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CARTA ABIERTA AL GOBERNADOR POGGI

CARTA ABIERTA AL GOBERNADOR POGGI

Sr. Gobernador CPN Claudio Javier Poggi:

Me dirijo a Ud. por este medio en virtud a su incumplimiento de responder en tiempo y forma a lo solicitado en el marco de la Ley V-0924-2015 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Me refiero al Expte. 2170390/25 iniciado por mí y el Esc. Eduardo G. Mones Ruiz el 17 de febrero pasado.

Ahí se le solicitó dé a conocer las razones por las cuales el Decreto 14010-MG-202, convocatoria a elecciones provinciales y municipales para el 11 de mayo,  no se ajustó a lo normado por nuestra Constitución en sus artículos 247 a 280, reglamentados por la Ley de Régimen Municipal XII-0349-2004.

Presentada esta solicitud, no cumplió Ud. con responder en el plazo legal de diez días hábiles.  Ese expediente pasó al Asesor Legal del Ministerio de Gobierno, quien telefónicamente respondió el día 17 de marzo, que respondería el día 20 de ese mes.

Al no recibir respuesta alguna, se presentó el Expte. 3423139/25, el día 25 de marzo,  expresándole nuestro desagrado por su incumplimiento e informándole que se harían públicos estos hechos.

Tras consultas telefónicas, el Asesor Legal responde el día 25 de junio a las 10:15 am, que lo actuado estaba en el Ministerio de Gobierno y que desde ahí se enviaría la respuesta.

Lo que ocurrió el día 3 de julio a las 12:24 pm por correo electrónico desde Jefatura de Despacho del Min. de Gobierno. El dictamen del Asesor Legal, Abog. Valentín Laborda Claverie, está fechado el 20 de marzo. Queda claro que la respuesta que debía darse en 10 días hábiles, llegó más de tres meses después. Nada de respetar los plazos legales, ni de intentar explicación alguna.

El dictamen responde al segundo expediente presentado y pese a que en él se hace referencia al primero, no responde a éste; sino que cita tres leyes, Procedimientos Administrativos, Electoral Provincial y Actualización del Sistema Electoral; ajenas a lo solicitado. Es evidente que no se prestó atención al petitorio inicial o que por falta de argumentos que expliquen o justifiquen el incumplimiento de la constitución, se eludió referirse a ello.

No puedo creer que lo aquí sintetizado obedezca a la ignorancia de nuestra constitución y leyes. Más bien parece obedecer a una decisión política suya Sr. Gobernador, que se traduce en un ataque grave a las instituciones municipales y los derechos civiles de toda la ciudadanía sanluiseña, negándonos seguridad jurídica. Lo que por cierto viene de largo, porque pese a ser Ud. quien propuso la ley de Acceso a la Información Pública, tampoco la cumplió en ese año 2015, al igual que algunos de sus funcionarios.

No menoscabo los logros de su gobierno en varias áreas, pero debo expresarle, con dolor, que la persistencia de estos hechos lo alejan de la vida republicana y democrática que nos rige y cobija.

Le recuerdo, una vez más, el Art. 63 de nuestra Constitución: “En ningún caso y por ningún motivo o pretexto, las autoridades de la Provincia pueden suspender la observancia de esta Constitución, ni la de la Nación o la efectividad de las garantías establecidas”.

Son muchos, especialmente del ámbito político, los que sabiendo, debiendo y pudiendo informar o actuar, guardan un silencio que, a mi juicio, muestra cobardía ciudadana.

            San Luis. Noviembre 17 de 2025.

DE LA CENTRALIDAD EDUCATIVA

El Gobernador Poggi ha enviado al Legislativo un proyecto de ley para declarar al año 2026 como Año de la Educación, en homenaje a los 200 años de la creación de la escuela de San Francisco del Monte de Oro por parte de Sarmiento, por entonces un joven quinceañero.

Lo expresado por Poggi en esa ocasión merecen algunos comentarios.

Reclamo salarial docente

El Gobernador lejos de considerar el reclamo docente por sus salarios expresó: “Hay que mirar a todos los que no tienen trabajo, a todos los que no tienen vivienda, comprendo perfectamente… …pero los sueldos de San Luis están por encima de la media nacional.” Para agregar luego “A lo largo del año, desde diciembre a la fecha, los aumentos generales que se dieron en la provincia fueron de un 31%, un 25% primero y un 6% después. Si uno lo compara con la inflación del año, es menos.” Reconoce esa deficiencia salarial, pero no la resuelve.  Un estudio reciente a partir de datos de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano Nacional, marca que la evolución del salario de bolsillo en San Luis para el maestro de grado tuvo, entre junio 2023 y junio 2025, una caída del 40,4%, la más alta en el país. La más baja fue del 2,2 % en Río Negro, mientras que Tierra del Fuego, Chaco y Santa Cruz tuvieron una mejora de 9,1 %, 14,9% y 21,7% respectivamente. ¿Algún comentario Sr. Gobernador, ministros?

La ley 26206 de educación nacional, en su artículo Art 67 h) señala como derecho de los docentes el tener un salario digno. ¿Cómo definen gobernantes y legisladores lo de salario digno?

El que los salarios provinciales están por encima de la media, exige saber de cuánto es esa media nacional y si ese “por encima” llega a ser un salario digno.

Nuestra legislación.

San Luis no tiene una ley que precise y defina un sistema provincial de educación, única jurisdicción que carece de una ley así.   En el 2004 desapareció la vieja ley provincial. Hay una ley de escuelas experimentales de solo 5 breves artículos, en la que se han incluido las escuelas charters, auto gestionadas y generativas.  Hay otras leyes que establecen otras formas y estructuras, que se incluyen en el sistema educativo provincial, lo que demuestra que ni gobernantes ni legisladores saben de la inexistencia legal de ese sistema. Esta carencia abre el camino a un sinnúmero de decretos cuyo conocimiento es de muy difícil obtención.

Centro de las políticas públicas

Dijo también Poggi, que la educación es el centro de sus políticas públicas y que en el 2026 se generarán eventos para celebrar ese aniversario, conformando así una fuerte apuesta a favor de la educación sanluiseña. Esa centralidad se expresa en declarar al 2006 como Año de la Educación.

¿Y los años pasados y los futuros… qué?

La ley 26206 de Educación Nacional dice en su Art.3 que la educación es una prioridad nacional y política de estado. Conceptos que no rigen para un año, un quinquenio o una década, sino que son permanentes. Esa ley fue propuesta por Kirchner en el 2006, pero que hasta la fecha está lejos de cumplirse cabalmente. “Mérito” de todos los gobernadores, presidentes y legisladores.

Si fuese prioridad nacional y política de estado, no estaríamos ante el flagrante incumplimiento, entre otras cosas, del Art. 28 de esta ley, que instala la jornada extendida o completa en el nivel primario. Algunas pocas jurisdicciones han logrado algo; el resto, San Luis entre ellas, han cumplido muy poco, casi nada.  He pedido información específica a ministros de Alberto Rodríguez Saá y este año al actual ministro Araujo. Nunca ninguno me respondió, pese a estar obligados por ley a hacerlo.

Diálogo

Dijo Poggi que el diálogo con la docencia no está cortado, ya que él visita “una escuela por día”. Espero que eso de una por día, no sea una exageración.

Visitas protocolares son buenas, crean vínculos necesarios entre gobierno, docentes, alumnos, comunidad. Permiten también conocer de primera mano las carencias propias de cada escuela, grado de satisfacción del personal, etc.  Pero no son el diálogo institucional entre gobierno y representantes gremiales, elegidos libremente, para acordar política salarial, condiciones de trabajo, etc.  

Dialogar no es que cada quien hable sin escuchar al otro. Es atender y entender las ideas, necesidades y posibilidades hasta encontrar objetivos comunes.

Decir que visitar escuelas es diálogo, es “safar” ante una pregunta que inquieta a un gobierno que decide aumentos unilateralmente, sin convocar paritarias según la práctica instalada por gobiernos nacionales y provinciales.

Prioridad educativa y política de estado

Una prioridad no se concreta con dar un lema a un año en el que se realizan actos protocolares y eventos especiales.

Prioridad es fijar y cumplir preferencia integral para resolver problemas. Lo que en materia de educación, necesita de un período tan largo, como el de la decadencia que se arrastra.

De ahí la necesidad de una política de estado, la que no es responsabilidad de un gobierno sino de varios, con acciones coherentes y persistentes a través de una amplia convocatoria política, social, gremial, académica y ciudadana. No desde un maquillaje anual.

Una prioridad con política de estado, debe concretar en forma ordenada y escalonada la solución de deficiencias y carencias, tanto materiales, como humanas.

Una política de estado que gestione el resolver una prioridad no es para un año, un quinquenio, una década. Son desde el inicio hasta la eternidad.

A modo de conclusión.

  • Lo de prioridad y política de estado por ley nacional es mucho más que la centralidad de la que

habla Poggi. Por lo que se impone una convocatoria amplia. Algo así, nos mostraría el verdadero interés gubernamental por la educación, más allá de tanto lugar común en el discurso oficial.

  • Es imprescindible contar con una legislación marco que responda a lo que la educación es en el

mundo, no copiando lo de otras realidades socio económicas, sino tomando el ejemplo de cómo se prioriza la educación.

  • Siendo la educación una actividad desde y hacia las personas, debe encararse con una visión

integral e integradora desde un humanismo personalizante. La tecnología crece notablemente y nos sorprende, pero es y será una herramienta poderosa, pero herramienta al fin; que no puede reemplazar al pensamiento creativo del ser humano.  

  • Si la educación es una prioridad, también debe serlo la docencia. No se avanza en una

prioridad, si no es prioritaria la formación, el trabajo y el salario de las personas que la cumplen.

  • Serán los docentes los que vayan al frente en políticas así. De ahí que deben ser reconocidos

social, profesional y económicamente como la profesión formadora de todos los trabajos y todas las profesiones. Lo que exige sólida formación inicial y permanente. Y por sobre todo tener salarios ubicados en el podio de los mejores.  Lo que ha de lograrse en etapas por medio de aumentos periódicos por encima del costo de vida e inflación. Así, los gobiernos tendrán autoridad moral para exigir a la docencia todo lo mucho y bueno que debe hacer.

  • El medio son las paritarias y el diálogo institucional. Parece que gobiernos y legisladores no

saben de paritarias, porque no las necesitan ya que se aumentan a su solo criterio.

  • Son éstas ideas, a mi entender, básicas para iniciar un camino distinto al que se viene

transitando y que, por lo visto, no da resultados. A lo mostrado en las varias evaluaciones nacionales e internacionales me remito.

  • Es mucho lo dicho y escrito en cuanto a que la riqueza de un país está dada por el

conocimiento de sus habitantes. Para eso, educar a toda la persona, en todas las personas, a lo largo de toda su vida conforme sus capacidades e intereses.

  • Más que actos y eventos especiales, el momento exige políticas revolucionarias, que se salgan de

lo mismo de siempre

  • Temo que nombrar al 2026 como Año de la Educación sea una más de las frases publicitarias y

demagógicas que solemos escuchar.

Si se quiere honrar a Sarmiento, hay que recordar uno de sus dichos:

TODOS NUESTROS PROBLEMAS, SON PROBLEMAS DE EDUCACIÓN.

San Luis. 21 de octubre de 2025

GATOPARDISMO SANLUISEÑO

GATOPARDISMO SANLUISEÑO

En el Boletín Oficial del día de hoy, se publicó el Decreto 14010-MG-2024, firmado por el Gobernador CPN Poggi y el Ministro de Gobierno CPN Amondarain, por el cual  se convoca para el 11 de mayo a elecciones provinciales y municipales.

Las alarmas que me despertó en su momento el adelanto del tema por la Agencia de Noticias del gobierno, se confirman al leer este decreto, por cuanto se sigue la política vigente desde hace décadas en incumplir el mandato constitucional en lo atinente a las autoridades municipales.

Incumplir la constitución es violarla, lo que configura un delito que en este tema electoral se viene dando sostenidamente en cada convocatoria electoral desde el 2005.

La esencia del problema

La Constitución, en su Capítulo XXVI y  artículos 249 a 252 y 256,  determina qué tipo de gobiernos municipales existen y el artículo 257 precisa la cantidad de miembros  que debe tener cada Concejo Deliberante. Todo lo cual se determina mediante la población censada oficialmente.

El artículo 249 dice que esto se hará mediante ley. Pues bien, sólo hay una ley en esta cuestión, la XII-0966-2017 creando las Intendencias Municipales de Potrero de los Funes, El Volcán, Carpintería y El Trapiche.

No hay otra ley, porque el Legislativo mediante la Ley de Régimen Municipal XII-0349-2004 Art 4°, pasa esa responsabilidad al Ejecutivo diciendo: “El Poder Ejecutivo determinará después de cada censo, los nuevos lugares donde corresponda Municipalidad, Comisión o Comisionado.

Pues bien, no se conoce decreto alguno que cumpla con esa obligación desde que se conocieron los últimos censos nacionales.

Claro y categórico incumplimiento de sus obligaciones legales por todos los gobiernos anteriores desde la reforma constitucional de 1987.

Cuando digo todos los gobiernos quiero decir exactamente eso,  todos los gobiernos.

El que no se haya cumplido con el mandato constitucional de garantizar que cada localidad tenga el gobierno municipal que debe tener legalmente es culpa de gobernantes, legisladores, dirigentes que han   dejado de lado y pisoteado nuestra Constitución. También de jueces que no actúan de oficio ante algo tan flagrante, ni de los que ante mis denuncias de inconstitucionalidad se declararon incompetentes con sentencias contradictorias impropias de esos cargos.

Último recordatorio.

El pasado 24 de julio, junto con el Esc. Eduardo Mones Ruiz presentamos una nota al anterior Ministro de Gobierno Facundo Endeiza, por la que le recordamos la manda constitucional a cumplir, precisando en base  a los resultados del censo 2022  qué gobierno y cantidad de concejales le correspondían a cada localidad.

Días después en una audiencia a la que no pudo concurrir el Esc. Mones Ruiz, ese ministro me expresó que estaba de acuerdo con nosotros y que el entonces responsable de Asuntos Municipales, CPN Amondarain ya le había expresado lo mismo.

¿Qué pasó…

… con la nota recibida y aceptada en su contenido por el ex Ministro Endeiza?

Porque el Decreto 14010 persiste en la inconstitucionalidad en la convocatoria electoral para  el 11 de mayo.

 ¿La habrá leído el Gobernador Poggi? ¿Se discutió en reunión de gabinete? ¿Quiénes y cómo  d  ecidieron no cumplir con el Art 4 de la ley de Régimen Municipal? ¿Quién decide hacer una convocatoria así?  ¿Será cierto que el  nuevo ministro de Gobierno, Amondarain, coincidía con lo expresado en nuestra nota.? ¿Quién lo convenció o solo debió obedecer?

Síntesis

1* Conocido el Censo Nacional 2022 no se dictó la norma que determine qué tipo de gobierno y cuántos concejales le corresponde a cada localidad, según su población. Lo que debió hacer antes de convocar por el Decreto 14010.

2* No se convoca para ninguna Comisión Municipal, Art. 250 de la Constitución. Deben tener esa autoridad municipal Anchorena (810 Hab.); Arizona(976 Hab.),   Fortuna (969 Hab.); Balde (853 Hab.); Beazley  (831Hab.); Nogolí  (1.175 Hab.); V. de la Quebrada (1.162 Hab.); Fraga  (1443 Hab.); Villa del Carmen  (870 Hab.) y Los Molles (1,497 Hab). Todas estas localidades siguen con Intendente Comisionado.

3* Se convoca a elegir Intendente Comisionado a Beazley y Nogolí, que, como digo arriba, deben tener Comisión Municipal.

4* En cuanto a concejales el panorama es más complejo. Juana Koslay tiene 9 concejales y debe completar 10; Quines y La Toma tienen 7 y completar 9; Candelaria, El Trapiche, El Volcán, Luján, Carpintería,   Buena Esperanza; Unión y Naschel, tienen 4 y deben completar 5. Concarán, Tilisarao, Sta. Rosa del Conlara tienen 5 y deben completar 7.

He indicado solo el número de titulares, debe agregarse la misma cantidad de suplentes.

5* Se dan dos casos: La Punta por ordenanza resolvió cumplir con tener los 10 concejales que le corresponden, eligiendo 5 en esta elección y otros 5 en la de 2027. Potrero de los Funes hace lo mismo, para llevar sus concejales de 4 a 5, eligiendo en ésta 3.  El Gobierno acepta esto y así convoca en su decreto.

Lo que  me despierta serias  dudas es la competencia de esos Concejos Deliberantes para decidir sobre este tema.  La Constitución y la ley de Régimen Municipal no les otorgan a estos concejos deliberantes facultades para determinar el número de concejales. Tarea que como ya he expresado, es propia del Poder Ejecutivo Provincial.

Habrá que esperar que dictaminan los especialistas.

El Gatopardo

Allá por 1963 vimos la película El Gatopardo basada en una novela italiana que describía la sociedad italiana en un momento de crisis socio política importante camino a su unidad nacional. Ante las exigencias de cambio que los  sectores populares hacían a la aristocrática y feudal clase dirigente, el personaje central expresa en algún momento que Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”.

¿Algo así estamos viviendo en nuestro San Luis de hoy?

Se cambió el gobierno, pero el nuevo sigue con las mismas violaciones a la constitución y la ley.

¿Qué dicen a esto los funcionarios, legisladores, dirigentes y votantes de este nuevo gobierno?

Quien quiera saber algo más  de lo hecho en este tema, puede acceder a  https://www.tochimoreno.com.ar/category/elecciones-municipales/)

Hay mucho y no sencillo para resumir.

Advierto una grieta provincial entre los que queremos vivir en una república con democracia y transparencia y los que prefieren seguir en el feudo fundado por los hermanos Rodríguez Saá.

Es hora de definiciones, no de callar, de eludir, de mirar a otro lado. Y se lo digo a todo el gobierno provincial, a la dirigencia política oficialista y opositora, a todos los legisladores, a todas las autoridades y concejales municipales, a toda la justicia, a todos los medios:  QUEREMOS REPÚBLICA, NO FEUDO.

                                                             San Luis. Enero 3 de 2025.

ACUERDO POR LA EDUCACION

ACUERDO POR LA EDUCACIÓN

El día antes del martes 11 de septiembre, Día del Maestro, la ONG ARGENTINOS POR LA EDUCACIÓN, presentó en la Ciudad de Buenos Aires, ante una concurrencia de unas 250 personas, que incluyó entre otros a gobernadores, ministros, legisladores, sindicalistas, empresarios, comunicadores, su propuesta de ACUERDO POR LA EDUCACIÓN.

Los gobernadores presentes fueron Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy), y Alberto Weretilneck (Río Negro); también las vicegobernadoras de Córdoba, Myriam Prunotto y de Entre Ríos Alicia Aluani y el Secretario de Educación de la Nación,Carlos Torrendell

Este acuerdo se traduce en un documento elaborado por un conjunto de especialistas en educación que marca diez prioridades educativas, con procuran dar sustento a una política estado que avance en la resolución definitiva de nuestra realidad educativa.

Es un aporte importante para que se cumpla con lo que lamentablemente no se cumple de la ley 26.206, esto es que la educación sea una prioridad nacional y una política de estado; a la extensión de la jornada escolar y el porcentaje del PBI que debe destinarse a educación. Destaca claramente algo que no está muy entendido por nuestros gobiernos: que Política de Estado, no es la que ejecuta un único gobierno, sino la que va más allá de los cambios de gobierno a lo largo de varios períodos

En lo personal, me gratifica que este acuerdo señale conceptos que he destacado en varias notas y propuestas publicadas y en mis afirmaciones en espacios radiales por Radio Dimensión desde el año 2011.  Me refiero al reconocimiento social y económico de la docencia, a la formación inicial y continua de los docentes, al mayor compromiso del gobierno nacional, a la necesidad de una participación de toda la sociedad para con la educación que profundice y concrete el concepto de prioridad nacional, el desinterés de nuestra política en la educación, etc. Lo que he dado en llamar GRAN ACUERDO NACIONAL EDUCATIVO (GANE).

Obstáculos

Ahora bien, de este tipo de acuerdos hay varios antecedentes, que lamentablemente no han ido más allá de anuncios, nunca transformados en acciones concretas y persistentes.

No sabemos, en este momento, si la firma con las que los gobernadores asistentes apoyaron este acuerdo, se transformará en políticas activas a lo largo de las próximas décadas; tampoco si se trata de que un acuerdo así se concrete en una ley nacional. Entiendo que para que sea una política de estado prioritaria se necesita ampliar los adherentes y concretarla en una ley, cuyo cumplimiento, logros y dificultades sean permanentemente auditadas para garantizar su éxito.

Para superar es dura realidad nacional, no se trata solo de inversiones extranjeras en la economía. Es clave la fuerte y permanente inversión en educación.  ¿Hay conciencia política para una inversión así? ¿O seguirá prevaleciendo el criterio de que el futuro son las próximas elecciones? Siempre aparecen formas de atraer inversiones para lo material, mientras que sobran las inutilidades para invertir en lo más importante, en lo humano, en lo que permite crecer como país desde los propios logros de las personas y de la sociedad toda.

 Está en la sociedad argentina en exigir que algo así se haga. Tenemos demasiados ejemplos de parte de gobiernos nacionales y provinciales en incumplir con normas constitucionales y con leyes nacionales o provinciales, ante el silencio de muchos que sabiendo y pudiendo, ni hablan ni actúan.

El obstáculo más importante, mi criterio, lo dijo, el Dr. Mariano Narodowsky “La educación argentina tiene tres problemas: “primero a la dirigencia argentina no le importa la educación, segundo a la dirigencia argentina no le importa la educación, y tercero … ya saben…”

Habida cuenta de las afirmaciones del Presidente Milei en cuanto a que la educación obligatoria es responsabilidad de las jurisdicciones provinciales y sus recortes en la coparticipación y en el FONID a la provincia; no puedo alentar muchas ilusiones en que estos buenos objetivos del Acuerdo por la Educación, puedan llegar a concretarse más allá de lo que hagan los gobernadores.

Muchos expertos en educación se han unido para proponer este cuerdo por la Educación, ahora la palabra y la acción la tienen los gobernantes y legisladores,

Para lo cual, una vez más, planteo lo imprescindible de un permanente e intenso compromiso de toda la sociedad en sumarse en una lucha por más y mejor educación, participando activamente en todo lo que puedan, proponiendo, exigiendo para que estas ideas y la educación en su totalidad, deje de ser la Cenicienta de la política argentina.

                                                                                                                                                                                                                                                            SAN LUIS. Septiembre 16 de 2024.

Para quienes quieran conocer más:

Acuerdo por la Educación:

Algunas de mis propuestas:

2011:  https://www.tochimoreno.com.ar/revolucion-educativa-para-san-luis/

2015: https://www.tochimoreno.com.ar/una-propuesta-para-educacion/#more-1303

2017: https://www.tochimoreno.com.ar/educacion-imitar-a-finlandia/

2019: https://www.tochimoreno.com.ar/gran-acuerdo-nacional-educativo-gane/

ELECCIONES MUNICIPALES INCONSTITUCIONALES

Desde 2007 denuncio y reclamo al gobierno y la justicia por las convocatorias a elecciones municipales en clara violación a la Constitución Provincial (CP) y a la ley XII-349-2004 de Régimen Municipal (RM). Por cierto, que nuestras autoridades nunca atendieron, me refiero al Gobernador Alberto Rodríguez Saá en todos sus mandatos y al ex Gobernador Poggi. Tampoco la justicia atendió las denuncias.  Todo sigue igual, o peor dada la perseverancia en el incumplimiento, la que me obliga a ser también perseverante en el reclamo y la denuncia.

Reclamo 2021

El 23 de mayo por nota en Mesa de Entradas de Gobernación le reclamé al Gobernador que en la convocatoria que habría de hacer en pocos días más, cumpla con la norma que nos rige. No me dieron el número de expediente, ante mi insistencia se me dijo telefónicamente, que la nota fue enviada al Ministerio de Gobierno. Allí, tras un par de intentos, me dijeron que la tenía el ministro y que él me informaría de lo resuelto. Ni resolvieron, ni me notificaron.  

La convocatoria

El 7 de junio por decreto 2838 MJGyC se hizo la convocatoria invitando a los municipios a efectuar las propias, pero indicándoles – mal – qué debía elegir cada uno.

Esa convocatoria fue ratificada por el Tribunal Electoral Provincial (TEP), integrado en este caso por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Dr. J.A. Levingston y los jueces Dra.  E. I. Bustos y J.E. y Dr. Sabaini Zapata.

Frente a esta realidad, el día 28 de junio y por Expte. ELE-1430/21 en forma conjunta con el Esc. Eduardo Gastón Mones Ruiz nos dirigimos al presidente del TEP para pedirle que se analice el decreto de convocatoria a la luz de la constitución y la ley y actúe en consecuencia pidiendo al gobernador la adecuación de ese calendario, conforme las normas ya citadas.

Se dio vista al Procurador Gral. de la Provincia, Dr.  L.M.Martínez; quien sin definirse sobre la constitucionalidad, señaló que la nuestra no es la vía adecuada.

En esa misma línea, el TEP resolvió el 11 de agosto, rechazar y archivar nuestra petición. Seguramente debe estar legislado así, pero se me ocurre decir que reclamar por una inconstitucionalidad tan evidente no debiera tener tanta exigencia burocrática.

Sentencias gravemente contradictorias

Debo recordar que otros jueces en este mismo tema, han sentenciado de un modo realmente inconcebible.

En 2007 presenté este caso ante el TEP presidido por el entonces presidente del STJ Dr. Zavala Rodríguez, quien, junto a los jueces Dra. Etcheverry y Dr. D. Flores, la rechazó por no ser su competencia sino del STJ.  El 2009 presenté el caso ante el STJ; sus miembros, Zavala Rodríguez, Novillo, Uría, Rubio y Gatica, me respondieron 20 meses más tarde, diciendo que el tema era competencia del TEP.  Por lo cual, en 2011 hice la presentación ante el TEP, en este caso presidido por la Dra. Novillo, quien declaró la incompetencia de ese Tribunal, la acompañaron en esa sentencia la Dra. Etcheverry y el Dr.J.L. Flores.

Cabe destacar, las contradicciones de los jueces Novillo y Zavala Rodríguez que, estando en el STJ dicen que la competencia es del TEP y cuando están en éste dicen que la competencia es del STJ.

¡Como para no pensar mal!

Lo que se pudo cambiar

En 2017 diputados de la oposición, recuerdo a Cacace y Rigau, presentaron un proyecto de ley para que se cumpla con los gobiernos municipales conforme la CP. El oficialismo no quiso aprobar toda la propuesta – seguramente por órdenes superiores-  por lo que se acordó solamente una parte. Así es como ahora Potrero de los Funes, El Trapiche, El Volcán y Carpintería son municipios con Concejo Deliberante.

Sostengo que no se necesita de una ley así, porque el Art. 4 de la ley RM ya citada, dice que al conocerse el resultado de un nuevo censo es el Poder Ejecutivo quien determina qué gobierno debe tener cada localidad. No hace falta una ley porque el Legislativo determinó que es el Ejecutivo el responsable de esa definición. Lo que nos dice que el fundamental incumplidor de sus obligaciones es el Poder Ejecutivo, el Gobernador de ese momento.

Lo que nos falta

De acuerdo al Art 250 CP y Art. 3 de la Ley RM, las localidades que por su población censada en 2010 deben ser gobernadas por una Comisión Municipal con Presidente y tres miembros son: Nueva Galia, Fortuna, Arizona, Fraga, Villa Larca, Beazley y Cortaderas.

Las localidades que deben contar más concejales que los actuales, según el Art.257 de la CP y el Art. 6 de la ley RM, son: Juana Koslay (de 9 a 10); La Punta (de 4 a 10); Quines (de 7 a 9); Candelaria (de 4 a 5); La Toma (de 7 a 9); Concarán (de 5 a 7); Sta. Rosa del Conlara (de 5 a 7). Destaco el caso de La Punta, con más habitantes que Juana Koslay, tiene 4 concejales en lugar de los 10 que les corresponde a ambas ciudades. Nada de esto se cumple desde 2010 y en algunos casos desde conocido el censo 2001.

Parece que pocos conocen estas normas, que otros no las analizan con los datos censales en la mano, otros deben saber todo, pero como el gobernador no quiere, no se animan, callan y obedecen.  

Lo muy preocupante

Es muy grave este accionar inconstitucional del Poder Ejecutivo y la “obediencia debida” de tantos miedosos. Pero me preocupa y mucho, el silencio de las autoridades municipales de esas localidades en todos estos años; el silencio e inacción de la dirigencia política oficialista y opositora, con las excepciones de los diputados ya nombrados, sin olvidar a muchos comunicadores sociales. ¿Cómo es posible que no hayan dado pelea? ¿Cómo es posible que no hagan docencia ante la ciudadanía para que entre todos logren que no se violen nuestros derechos ciudadanos? ¿Los docentes cómo enseñan estos temas en nuestras escuelas?  ¿Se animará alguno de todos ellos a intentar una explicación? ¿A sumarse a esta pelea?

Finalmente:

Este reclamo por la constitucionalidad plena en lo atinente a las autoridades municipales (hay otros temas más) no es una cosa vana y fútil.  El Art. 63 de la CP dice:

“En ningún caso y por ningún motivo o pretexto, las autoridades de la Provincia pueden  

 suspender la observancia de esta Constitución, ni la de la Nación o la efectividad de las

 garantías establecidas en ambas.”

Constitucionalistas consultados me dicen que eso de “las autoridades de la Provincia” le cabe a las de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Todos los que han actuado en ellos desde conocidos los censos 2001 y 2010 y que no han intentado al menos, que no se violen los derechos de los habitantes de tantas localidades sanluiseñas, son cómplices de esa violación.  Y cuando eso se tolera, aunque sea en un artículo o párrafo, se le abre paso al autoritarismo, al feudalismo.

SAN LUIS. Setiembre 2 de 2021.

UNA MÁS Y VAN …

 En varias ocasiones me he referido a la  Ley de Acceso a la Información Pública, V-0924-2015, tan  poco difundida y tan desconocida por el pueblo sanluiseño. Lamentablemente debo contar una vez más de cómo el Gobierno de la Provincia incumple esta ley con una persistencia digna de mejor causa. Seguir leyendo UNA MÁS Y VAN …