Se conoció, días atrás, un comunicado de un grupo de periodistas exigiendo el cumplimiento del derecho al Acceso a la Información Pública por parte del gobierno del CPN Claudio Poggi.

Cabe recordar que la ley V-0924-2015 que establece para toda la ciudadanía provincial este derecho, fue sancionada a propuesta de Poggi en su anterior mandato.

Desde ese 2015 a la fecha, presenté numerosas solicitudes de información a los gobernadores y a varios de sus funcionarios, con escasísimo resultado. Sólo recuerdo tres respuestas completas, unas pocas incompletas o erróneas y muchas más sin respuesta alguna.

Conforme esa ley, me asiste el derecho de acudir a la justicia mediante un amparo por mora. El que efectué se perdió vaya uno saber en qué parte de la maraña protectora o temerosa del entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá; al menos eso dijo mi abogado, hoy funcionario gubernamental. Hacerlo de nuevo implica un gasto al cuete, habida cuenta de esa experiencia.

Lo curioso del caso es que siendo Poggi quien propuso esta ley, sean él y sus funcionarios quienes no la cumplen. Por ejemplo, la ley dice que en cada repartición estatal provincial debe exhibirse un cartel que avise a la ciudadanía de ese derecho. Hasta la fecha, nadie ha visto algo así. Ese mismo año 2015 se lo exigí por expediente a Poggi, ni cumplió ni me respondió.

En este año, ante una nueva convocatoria a elecciones municipales violando la manda constitucional, le pedimos a Poggi, junto con el Esc. Mones Ruiz, que informe de las razones de ese flagrante delito de incumplimiento. Muy vencido el plazo legal para hacerlo, llegó la respuesta por parte de un abogado asesor del Ministerio de Gobierno, eludiendo cuidadosamente el tema específico citando normativas totalmente ajenas a la cuestión. Cabal muestra de no tener explicación alguna a esa decisión gubernamental.

También le pedí, en dos ocasiones, informes al Ministro de Educación CPN Araujo. En el año 2024 la respuesta también fue extemporánea por parte de una abogada, diciendo que la información pedida estaba en la web del ministerio. Dato totalmente falso y así le respondí.

El segundo pedido hecho en febrero de este año, hasta la fecha sin respuesta.

Lo que muestra a las claras, que desde que se aprobó esta ley, los gobernadores Alberto Rodríguez Saá y Claudio Poggi, no respetan la ley y que no les interesa informar de su accionar. Sus funcionarios toman ese ejemplo u obedecen órdenes.

Quienes creemos y queremos vivir en una república con democracia y ética pública, estamos en el horno. Incumplir constitución y leyes, es a mi juicio, un delito y en ese ambiente se están formando las nuevas generaciones.

Cada vez que viví estas situaciones hice denuncias desde mi web, ampliamente distribuidas electrónicamente. Los ecos periodísticos han sido apenas un poco más que nada.

En buena hora que ahora algunos periodistas hagan estas denuncias, junto con la Defensoría del Pueblo. Pero, es la justicia la que debe actuar garantizando nuestros derechos y obligar al ejecutivo a respetar las instituciones republicanas. A los abogados, me permito decirles que denunciar estos hechos por parte de nuestros gobiernos provinciales, es más importante que definir una feria judicial más corta o más larga.

SAN LUIS. Noviembre 4 de 2025