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IGUAL O PEOR

Desde 2007  vengo denunciando los gobiernos provinciales no cumplen con otorgar y garantizar a varias localidades sanluiseñas el tipo de gobierno municipal y cantidad de concejales que les corresponden a cada una.

Cuestiones que están determinadas en el Capítulo XXVI REGIMEN MUNICIPAL de nuestra Constitución Provincial  y reglamentadas por la Ley XII-0349-2004. Las formas de gobierno municipal son cuatro: Delegación Municipal, Intendente Comisionado, Comisión Municipal y Municipalidad con Concejo Deliberante.  Todo conforme la población censada; lo mismo que la cantidad de concejales cuando corresponde.

Para lo cual el artículo  4° de la citada ley expresa: “El Poder Ejecutivo determinará después de cada censo, los nuevos lugares donde corresponda Municipalidad, Comisión o Comisionado.”

Pues bien, cumplidos los censos de 2000, 2010 y 2022, ningún gobernador cumplió con este artículo, por consiguiente se convoca a elecciones municipales sin cumplir con la Constitución.

Ya me referido en muchas ocasiones a lo ocurrido anteriormente [1], hoy me refiero solo a lo más reciente.

1* Nota al Ministro Endeiza.

El 24 de junio de 2024, junto con el Esc. Eduardo G. Mones Ruiz por el Expte 7240760/24  le recordamos al entonces Ministro de Gobierno Endeiza, la obligación de cumplir con el Art 4° de la ley de Régimen Municipal. Además, con los datos oficiales  del censo 2022, detallamos el tipo de gobierno y cantidad de concejales que debía tener cada localidad. Días después, en una audiencia el ministro Endeiza expresó que estaba al tanto del tema por indicación del Director de Asuntos Municipales CPN Amondarain y que coincidía en un todo con lo expresado en la nota mencionada.

2* Convocatoria Electoral

El 30 de diciembre de 2024 se emitió el decreto 14010-MG-2024 convocando a elecciones para el 11 de mayo pasado. Con las firmas del Gobernador Poggi y del Ministro de Gobierno Amondaraín, quien reemplazó a Endeiza. Desagradable sorpresa al conocerla, ya que pese a los dichos de Endeiza, la convocatoria en lo municipal continuaba con la violación de la manda constitucional.

3* Los incumplimientos.

En primer lugar, el Poder Ejecutivo, Gobernador Poggi, no cumplió con el art 4°ya citado. De ahí que Nogolí y Beazley eligieron Intendente Comisionado en lugar de la Comisión Vecinal que les corresponde. Y se mantienen los siguientes errores en cuanto a cantidad de concejales:

  1.  Candelaria, El Volcán, El Trapiche, Luján, Buena Esperanza, Unión y Naschel, siguen con

cuatro concejales cuando les corresponde cinco.

  • Concarán, Tilisarao y Santa Rosa del Conlara continúan con cinco concejales, cuando les

corresponden siete.

  • La Toma y Quines siguen con siete concejales en lugar de los nueve que deben tener.
  • Juana Koslay sigue con nueve concejales cuando debe tener diez.

4* Destacable

Desde los Concejos Deliberantes de La Punta y Potrero de los Funes, surgieron peticiones  para que el gobierno convocara a elegir concejales adecuándose a la Constitución. Así La Punta eligió cinco concejales en este año y hará lo mismo en  2027 completando los diez que les corresponde. Potrero de los Funes eligió tres este año, llegando así a los cinco que le son propios.

Fue por iniciativa de los concejales, no por el cumplimiento de la obligación del Poder Ejecutivo Provincial, que no dio explicación alguna.

4* Silencio generalizado

Es lamentable el silencio que existe en cuanto este tema. Autoridades, legisladores, toda la dirigencia política están obligados a conocer el marco constitucional y la legislación que reglamentan sus tareas.  Se viola la constitución, se atenta contra la república, se pisotea a la autonomía municipal y los derechos civiles de muchos sanluiseños. ¿Por qué no hay más reacciones? Es una mezcla de ignorancia, autoritarismo, miedo e indiferencia .

Rescato la sanción de la ley XII.966-2017  propiciada por legisladores del radicalismo que lograron que El Trapiche, Potrero de los Funes, El Volcán y Carpintería sean ya Municipios. Pero esta ley no incluyó a las Comisiones Municipales, ni tampoco la cantidad correcta de concejales. Cosas, quizás, propias de la negociación parlamentaria; como si cumplir con la constitución sea un tema negociable.

Tampoco los medios de comunicación le han dado a esta inconstitucionalidad la importancia que tiene. Digo esto, porque entiendo que este tema no es noticia pasajera,  sino para una campaña persistente que lleve a que las autoridades respeten cabalmente las instituciones republicanas con democracia.

5* Pedido de Información.

Ante esta convocatoria irregular, y amparados en la Ley V-0924-2015 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, con el Esc. Eduardo G. Mones Ruiz iniciamos el 17 de febrero pasado, el Expte 21070390/25 dirigido al Gobernador Poggi, pidiendo conocer “…las razones o los fundamentos legales que sostienen una convocatoria como la del decreto 14010/24, incumpliendo, violando la Constitución y la Ley de Régimen Municipal” y con ironía agregamos:  ”Hay acaso alguna legislación secreta  que le permite al gobernador y su equipo a dejar de lado la Constitución y la ley”.

El Gobernador tuvo un plazo legal de diez (10) días hábiles para responder un pedido así. No lo cumplió. Tras varias consultas se nos informó que el expediente fue girado a Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno. Allí, el 17 de marzo, el Abogado Laborda Claverie, respondió diciendo que el día 20 de ese mes daría la respuesta.

Sin novedades, el 25 de marzo por Expte.7240760/25, con referencia al Expte 2170390/25; con el Esc. Mones Ruiz nos dirigimos nuevamente al Gobernador Poggi para reclamar por su falta de respuesta, recordándole que la Ley de Acceso a la Información Pública en su art. 10 define como grave la falta de respuesta, pasible de sanciones según los Códigos Penal y Civil de la Nación.

El dictamen de Laborda Claverie, si bien fechado el 20 de marzo, recién nos fue enviado por correo electrónico el 3 de julio. Una respuesta que debía darse en diez días hábiles llegó casi cuatro meses más tarde.  Ni el gobernador, ni el ministro, ni el asesor intentaron una disculpa o justificación por esa demora

6* La respuesta del Asesor Legal

Debo recordar que los expedientes citados, uno al ex Ministro Endeiza y luego dos al Gobernador, se refieren a autoridades y legisladores municipales. Los dos expedientes enviados al gobernador citan los anteriores, para que quienes deban responder conozcan todo el historial.  Recordándosele al Gobernador su juramento en cuanto a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes y también, el art. 63 de nuestra Constitución que dice “En ningún caso y por ningún motivo o pretexto, las autoridades de la provincia pueden suspender la observancia de esta Constitución, ni la de la Nación o la efectividad de las garantías establecidas.”

El dictamen del asesor no se responde al tema que nos ocupa. Cita a la Constitución Provincial en los capítulos referidos a Cámara de Diputados, Cámara  de Senadores y Régimen Electoral. Cita también las leyes Electoral Provincial, de Actualización del Sistema Electoral, de Paridad de Géneros en ámbitos de representación política y de Procedimientos Administrativos. Ninguno de esos textos constitucionales y legales se refiere específicamente a lo requerido.

Nada dice el asesor del Capítulo XXVI de la Constitución que ordena lo municipal, nada dice de la Ley de Régimen Municipal; único tema de las presentaciones que debía dictaminar.

¿Será que no le enviaron todo el historial o que no lo leyó? Elude cuidadosamente el tema específico. Lo que entiendo surge de la imposibilidad de explicar o fundamentar el incumplimiento de la manda constitucional, buscando desviar la atención y así “salvar” al gobernador Poggi, al ministro Amondarain y a todos los que intervinieron en la promulgación del decreto 14010-MG-2024; de las responsabilidades que les son propias. Nada dice del Art. 63 de la constitución.

7* La continuidad

Esta cuestión y mis reclamos llevan ya años. Nunca nadie (gobernadores, ministros, jueces, intendentes, concejales, legisladores provinciales, dirigentes políticos oficialistas u opositores) dijo que estoy equivocado.  Nunca nadie inició acción alguna contra mis afirmaciones. Las respuestas han sido mayormente de silencio, contradictorias o con lamentables evasivas.

No estamos ante una cuestión menor, se destruyen el republicanismo, la vida democrática y los derechos civiles.  Y se evidencia con claridad la formación política del gobernador y de muchos de su equipo, en la escuela feudal y autoritaria de los hermanos Rodríguez Saá. Hay quienes creen estar por encima del marco legal.  Igual que antes, pero peor porque hoy se alardea de republicanismo y democracia.

Como se dice en El Gatopardo, “es necesario que todo cambie, para que todo siga igual”

SAN LUIS. Julio 14 de 2025


[1] En esta web pueden encontrar mucha más información dl tema.  https://www.tochimoreno.com.ar/category/elecciones-municipales/

SILENCIO QUE ATURDE

Con distintos fundamentos en cada caso, el Senado Nacional rechazó la designación de los Dres. Lijo y García Mansilla, como miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tras ello se especuló y mucho, en cuanto a si García Mansilla continuaría como integrante en comisión hasta noviembre en virtud al decreto presidencial que así lo designó.

Esta posibilidad motivó una fuerte postura de un numeroso número de destacados profesionales del derecho que se identificaron como “profesores, docentes e integrantes del ámbito académico – jurídico de todo el país…” solicitándole a García Mansilla que renuncie a su cargo a raíz del fuerte rechazo a su candidatura.

Entienden los firmantes que la eventual continuidad de García Mansilla en la Corte Suprema, marcaría una situación por fuera del derecho vigente en Argentina y de espaldas a lo que se enseña en las universidades, diciendo: “No estamos dispuestos a aceptar que la enseñanza del derecho se convierta en nuestro país en un relato de ficción.”

Afirmación clara y categórica, que no muestra fisuras dado el prestigio docente y profesional de los firmantes, que pertenecen a distintas corrientes del pensamiento político nacional.

Finalmente, el Dr.  García Mansilla renunció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

No puedo dejar de vincular esos dichos, con lo que estamos soportando en San Luis en cuanto a la violación del mandato constitucional y legal e insistir, una vez más, en reclamar la plena vigencia las instituciones republicanas en San Luis.

Nuestra realidad.

Llevo ya mucho dicho y escrito, desde 2007, acerca de cómo el gobierno provincial en los mandatos de Alberto Rodríguez Saá y Claudio Poggi, no cumple con el Art 250 de nuestra Constitución que otorga a las localidades que tengan entre 801 y 1500 habitantes censados un gobierno municipal ejercido por una Comisión Municipal de cuatro miembros. Por lo cual y de acuerdo al Censo Nacional de 2020, Anchorena, Arizona, Fortuna, Balde, Beazley, Nogolí, Villa de la Quebrada, Fraga, Villa del Carmen y Los Molles; deben tener esa forma de gobierno municipal

A su vez, el Art. 257 fija la cantidad de concejales que deben tener los municipios, también según su población censada. Lo que no ocurre en varias localidades provinciales.

El mandato constitucional está reglamentado por la ley XII-0349-2004, cuyo Artículo 4° expresa: “El Poder Ejecutivo determinará después de cada censo, los nuevos lugares donde corresponda Municipalidad, Comisión o Comisionado.”

Desde que se sancionó esa ley, ningún gobierno provincial cumplió con este artículo. Solo y por iniciativa de diputados del radicalismo, se logró por ley que Potrero de los Funes, El Volcán, El Trapiche y Carpintería, se conviertan en municipios con concejo deliberante.

A mi criterio es mucho más que incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es un delito contra la institucionalidad republicana y democrática.

Esta inconstitucionalidad la expresé en notas periodísticas, en denuncias ante la justicia, en cartas documentos y notas a Rodríguez Saá, Poggi y algunos de sus ministros. Nunca nadie señaló que mi reclamo es injustificado o erróneo. Solo silencio y de parte de miembros del Superior Tribunal de Justicia entre 2007 y 2011, excusas a través de sentencias que además, fueron contradictorias en el caso de los ex jueces Zavala Rodríguez y Novillo.

Me pregunto

Releyendo lo expresado por los juristas y docentes en relación a lo ocurrido en el Senado nacional y frente a la inconstitucionalidad en San Luis, me permito interpelar, amable pero firmemente:

  • ¿El Consejo Superior de la UN de San Luis que tantas veces se ha expedido ante

situaciones de importancia o gravedad en el país, no tiene nada que decir ante esto?

  • ¿El Consejo Directivo de la Fac de Cs. Económicas, Jurídicas y Sociales de la UN

de San Luis y los profesores de su carrera de Abogacía, no tienen nada que decir, nada que ejemplificar a sus alumnos?

  • ¿Los docentes de la carrera Prof. de Educación Secundaria en Ciencia Política del

Instituto de Formación Docente Continua de San Luis, no hablan de esta realidad provincial?

  • ¿Los docentes específicos del nivel secundario, tampoco pueden hablar del tema?
  • ¿Los miembros de la Justicia Provincial tampoco pueden decir o actuar ante esta

violación y su consecuencia en los derechos civiles de tanta ciudadanía provincial?

  • ¿Los colegios de abogados o simplemente algún grupo de ellos, nada tienen que

decir en defensa de la vida republicana con democracia?

  • ¿La dirigencia y militancia política no saben de ésto, no les interesa dar ejemplo de

exigir plena vigencia de la constitución y sus leyes?

  • ¿El periodismo nacional y provincial, siempre encontrará noticias y chismes que

sean más importantes que la violación de la constitución?

  • ¿Qué les pasa a todos, no conocen la constitución y leyes reglamentarias, no les

interesa, les conviene que así sea o tienen miedo?

Demasiadas preguntas sin respuesta desde hace años.

Demasiada ignorancia del Artículo 63 de nuestra Constitución: “En ningún caso y por ningún motivo o pretexto, las autoridades de la Provincia pueden suspender la observancia de esta Constitución, ni la de la Nación o la efectividad de las garantías establecidas.”

Finalmente

Aturde el silencio generalizado ante este escándalo constitucional nuestro. Aturde, duele y enoja.

Si una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones; digo que la vida republicana argentina, tiene la debilidad republicana que vivimos en San Luis.

Si los que saben, pueden y deben, ignoran, tapan oídos, sellan labios y cruzan brazos, estarán enseñando a todos y en especial a las jóvenes generaciones, que la Constitución y sus leyes pueden ser manoseadas y pisoteadas al antojo y conveniencia del autoritarismo de turno en el gobierno.

SAN LUIS. Abril 7 de 2025.

¿QUIÉN LE PONE EL CASCABEL AL GATO?

Tal como viene ocurriendo desde hace décadas, estas elecciones del 11 de mayo no cumplen con nuestra Constitución Provincial, ni leyes reglamentarias.

Me he ocupado del tema  en www.tochimoreno.com.ar/eleccionesmunicipales.  Con notas enviadas al periodismo (con escasa difusión), denuncias ante la justicia, cartas documentos y cartas abiertas a gobernadores y notas a ministros, etc.

Nunca nadie, ni funcionarios, ni jueces, ni dirigentes políticos dijeron que mi exigencia estaba equivocada. Nunca. Prevaleció el silencio, los jueces del Superior Tribunal de Justicia entre 2007 y 2011, se declararon incompetentes contradiciéndose en sus sentencias.

Lo que no se cumple

Desde 2005 no se convoca a elecciones para constituir Comisiones Municipales de cuatro miembros, en las localidades que tengan entre 801 y 1500 habitantes censados – Art. 250 de la Constitución. En este año debieran elegir esas comisiones Anchorena, Arizona, Fortuna, Balde, Beazley, Nogolí, Villa de la Quebrada, Fraga, Villa del Carmen y Los Molles. Tampoco se cumple con el Art. 257 de la Constitución que determina la cantidad de concejales, según la población censada. Son varias las localidades provinciales cuyos Concejos Deliberantes deben tener más concejales que los actuales.

Esta inconstitucionalidad en la convocatoria se completa con el incumplimiento de la ley que reglamenta lo constitucional, es la ley XII-0349-2004, cuyo Artículo 4° expresa: “El Poder Ejecutivo determinará después de cada censo, los nuevos lugares donde corresponda Municipalidad, Comisión o Comisionado.”

Ni el Gobernador Alberto Rodríguez Saá en todos sus mandatos, ni el gobernador Claudio Poggi en el suyo anterior, dieron cumplimiento a esta clara y categórica exigencia legal.

Para esta elección.

El último Censo Nacional fue en el 2020, pero los datos finales correspondientes a la población por localidades recién se conocieron a mediados del año pasado. Por eso, con el Escribano Eduardo Gastón Mones Ruiz presentamos el 24 de julio de 2024 por Expte 7240760/24 una nota al entonces Ministro de Gobierno Facundo Endeiza, en la que explicábamos, de acuerdo a nuestro análisis, qué tipo de gobierno municipal y qué cantidad de concejales les correspondía a nuestras localidades provinciales. Al tiempo que le recordamos la obligación de cumplir con el articulo ya señalado de la ley de Régimen Municipal.

En suma, recordamos lo que los gobernantes deben conocer sobradamente: el marco legal de nuestras instituciones republicanas.

En una reunión con Endeiza, {este  expresó estar en pleno conocimiento del tema junto con el Director de Municipios CPN Gonzalo F. Amondarain. Tiempo después y luego de la renuncia de Endeiza y de su reemplazo por Amondarain; se conoció el Decreto 14010-MG-2024 convocando a elecciones para el 11 de mayo próximo.

Esta convocatoria nuevamente repite esa vieja omisión y priva, una vez más, a muchas localidades de sus legítimos derechos civiles de tener las autoridades que la Constitución y leyes les otorgan.

Pedido de información

El 17 de febrero de este 2025 y por Expte 2170390/25, junto con el Escribano Mones Ruiz le pedimos al Gobernador Claudio Javier Poggi, tras amplia fundamentación, que nos dé las razones o fundamentos para convocar a elecciones sin cumplir lo constitucional en cuanto a autoridades y legisladores municipales. También que nos diga si existe alguna legislación secreta que le permita al gobernador dejar de lado la Constitución.

Ese pedido de información se sostiene en la ley de Acceso a la Información Pública V-0924- 2015; sancionada a partir de un proyecto presentado por Poggi en su anterior mandato.

El Gobernador tenía diez (10) días hábiles para responder. No lo hizo. No obstante esperamos más tiempo, como si nos hubiera pedido y nosotros aceptado, la prórroga que la ley habilita. Tampoco respondió.

El lunes 17 de marzo a las 09:05 am, me comuniqué con Asesoría Legal de la Gobernación. Quien me atendió, el abogado Laborda Claverie,  me expresó que el jueves 20 tendríamos la respuesta. Tampoco llegó, ni a esa fecha, ni a la presente.

¿Será que no tienen cómo fundamentar su irrespeto a la Constitución y la ley?

Finalmente

Esta ley de Acceso a la Información Pública, habilita a acudir a la justicia con una Acción de Amparo. Trámite que requiere la intervención de un abogado, lo que resulta demasiado oneroso, además de lento y de resolución no segura según mi experiencia. Lo mismo pasa con la denuncia de inconstitucionalidad.

El 25 de marzo, nos dirigimos nuevamente por nota al Gobernador Poggi, recordándole que su falta de respuesta es considerada por la misma ley como grave y la encuadra según los Códigos Civil y Penal de la Nación. Le informamos también que no acudiríamos a la justicia, por lo ya dicho.

No es extraña una actitud así de parte del Gobernador Poggi, porque este autoritarismo de decidir qué gobiernos deben tener nuestras localidades  según su gusto y  por fuera del mandato republicano y constitucional,  y en no responder al pedido de información de dos ciudadanos, es algo que debe haber aprendido cuando  fue fiel funcionario de los gobiernos de Adolfo y Alberto Rodríguez Saá, sus maestros como tantas veces dijo.

Lo que sí es extraño, y lamentable, es el silencio de los que saben, pueden y deben reaccionar. Me refiero a toda la dirigencia política, oficialista y opositora. Porque tienen la obligación republicana y democrática de elevar su voz a lo largo y ancho de San Luis, para denunciar y convocar al logro de la plena vigencia de todas las estructuras de gobierno que nos corresponde.

Desconozco si ante una inconstitucionalidad así de evidente, desde la justicia alguien puede actuar de oficio.

Para mayor información de gobernantes y gobernados, me permito recordar el Artículo 63 de nuestra Constitución: “En ningún caso y por ningún motivo o pretexto, las autoridades de la Provincia pueden suspender la observancia de esta Constitución, ni la de la Nación o la efectividad de las garantías establecidas.”

 Estamos claramente, ante un delito persistente y muy grave. Pero…

¿Quién le pone el cascabel al gato?

San Luis. Marzo 31 de 2025

GATOPARDISMO SANLUISEÑO

GATOPARDISMO SANLUISEÑO

En el Boletín Oficial del día de hoy, se publicó el Decreto 14010-MG-2024, firmado por el Gobernador CPN Poggi y el Ministro de Gobierno CPN Amondarain, por el cual  se convoca para el 11 de mayo a elecciones provinciales y municipales.

Las alarmas que me despertó en su momento el adelanto del tema por la Agencia de Noticias del gobierno, se confirman al leer este decreto, por cuanto se sigue la política vigente desde hace décadas en incumplir el mandato constitucional en lo atinente a las autoridades municipales.

Incumplir la constitución es violarla, lo que configura un delito que en este tema electoral se viene dando sostenidamente en cada convocatoria electoral desde el 2005.

La esencia del problema

La Constitución, en su Capítulo XXVI y  artículos 249 a 252 y 256,  determina qué tipo de gobiernos municipales existen y el artículo 257 precisa la cantidad de miembros  que debe tener cada Concejo Deliberante. Todo lo cual se determina mediante la población censada oficialmente.

El artículo 249 dice que esto se hará mediante ley. Pues bien, sólo hay una ley en esta cuestión, la XII-0966-2017 creando las Intendencias Municipales de Potrero de los Funes, El Volcán, Carpintería y El Trapiche.

No hay otra ley, porque el Legislativo mediante la Ley de Régimen Municipal XII-0349-2004 Art 4°, pasa esa responsabilidad al Ejecutivo diciendo: “El Poder Ejecutivo determinará después de cada censo, los nuevos lugares donde corresponda Municipalidad, Comisión o Comisionado.

Pues bien, no se conoce decreto alguno que cumpla con esa obligación desde que se conocieron los últimos censos nacionales.

Claro y categórico incumplimiento de sus obligaciones legales por todos los gobiernos anteriores desde la reforma constitucional de 1987.

Cuando digo todos los gobiernos quiero decir exactamente eso,  todos los gobiernos.

El que no se haya cumplido con el mandato constitucional de garantizar que cada localidad tenga el gobierno municipal que debe tener legalmente es culpa de gobernantes, legisladores, dirigentes que han   dejado de lado y pisoteado nuestra Constitución. También de jueces que no actúan de oficio ante algo tan flagrante, ni de los que ante mis denuncias de inconstitucionalidad se declararon incompetentes con sentencias contradictorias impropias de esos cargos.

Último recordatorio.

El pasado 24 de julio, junto con el Esc. Eduardo Mones Ruiz presentamos una nota al anterior Ministro de Gobierno Facundo Endeiza, por la que le recordamos la manda constitucional a cumplir, precisando en base  a los resultados del censo 2022  qué gobierno y cantidad de concejales le correspondían a cada localidad.

Días después en una audiencia a la que no pudo concurrir el Esc. Mones Ruiz, ese ministro me expresó que estaba de acuerdo con nosotros y que el entonces responsable de Asuntos Municipales, CPN Amondarain ya le había expresado lo mismo.

¿Qué pasó…

… con la nota recibida y aceptada en su contenido por el ex Ministro Endeiza?

Porque el Decreto 14010 persiste en la inconstitucionalidad en la convocatoria electoral para  el 11 de mayo.

 ¿La habrá leído el Gobernador Poggi? ¿Se discutió en reunión de gabinete? ¿Quiénes y cómo  d  ecidieron no cumplir con el Art 4 de la ley de Régimen Municipal? ¿Quién decide hacer una convocatoria así?  ¿Será cierto que el  nuevo ministro de Gobierno, Amondarain, coincidía con lo expresado en nuestra nota.? ¿Quién lo convenció o solo debió obedecer?

Síntesis

1* Conocido el Censo Nacional 2022 no se dictó la norma que determine qué tipo de gobierno y cuántos concejales le corresponde a cada localidad, según su población. Lo que debió hacer antes de convocar por el Decreto 14010.

2* No se convoca para ninguna Comisión Municipal, Art. 250 de la Constitución. Deben tener esa autoridad municipal Anchorena (810 Hab.); Arizona(976 Hab.),   Fortuna (969 Hab.); Balde (853 Hab.); Beazley  (831Hab.); Nogolí  (1.175 Hab.); V. de la Quebrada (1.162 Hab.); Fraga  (1443 Hab.); Villa del Carmen  (870 Hab.) y Los Molles (1,497 Hab). Todas estas localidades siguen con Intendente Comisionado.

3* Se convoca a elegir Intendente Comisionado a Beazley y Nogolí, que, como digo arriba, deben tener Comisión Municipal.

4* En cuanto a concejales el panorama es más complejo. Juana Koslay tiene 9 concejales y debe completar 10; Quines y La Toma tienen 7 y completar 9; Candelaria, El Trapiche, El Volcán, Luján, Carpintería,   Buena Esperanza; Unión y Naschel, tienen 4 y deben completar 5. Concarán, Tilisarao, Sta. Rosa del Conlara tienen 5 y deben completar 7.

He indicado solo el número de titulares, debe agregarse la misma cantidad de suplentes.

5* Se dan dos casos: La Punta por ordenanza resolvió cumplir con tener los 10 concejales que le corresponden, eligiendo 5 en esta elección y otros 5 en la de 2027. Potrero de los Funes hace lo mismo, para llevar sus concejales de 4 a 5, eligiendo en ésta 3.  El Gobierno acepta esto y así convoca en su decreto.

Lo que  me despierta serias  dudas es la competencia de esos Concejos Deliberantes para decidir sobre este tema.  La Constitución y la ley de Régimen Municipal no les otorgan a estos concejos deliberantes facultades para determinar el número de concejales. Tarea que como ya he expresado, es propia del Poder Ejecutivo Provincial.

Habrá que esperar que dictaminan los especialistas.

El Gatopardo

Allá por 1963 vimos la película El Gatopardo basada en una novela italiana que describía la sociedad italiana en un momento de crisis socio política importante camino a su unidad nacional. Ante las exigencias de cambio que los  sectores populares hacían a la aristocrática y feudal clase dirigente, el personaje central expresa en algún momento que Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”.

¿Algo así estamos viviendo en nuestro San Luis de hoy?

Se cambió el gobierno, pero el nuevo sigue con las mismas violaciones a la constitución y la ley.

¿Qué dicen a esto los funcionarios, legisladores, dirigentes y votantes de este nuevo gobierno?

Quien quiera saber algo más  de lo hecho en este tema, puede acceder a  https://www.tochimoreno.com.ar/category/elecciones-municipales/)

Hay mucho y no sencillo para resumir.

Advierto una grieta provincial entre los que queremos vivir en una república con democracia y transparencia y los que prefieren seguir en el feudo fundado por los hermanos Rodríguez Saá.

Es hora de definiciones, no de callar, de eludir, de mirar a otro lado. Y se lo digo a todo el gobierno provincial, a la dirigencia política oficialista y opositora, a todos los legisladores, a todas las autoridades y concejales municipales, a toda la justicia, a todos los medios:  QUEREMOS REPÚBLICA, NO FEUDO.

                                                             San Luis. Enero 3 de 2025.

ES HORA DE RESPETAR Y CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN

Leo en EL DIARIO DE LA REPÚBLICA del viernes 29 ppdo.  La nota “Otro gasto: planean ampliar el número de concejales en La Punta”.

Dolorosa experiencia el leer una nota periodística en la que campea un grave desconocimiento tanto de los redactores como de los autores de esa iniciativa.

Prefiero decir serio grave desconocimiento antes que señalar que es una cabal expresión del irrespeto a la constitución provincial.

Me explico.

Según la nota, el bloque de concejales de Avanzar, integrado por Mario José Gil y Roxana Oros, presentó un proyecto para incrementar el número de concejales de los cuatro actuales a siete. Según la nota esta propuesta tendría el objetivo de “evitar los empates en las votaciones”. Esto por cuanto a esos dos concejales oficialistas, hay que agregarle los opositores, Rocío Muriel Roldán (PJ) y   Fernando Orozco (MOVIPRO).

Esta propuesta fue enérgicamente enfrentada por la concejala Roldán, expresando el fuerte aumento del gasto político, la necesidad de más espacio físico y “el promover la campaña electoral” (?). Agrega también Roldán que “no es momento oportuno para ampliar el cuerpo legislativo y que las prioridades de los vecinos son otras”.

¿Qué se desconoce?

El artículo 257 de nuestra constitución provincial señala la cantidad de concejales que le corresponden a cada localidad según su población censada.  Para las que tienen de 9.001 a 25.000 habitantes deben tener diez (10) concejales. Este mandato constitucional se repite en la Ley de Régimen Municipal XII-0349-2004.

De acuerdo a esto, La Punta debería contar con diez concejales desde que se conoció el informe final del Censo Nacional 2001, que dio más de 9.000 habitantes. El último censo, 2021, arrojó una población de 21.774. Cabe señalar que se deben considerar solamente las cifras oficiales de los censos, no las estimaciones municipales o provinciales.

Nadie, en el ámbito de la vida política, provincial y municipal, debe desconocer este fundamental principio para los gobiernos municipales. Sin embargo, en más de veinte años, nadie de la ciudad de La Punta exigió el cumplimiento de este mandato constitucional.

Muchas han sido mis exigencias en este sentido, a gobernadores, ministros, sin haber recibido nunca la respuesta a la que están obligados por el Art. 17 de nuestra constitución o más recientemente por l Ley de Acceso a la Información Pública. La justicia ha sabido eludir el definirse.

Muchas han sido también mis notas periodísticas, con muy escasa repercusión. Creo, que una evidente violación a la constitución merece una insistencia periodística permanente. La que no ha existido, habrá que ver qué pasa ahora, tanto con este proyecto de concejales punteños, como con la convocatoria a elecciones para el 2025. No solo La Punta merece que sus autoridades municipales se adecuen a la manda constitucional, son varias las localidades a las que no se les vienen respetando sus derechos civiles en cuanto a sus gobiernos municipales.

El pasado mes de julio junto con el escribano Eduardo Gastón Mones Ruiz, presentamos una nota al Ministro de Gobierno Abog. Facundo Endeiza, señalándole las localidades que según el censo 2021, deben adecuar a la constitución sus autoridades.

Mientras tanto…

 me permito señalarles a los actuales concejales de La Punta que su propuesta debe ajustarse a lo que dice la constitución que, creo, han jurado cumplir y hacer cumplir; para lo cual es bueno leerla con alguna frecuencia.

¿En qué se fundamentan para proponer siete concejales y no los diez que dice la constitución? Esa cantidad no se define por criterios personales o sectoriales, sino por la constitución.

En cuanto al costo político que usa como fundamento de su oposición la concejala Roldán, es cierto; pero no es el momento ni la forma de usar ese argumento para rechazar ese incremento.

No es momento, porque ninguna autoridad ejecutiva, ni legislativa puede dejar de respetar el mandato constitucional. Mientras no se reforme ese texto fundamental, se respeta, Por eso me permito recordar el artículo 63 de la constitución provincial:

 “En ningún caso y por ningún motivo o pretexto, las autoridades de la Provincia pueden suspender la observancia de esta Constitución, ni la de la Nación o la efectividad de las garantías establecidas en ambas.”

Sí es momento, es hora, de que se respete lo que se viene violentando.

No es la forma de encarar lo del costo político, porque no se reduce legislando en contra de lo constitucional, sino desde la conducta en el ejercicio de la representación popular. Me refiero a no auto otorgarse elevadas dietas, habida cuenta que los concejales no tienen costo por desarraigo, ni por viajes; tampoco tienen incompatibilidad para seguir ejerciendo sus tareas. Además, ser representante del pueblo, no es una profesión, un modus vivendi, sino un servicio y ya es hora que la política argentina toda, dé muestras de vida modesta, además de la honesta.  También es necesario que haya modestia en cuanto a la cantidad de personal que trabaja para los concejales. Que nadie crea que la actividad política partidaria deba financiarse con sueldos oficiales para personal “ñoqui”, como dijo hacerlo así un senador nacional por nuestra provincia.

No digo que esto que expreso pase en La Punta, porque no tengo esos datos; digo, e insisto, que ya es hora que el costo político se reduzca por la propia decisión de quienes ejercen nuestras representaciones.

Resumiendo.

El gobierno provincial tiene la obligación que le impone la ley antes señalada de definir qué gobierno municipal y qué cantidad de concejales les corresponden a nuestras localidades conforme su población, cumpliendo con lo constitucional y legal.  A su vez los intendentes, concejales, dirigencia política y pueblo en general, deben exigir al gobierno que se les respete lo que les corresponde. Los medios de comunicación, deben difundir persistentemente él debe ser de nuestras instituciones republicanas y democráticas, es evidente que las fallas que viene mostrando nuestro sistema educativo, incluyen también el desconocimiento de la vida institucional.

El proyecto de los concejales oficialistas de La Punta, debiera convertirse en una recordación al ejecutivo provincial, para que, de una buena vez, las autoridades municipales de toda la provincia se adecuen a lo constitucional.

Hay que demostrar que se quiere salir del feudalismo autoritario e inconstitucional del pasado.

SAN LUIS. 1 de diciembre de 2024

ACUERDO POR LA EDUCACION

ACUERDO POR LA EDUCACIÓN

El día antes del martes 11 de septiembre, Día del Maestro, la ONG ARGENTINOS POR LA EDUCACIÓN, presentó en la Ciudad de Buenos Aires, ante una concurrencia de unas 250 personas, que incluyó entre otros a gobernadores, ministros, legisladores, sindicalistas, empresarios, comunicadores, su propuesta de ACUERDO POR LA EDUCACIÓN.

Los gobernadores presentes fueron Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy), y Alberto Weretilneck (Río Negro); también las vicegobernadoras de Córdoba, Myriam Prunotto y de Entre Ríos Alicia Aluani y el Secretario de Educación de la Nación,Carlos Torrendell

Este acuerdo se traduce en un documento elaborado por un conjunto de especialistas en educación que marca diez prioridades educativas, con procuran dar sustento a una política estado que avance en la resolución definitiva de nuestra realidad educativa.

Es un aporte importante para que se cumpla con lo que lamentablemente no se cumple de la ley 26.206, esto es que la educación sea una prioridad nacional y una política de estado; a la extensión de la jornada escolar y el porcentaje del PBI que debe destinarse a educación. Destaca claramente algo que no está muy entendido por nuestros gobiernos: que Política de Estado, no es la que ejecuta un único gobierno, sino la que va más allá de los cambios de gobierno a lo largo de varios períodos

En lo personal, me gratifica que este acuerdo señale conceptos que he destacado en varias notas y propuestas publicadas y en mis afirmaciones en espacios radiales por Radio Dimensión desde el año 2011.  Me refiero al reconocimiento social y económico de la docencia, a la formación inicial y continua de los docentes, al mayor compromiso del gobierno nacional, a la necesidad de una participación de toda la sociedad para con la educación que profundice y concrete el concepto de prioridad nacional, el desinterés de nuestra política en la educación, etc. Lo que he dado en llamar GRAN ACUERDO NACIONAL EDUCATIVO (GANE).

Obstáculos

Ahora bien, de este tipo de acuerdos hay varios antecedentes, que lamentablemente no han ido más allá de anuncios, nunca transformados en acciones concretas y persistentes.

No sabemos, en este momento, si la firma con las que los gobernadores asistentes apoyaron este acuerdo, se transformará en políticas activas a lo largo de las próximas décadas; tampoco si se trata de que un acuerdo así se concrete en una ley nacional. Entiendo que para que sea una política de estado prioritaria se necesita ampliar los adherentes y concretarla en una ley, cuyo cumplimiento, logros y dificultades sean permanentemente auditadas para garantizar su éxito.

Para superar es dura realidad nacional, no se trata solo de inversiones extranjeras en la economía. Es clave la fuerte y permanente inversión en educación.  ¿Hay conciencia política para una inversión así? ¿O seguirá prevaleciendo el criterio de que el futuro son las próximas elecciones? Siempre aparecen formas de atraer inversiones para lo material, mientras que sobran las inutilidades para invertir en lo más importante, en lo humano, en lo que permite crecer como país desde los propios logros de las personas y de la sociedad toda.

 Está en la sociedad argentina en exigir que algo así se haga. Tenemos demasiados ejemplos de parte de gobiernos nacionales y provinciales en incumplir con normas constitucionales y con leyes nacionales o provinciales, ante el silencio de muchos que sabiendo y pudiendo, ni hablan ni actúan.

El obstáculo más importante, mi criterio, lo dijo, el Dr. Mariano Narodowsky “La educación argentina tiene tres problemas: “primero a la dirigencia argentina no le importa la educación, segundo a la dirigencia argentina no le importa la educación, y tercero … ya saben…”

Habida cuenta de las afirmaciones del Presidente Milei en cuanto a que la educación obligatoria es responsabilidad de las jurisdicciones provinciales y sus recortes en la coparticipación y en el FONID a la provincia; no puedo alentar muchas ilusiones en que estos buenos objetivos del Acuerdo por la Educación, puedan llegar a concretarse más allá de lo que hagan los gobernadores.

Muchos expertos en educación se han unido para proponer este cuerdo por la Educación, ahora la palabra y la acción la tienen los gobernantes y legisladores,

Para lo cual, una vez más, planteo lo imprescindible de un permanente e intenso compromiso de toda la sociedad en sumarse en una lucha por más y mejor educación, participando activamente en todo lo que puedan, proponiendo, exigiendo para que estas ideas y la educación en su totalidad, deje de ser la Cenicienta de la política argentina.

                                                                                                                                                                                                                                                            SAN LUIS. Septiembre 16 de 2024.

Para quienes quieran conocer más:

Acuerdo por la Educación:

Algunas de mis propuestas:

2011:  https://www.tochimoreno.com.ar/revolucion-educativa-para-san-luis/

2015: https://www.tochimoreno.com.ar/una-propuesta-para-educacion/#more-1303

2017: https://www.tochimoreno.com.ar/educacion-imitar-a-finlandia/

2019: https://www.tochimoreno.com.ar/gran-acuerdo-nacional-educativo-gane/