Pasa el tiempo

Ya son cuatro los años sin Defensor del Pueblo. Recién ahora, algunos legisladores se dan cuenta que el Dr. Toranzo es un  funcionario de facto. Pero hasta el 2007 el oficialismo  le recibió  sus informes anuales como si todo estuviese bien.

Hace casi cuatro años que vengo denunciando esta cuestión a través de la prensa sin reacción de quienes deben actuar. Hace  un año  que presenté denuncia,  sin que los jueces  que vienen pasando por el Juzgado Penal 3 de la Primera Circunscripción se hayan dedicado a resolver esta cuestión, pese al pronunciamiento de la fiscal Giménez. Y van unos ocho meses sin que el expediente aparezca.  Los denunciados conocen mi denuncia, pero como si nada.

En estos cuatro años el oficialismo gobernante usa este tema para mostrar su irrespeto a la constitución y a la ley.

Por qué pasa ésto.

Nace en  la vocación totalitaria y feudal de este gobierno familiar.  Tal como se ejerce el poder en él, estas cuestiones deben ser decididas y ordenadas por los hermanos  Adolfo y Alberto.  Y a ellos les molesta un buen Defensor del Pueblo. Por eso fueron  haciendo cambios. Primero dejaron de lado el que sea designado a propuesta de la oposición parlamentaria, para poner a gente de estricta dependencia  partidaria. Luego redujeron el mandato a un año. Ahora llevan cuatro años sin mover un dedo para designarlo. Por si fuera poco,  la Defensoría está seriamente amenazada con quedar sin empleados en la reforma del personal legislativo

Si la orden no viene de  arriba,  es  porque de arriba no quieren. Se acabó la discusión.

Habrá  orden ahora?

Dicen que hace unos días le llevaron al Gobernador la carpeta con los antecedentes de los candidatos. Dicen también,  que la carpeta volvió sin ser considerada.

No se reciben propuestas. Si se le ocurre designar uno, será fruto de sus caprichos (porque así gobierna) y es probable que ese alguien llegue para seguir destruyendo la institución.

No sería de extrañar que se esté haciendo tiempo hasta que una nueva constituyente haga cambios más profundos a las funciones y estructura de la Defensoría del Pueblo. O la borre.

La defensa.

Debemos estar muy atentos  a la defensa de esta institución republicana y democrática, porque la destrucción seguirá. Los legisladores oficialistas carecen de ideas, de capacidad de maniobra, de vocación democrática como para oponerse a una decisión de sus  mandamases.

Desde que esto comenzó, son  muy pocos los dirigentes o legisladores que se interesaron en resolver el problema. No los vice gobernadores, ni los presidentes de Diputados y Senadores  que debieron recordarles, exigirles a los legisladores cumplir con la ley.   Ni siquiera los que hoy andan a los codazos para que los jefes los tengan en cuenta.

Cobardes  a la hora de defender la defensoría, hoy sólo se animan a mostrarse. Nunca a tomar una iniciativa.

El pedido.

Sr. Gobernador y presidente del partido gobernante: dé la orden necesaria para que sus legisladores  hagan lo que deben hacer.

Legisladores oficialistas:  lean la Constitución y las leyes que nos rigen, sepan que ustedes son un poder autónomo, no una dependencia partidaria.

Al pueblo sanluiseño: la Defensoría del Pueblo es un avance en nuestra democracia, nos la merecemos y la necesitamos. Exijamos ya un defensor del pueblo conforme a ley. Después lo controlaremos en su tarea frente a las muchas falencias de la administración pública provincial.

Y recordemos todos en el futuro, qué papel cumplieron todos estos funcionarios  en este tema y qué hicieron con su juramento de cumplir con la constitución y la  ley.

SAN LUIS. Diciembre 8 de 2008

La semana pasada se cumplieron cuatro años de la renuncia del Dr. Jorge Aníbal Sopeña  como Defensor del Pueblo por haberse cumplido su mandato sin que se designara reemplazante.  Quedó a cargo en forma interina el Dr.Héctor Daniel Toranzo y a quien también se le venció el mandato en la misma fecha por ser el Adjunto de Sopeña.

El mandato del Defensor es de un año, el interinato de Toranzo lleva ya cuatro. Lo que configura una flagrante violación de la ley,  un delito.

Los responsables  son la ex vice gobernadora Blanca Pereyra; el actual vice gobernador Jorge Pellegrini,  la presidente del Senado Antonia Salino, el presidente de Diputados Julio Vallejos y los legisladores oficialistas. Y Toranzo, que sigue atornillado a su interinato.

A  ellos les inicié en noviembre de 2007 una denuncia  por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Tras unos cuantos meses el expediente pasó a la Fiscal Dra. Giménez quien dictaminó  le pertinencia de la denuncia. Fui llamado a ratificarla y así lo hice.

Ahora, cuando pido por segunda vez pronto trámite,  el expediente no aparece. Se trata del Expediente 2787/07 MORENO, Luis Alberto s/Denuncia, y estaba radicado en el Juzgado Penal  Nº 3 en aquel momento a cargo de la jueza interina Gregoraschuck y ante su renuncia, estos expedientes se sortean entre quienes atienden por turnos ese juzgado. ¿Sabrán los jueces Sabaini Zapata y Esley de la pérdida de este expediente? ¿Sabrán que existe? ¿Habrá alguien en nuestra justicia provincial con el coraje suficiente como para  ponerlo en circulación para que se resuelva? ¿O será que cualquier otro delito penal es más importante que la violación de la ley por los representantes del pueblo?

Es curioso esto que pasa con las denuncias que afectan a funcionarios provinciales. Mientras éstos abierta y desembozadamente demuestran que no tienen el menor interés en cumplir con la ley, otros  muchos callan o  miran para otro lado.

Al pueblo de San Luis, le pido que por favor mientras transita por nuestras calles vea si atrás de un árbol aparece  el expediente  2787/07 del Juzgado Penal Nº 3. En ese caso, ¡avísenme por favor!

SAN LUIS. Noviembre 11 de 2008