Cómo debe ser la Defensoría del Pueblo

Finalmente parece que terminó la siesta de quienes deben designar al Defensor del Pueblo de nuestra provincia. Aún cuando el expediente con mi denuncia penal sigue perdido vaya a saber en qué despacho o en qué basurero; los diputados oficialistas tuvieron un súbito ataque de legalidad y rechazaron el informe de actividades presentado por  Toranzo.  Muchos de quienes rechazaron este informe 2008  parecen haberlo olvidado que lo aceptaron en años anteriores.  Porque  Toranzo es un defensor de facto  gracias a la complicidad  de las autoridades legislativas y de los legisladores oficialistas.

Y como ahora se habla de cumplir con la ley,   es oportuno  recordar cuáles son las funciones del Defensor del Pueblo. Tanto la Constitución Provincial en su art. 235 como la ley VI-167/2004 repiten el mismo texto:

“…cuyo objetivo fundamental es proteger los derechos e intereses públicos de los ciudadanos y de la comunidad, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial, o sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente e inoportuno de sus funciones. Tiene, asimismo  a su cargo la defensa de los intereses difusos o derechos colectivos, que no pueda ser ejercida por persona o grupo en forma individual…”

Es decir  que el Defensor del Pueblo defiende a éste de lo que el Gobierno Provincial no

hace o hace mal.

Precisamente por esto y en un nunca más repetido rapto de espíritu  democrático,  el oficialismo gobernante permitió que el primer Defensor del Pueblo fuese propuesto por los legisladores de la minoría.  Así fue como fue elegido el Dr. Juan Cristóbal Barbeito, de muy bien recordada actuación.

Pero tras la experiencia inicial, este cargo pasó a ser parte del reparto de premios en la fuerza gobernante. Y todos los posteriores Defensores salieron de las filas partidarias del oficialismo.  Y con ellos la defensoría pasó a mirar para cualquier otro lado, menos hacia los errores u omisiones del gobierno.  Como tantos otros, mostraron un temor reverencial a molestar al Gobierno, porque eso era casi un agravio para el hermano de turno en la gobernación.

Los  que hoy se autoproclaman como candidatos vienen por el lado de punteros del armado electoral del oficialismo,  incluso con actuación pública no muy destacable.  Es imposible pensar que quienes hoy aparecen como candidatos vayan a efectuar fuertes reclamos y exigencias al gobierno del que son parte..

Pero de a poco, conociendo el marco legal  y con la insistencia de todos en reclamar por más y mejor  democracia, iremos logrando el objetivo de la vigencia de nuestras instituciones para lo que han sido pensadas y creadas.

Los responsables de esta situación debieran como mínimo, efectuar su autocrítica y corregir al menos dos cuestiones en la ley vigente: 1* Ampliar el mandato, porque un año es una verdadera burla y 2* Definir que el defensor surja de candidatos ajenos a la vida política partidaria.

A la democracia la vamos a mejorar, sólo con más democracia y con toda la fuerza de nuestras convicciones en usarla como medio para construir el bien común, por fuera de las lamentables vocaciones de poder perpetuo de grupos o de familias.

SAN LUIS. Noviembre 19 de 2008

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