de la” necesidad” de facilitar un nuevo período gubernamental para el actual gobernador.

Habrá que ver si la idea del diputado Morales es fruto de su obsecuencia o de alguna oculta directiva para auscultar la opinión pública al respecto. ¿Será que a falta de herederos confiables, se busca la perpetuidad?

Recordemos primero lo que expresa nuestra Constitución Provincial en lo concerniente a los mandatos del gobernador:

Artículo 147 El Gobernador y Vicegobernador duran en sus funciones el término de CUATRO (4) años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período.

Alberto José Rodríguez Saá (ARS II), en esta última etapa de sus gobiernos, cumplió el mandato 2015-2019 y está en el correspondiente a 2019-2023. Por lo tanto, para aspirar a un nuevo mandato como gobernador o como vice gobernador debe esperar al menos, a 2027.

Para eludir este actual impedimento y concretar esta aspiración (?), debe necesariamente reformarse la constitución, no por una Asamblea Constituyente, ya que sería una exageración convocarla para un solo tema; sino de la misma forma en que se eliminó la posibilidad de la reelección indefinida del gobernador ocurrida años atrás, mediante el artículo 287 de la Constitución que expresa:

Excepción – Enmienda Artículo 287 La enmienda de un solo artículo puede ser sancionada por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Legislatura y el sufragio afirmativo del pueblo de la Provincia, convocado al efecto en oportunidad de la primera elección que se realice, en cuyo caso la enmienda queda incorporada al texto Constitucional. Reformas de esta naturaleza no pueden llevarse a cabo sino con intervalos de dos años por lo menos.

Es decir, una reforma efectuada por el Poder Legislativo en un solo Artículo, en este caso el antes citado 147.

De ocurrir este tipo de reforma, la próxima elección a celebrarse y en la cual la ciudadanía debiera aprobarla, es la de 2023, en que se debe elegir Gobernador y Vice. Si ARS II quiere ser nuevamente candidato a gobernador en ese año, debe estar habilitado antes por la plena vigencia constitucional. Sería una tremenda burrada convocar a la aprobación popular de esa enmienda permitiendo al mismo tiempo la inscripción del actual gobernador a una nueva candidatura.

Pero como todo puede darse en un gobierno feudal y que como tal se cree por encima de la ley y con derecho a la perpetuidad, es de esperar que, de seguir esta idea, nos encontremos con una maniobra turbia para lograr el objetivo, como por ejemplo convocar primero a legisladores y luego a cargos del ejecutivo.

Para lo cual el gobierno necesita contar con una justicia que avale lo que se le ocurra. Una razón más para entender el paso del obediente Eduardo Gastón Mones Ruiz (hijo) de la Vice gobernación al Superior Tribunal de Justicia.

SAN LUIS. 16 de febrero de 2022