No sería mala idea la de tomar examen de constitución y leyes  para el campo específico en el que aspiren a desarrollar su vocación política todos nuestros  funcionarios y legisladores.

Porque esto de ignorar lo legislado, no mostrar interés por conocerlo, de  actuar  a su antojo y por fuera de lo legal, es una larga y muy transitada vía política en el feudo provincial creado por Adolfo y Alberto Rodríguez Saá.

Y de tanto que ocurre,  muchos se acostumbran o resignan, a otros les parece natural, otros creen que la ley es una traba para hacer, mientras que la mayoría crece y vive desconociendo qué son las instituciones de nuestra democracia republicana y cuáles son nuestros deberes y derechos en ella.

Dentro de esta triste realidad, una vez más debo referirme a lo que pasa con la democracia en las localidades sanluiseñas.

Ya sabemos que desde el momento en que se conocieron los datos del censo nacional 2001, el gobierno provincial convocó mal a elecciones municipales en ocho localidades. Nunca una respuesta del gobierno y el Superior Tribunal de Justicia prefirió contradecirse en sus sentencias, antes que  defender la constitución.

Conocidos recién el año pasado los datos definitivos del censo 2010, cambian las localidades perjudicadas, pero la política es la misma.

Lo que se ignora

Esta semana nuevamente el Senado provincial dejó sin tratar el proyecto de ley que aprobó Diputados para intervenir El Trapiche y  convocar a elecciones incluyendo concejales. Según lo informado por  LA GACETA ON LINE, hay discrepancias entre los  nueve senadores, todos oficialistas.

Según este medio la senadora por el Departamento Coronel Pringles Gregoria Torres,  habría expresado que los senadores legislarían para que no solo El Trapiche, sino también todos los pueblos que ya tienen la población necesaria, elijan su  Concejo Deliberante.

Expresiones que no sino cabal demostración de ignorancia de la ley de Régimen Municipal XII-0349-2004, cuyo artículo  4º expresa que una vez conocidos los resultados de cada censo, es el Poder Ejecutivo quien determina qué tipo de gobierno municipal elige cada localidad.

No hace falta una ley senadora Torres, senadores provinciales, lean con lectura comprensiva  la que ya existe y exijan al gobernador que la cumpla.

Es de larga data ese incumplimiento de la ley, tanto como de la norma constitucional en la que se inspira.

Las excusas.

El Gobierno Provincial, el feudo,  ha sabido callar las más de las veces en este tema y cuando no pudo eludir una respuesta, usó como excusa que crear todos los concejos deliberantes que manda la ley,  significa un gran gasto. Si este argumento presupuestario es válido y aceptado mayoritariamente que se jueguen a cambiar la constitución. Porque ningún constitucionalista puede  avalar lo que se hace en San Luis. Y lo que se nos hace es violar nuestros derechos a un gobierno que se ajuste estrictamente a lo legal.  Nadie en una república tiene facultad para dejar el pacto constitucional de lado, cualquiera sea la excusa que se emplee.

¿Además, cuál es el costo final de no respetar  la vida republicana? El vivir en una dictadura, con ropaje democrático. Que es justamente a lo que nos han llevado los Rodríguez Saá y los suyos.

 Días atrás el Ministro de Gobierno Sr. D’Onofrio intentó justificar la negativa oficialista a elegir los concejos deliberantes que corresponden diciendo que no hay resultados definitivos del censo 2010.

Miente el Ministro D’Onofrio, porque los resultados definitivos están publicados en la página web del INDEC. No puede ignorarlos. Como será que se conocen, que advirtieron el grueso error consignado en la población de Fortuna y elevaron al INDEC un reclamo aún no atendido.

 Otros casos.

No es la forma de gobierno municipal para nuestras localidades el único aspecto en el que hay ignorancia, despreocupación o desapego por lo legal.

La misma ley de régimen municipal antes citada, señala en su artículo 9º que” Los miembros de una Municipalidad no pueden ser parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad…”

Pese a lo claro de la redacción la hoy senadora Dominga Torres cuando fue intendenta de La Toma nombró a su hija como Secretaria de Gobierno.

Unos años después y siendo Intendenta de Unión la Sra. Marta Fernández, su esposo Arnaldo Schultze fue concejal y Presidente del Concejo Deliberante y como tal intervino en la aprobación por ejemplo, de las rendiciones de cuenta de su esposa. Una situación intolerable en cualquier democracia que se precie de tal, pero propiciada, aprobada y silenciada por todo el gobierno.

Surge así,  con claridad meridiana que no hay conocimiento de la ley en dirigentes, gobernantes y legisladores. O que hay vocación totalitaria.

Una propuesta.

Si la cuestión presupuestaria es tan importante,  hay que resolverla. Para ello nada mejor que tener presente que los municipios han constituido los primeros pasos en la organización del estado moderno tal como lo conocemos. Por lo tanto escuela inicial de democracia y de república y también  de participación y compromiso con esas instituciones y con la política.

De ahí que los legisladores podrían introducir un par de artículos a la ley que nos ocupa, determinando que en todas las localidades, excepto las que tienen Carta Orgánica, los cargos de concejales  y de comisiones municipales excepto su presidente, sean honoríficos, no remunerados.

Lo cual no es una exageración, porque no tienen gastos de traslado, ni se radican lejos de sus domicilios para cumplir sus obligaciones. Tampoco el cargo de concejal les impide el ejercicio de sus trabajos o profesiones.

Sería también una demostración de la vocación política por  servir,  por sobre la idea de política como modus vivendi.

Cuando hay sentido de pertenencia a la república y amor a la democracia aparecen las soluciones. Lo que no tiene perdón es la persistente imposición a vivir  fuera de la ley.

Y la complicidad. Y el silencio.

                                            SAN LUIS. Octubre 9 de 2014