Archivo de la categoría: 02 – Educación

Aportes para una educación que sirve para la dignidad de nuestro pueblo y desde ahí nuestra democracia republicana.

POLÍTICA Y EDUCACIÓN

Tiempo de elecciones, tiempo de promesas buscando votos y  usualmente sostenidas en algo de mala memoria.

Así fue como en EL DIARIO DE LA REPÚBLICA del pasado jueves 14, se publican conceptos vertidos por el primer candidato a Diputado Nacional por el Partido Justicialista, Jorge “Gato” Fernández, en un acto realizado en La Punta.

De esa publicación de El DIARIO … tomo el siguiente párrafo: 

En la sede del Partido Justicialista de La Punta, el dirigente Gato Fernández advirtió que la provincia “sigue el camino de Milei” y alertó que, de continuar esta tendencia, “en algún momento se planteará la privatización de la educación pública”.

Conesos dichos puede entenderse que Fernández es un defensor de la educación pública, de ser así no puedo menos que compartir esa idea.

Pero … aquí viene lo de la memoria.

Olvida o no sabe, que Adolfo Rodríguez Saá fue quien empezó en San Luis, con una política de  privatización disfrazada con sus escuelas charter, luego autogestionadas; que luego continuó su hermano Alberto  con su invento de escuelas generativas y digitales.

Variantes que,  escondidas como escuelas experimentales públicas de gestión privada, han significado la entrega de la gestión de escuelas a instituciones “sin fines de lucro”, que deben presentar un modelo educativo de muy difícil acceso al conocimiento público, que reciben una suma per capita para que abonen sueldos y alimentación a los alumnos; originalmente debían tener jornada extendida o completa, algo que ha desaparecido en muchas.

Lo peor de estos inventos escolares es la precarización de la profesión docente, con sueldos más bajos que los oficiales, el no cobro de vacaciones, la inestabilidad laboral, la exigencia de dictar asignaturas por fuera de la especialidad de cada docente, llegando hasta la designación de personal sin la debida formación. Con todo lo cual se aumentan los ingresos de quienes dirigen esas instituciones “sin fines de lucro”.

El estado provincial a través de estas creaciones se aleja de su responsabilidad en la educación, con una supervisión entre nula y escasa. Por eso digo que son formas ocultas de privatizar la educación pública.

Los dichos del candidato Fernández demuestran la superficialidad propia de quienes no saben del tema. También el temor a criticar lo hecho por quien lo designó en tantos cargos y en esta candidatura.

De todo ese panorama, algo ha cambiado, pero no por una clara política gubernamental, el Gobernador Poggi no parece estar decidido a que desaparezcan este tipo de administración escolar; sino más bien por exigencia gremial docente. Tal como parece ocurrir con los reclamos de los docentes de la Escuela Digital Albert Einstein.

Nuestros gobiernos, provinciales y nacionales, no vienen demostrando desde hace décadas, una clara decisión de darnos una educación que recupere lo mucho que se ha perdido, tal como nos lo muestran las evaluaciones nacionales e internacionales que se aplican a nuestros alumnos.

Debemos tener muy presente lo que Sarmiento supo decir en el senado nacional:

TODOS NUESTROS PROBLEMAS, SON PROBLEMAS EDUCACIÓN.

 Lo que no se resuelve con palabras a tontas y locas, sino con sabias y concretas políticas a lo largo de muchas generaciones.

San Luis. Agosto 27 de 2025.

LA EDUCACIÓN COMO ESENCIAL

Los trabajos esenciales están definidos   por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como aquellos que son cruciales para el funcionamiento de la sociedad, de la economía y de la seguridad de las personas en situaciones de conflictos.

A partir de ese concepto, la OIT identifica como trabajos esenciales a los de la salud, el transporte, la seguridad, las comunicaciones y los sistemas alimentarios. Para lo cual propone una limitación al derecho de huelga en esas actividades.

Ha definido asimismo, que la educación no es un trabajo esencial;  ocupándose  más por la seguridad y lo material. Lo humanístico, como la educación, lo deja de lado. No es que lo apruebe,  es la realidad.

Cabe recordar que la postura de la OIT respecto a la educación, ha sido expuesta siempre en las reacciones gremiales cuando se quiere declarar o se ha declarado a la educación como trabajo esencial.

El presidente Milei a 45 días de asumir, promulgó el Decreto 70/2023, el que entre sus más de 600 artículos incluía la declaración de trabajo esencial a la educación.  Buena parte de ese decreto fue anulado por la justicia. Pero en el día de ayer se conoció el Decreto 340/2025, con el que retoma esa idea del inicio de su mandato y entre otros varios temas, incluye nuevamente a la educación como esencial. Veamos qué significa.

La esencialidad laboral obliga a que en caso de conflicto gremial se garantice el funcionamiento de entre 50 y 75% de la actividad específica.

Es muy cierto que las huelgas en el ámbito educativo significan un serio daño a la sociedad presente y futura; sin olvidar el impacto negativo en la vida familiar, especialmente en el caso de las familias de niños de corta edad.

Por otro lado cabe pensar ¿qué puede pasar en escuelas en las que el 100% de los alumnos tengan el 50 o 75% de sus docentes? ¿Cómo se organizan esas actividades en cada uno de los niveles, en zonas rurales? ¿Cómo se garantiza la seguridad del alumnado? No parece que las autoridades hayan pensado en eso. El mensaje parece ser un ¡mando eso y arréglenselas.!

Una vez más recordaré el Artículo 3 de la ley 26206 que dice:

 La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación.

Es bueno recordarlo, porque desde su sanción en el 2006 no se cumple lo de prioridad nacional y muy poco casi nada, lo de política de estado. Parece que los gobernantes no lo han leído y quienes lo aprobaron, lo olvidaron.

Si tenemos lo de prioridad nacional y se habla de esencialidad, entiendo que no debe limitarse el derecho de huelga, sino eliminar las causas que las originan. Los problemas se resuelven desde las causas, no desde las consecuencias.

Lo que no significa otra cosa que los trabajadores de la educación deben tener los salarios que una actividad prioritaria y esencial merecen.

Eso no ocurre porque es más que evidente, triste y lamentablemente evidente, que a nuestros gobiernos no les interesa garantizar la mucha y buena educación que el país necesita. Hablan de querer educación de calidad, pero ni la definen, ni dicen cómo se llega a ella.  Es solo una muletilla electoral.

Si la educación es prioritaria y humanamente esencial, la docencia debe ser prioritaria nacional, tanto en su formación como en su actividad profesional. Para ello debe ser notoriamente mejor remunerada, así lo merecen los docentes y el país, porque laboralmente pueden desaparecen muchos obstáculos surgidos de las pobres condiciones laborales existentes. Así también, los gobiernos tendrán la autoridad moral para exigirles todo lo bueno que pueden y deben dar y que el país necesita.

No creo que estas ideas sean tan difíciles de entender, lo que parece más difícil es que se piense y se actúe intensamente en pro del Bien Común.

SAN LUIS. Mayo 21 de 2025

PARO DOCENTE

En doce provincias más la Ciudad de Buenos Aires el inicio de clases coincidió con un nuevo paro docente por reclamos salariales desatendidos.

El acatamiento ha sido dispar, pero reinstala en la agenda nacional un problema de larga data y que sigue mostrando la verdadera dimensión e importancia que nuestros gobiernos le dan a la educación.

La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich siempre dispuesta a hablar de todo, expresó lo siguiente en la red X.:

«En vez de estar en las calles, rodeados de policías, cumpliendo el protocolo, deberían estar en las aulas rodeados de niños, brindando educación a los hijos de la patria».

Me permito decirle a la Ministra que los gobernantes debieran estar dedicados a cumplir lo que dicen para la educación los pactos internacionales incorporados a la Constitución y en particular con lo que dice la ley de Educación Nacional 26.206 en su

ARTÍCULO 3°. – La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación.”

Digo esto porque… ¿Dónde está esa prioridad nacional y esa política de Estado para nuestra educación? La Ministra debiera conocer también el Artículo 5 de esa ley que señala la responsabilidad del Estado Nacional en fijar la política educativa y controlar su cumplimiento. Tanto ella, como el Presidente y todo su gabinete debieran estar trabajando en cumplir esas obligaciones que son anteriores a las obligaciones de los docentes empleados estatales.

Siempre refiriéndome a la Ley 26206, la Ministra debiera conocer también el

ARTÍCULO 28.- Las escuelas primarias serán de jornada extendida o completa con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos fijados para este nivel por la presente ley.

Digo esto, porque este artículo de una ley aprobada en el 2006, tiene hasta ahora un cumplimiento más que escaso en las jurisdicciones educativas, sin que a nadie, de los muchos e importantes responsables, se les mueva un pelo.

Finalmente, la Ministra Bullrrich agregó a su posteo tuitero lo siguiente

           «El país quiere el orden que le damos, no la anarquía que ustedes ofrecen».

Algún día la Ministra y nuestros gobernantes, legisladores y dirigentes políticos entenderán que la base fundamental e insoslayable de seguridad, trabajo, salud, etc.; es la educación.

Por eso le digo, que antes de criticar a los docentes en la calle y en huelga, dejen de pensar tanto en las próximas elecciones y pónganse a trabajar para que la educación sea la prioridad nacional y la política de estado que marca la ley, que están ignorando. Objetivos éstos, que deben comenzar por el principio: la dignidad social y económica de los docentes, verdaderos soldados en la construcción del futuro con el que soñamos.

SAN LUIS. Febrero 24 de 2025

ACUERDO POR LA EDUCACION

ACUERDO POR LA EDUCACIÓN

El día antes del martes 11 de septiembre, Día del Maestro, la ONG ARGENTINOS POR LA EDUCACIÓN, presentó en la Ciudad de Buenos Aires, ante una concurrencia de unas 250 personas, que incluyó entre otros a gobernadores, ministros, legisladores, sindicalistas, empresarios, comunicadores, su propuesta de ACUERDO POR LA EDUCACIÓN.

Los gobernadores presentes fueron Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy), y Alberto Weretilneck (Río Negro); también las vicegobernadoras de Córdoba, Myriam Prunotto y de Entre Ríos Alicia Aluani y el Secretario de Educación de la Nación,Carlos Torrendell

Este acuerdo se traduce en un documento elaborado por un conjunto de especialistas en educación que marca diez prioridades educativas, con procuran dar sustento a una política estado que avance en la resolución definitiva de nuestra realidad educativa.

Es un aporte importante para que se cumpla con lo que lamentablemente no se cumple de la ley 26.206, esto es que la educación sea una prioridad nacional y una política de estado; a la extensión de la jornada escolar y el porcentaje del PBI que debe destinarse a educación. Destaca claramente algo que no está muy entendido por nuestros gobiernos: que Política de Estado, no es la que ejecuta un único gobierno, sino la que va más allá de los cambios de gobierno a lo largo de varios períodos

En lo personal, me gratifica que este acuerdo señale conceptos que he destacado en varias notas y propuestas publicadas y en mis afirmaciones en espacios radiales por Radio Dimensión desde el año 2011.  Me refiero al reconocimiento social y económico de la docencia, a la formación inicial y continua de los docentes, al mayor compromiso del gobierno nacional, a la necesidad de una participación de toda la sociedad para con la educación que profundice y concrete el concepto de prioridad nacional, el desinterés de nuestra política en la educación, etc. Lo que he dado en llamar GRAN ACUERDO NACIONAL EDUCATIVO (GANE).

Obstáculos

Ahora bien, de este tipo de acuerdos hay varios antecedentes, que lamentablemente no han ido más allá de anuncios, nunca transformados en acciones concretas y persistentes.

No sabemos, en este momento, si la firma con las que los gobernadores asistentes apoyaron este acuerdo, se transformará en políticas activas a lo largo de las próximas décadas; tampoco si se trata de que un acuerdo así se concrete en una ley nacional. Entiendo que para que sea una política de estado prioritaria se necesita ampliar los adherentes y concretarla en una ley, cuyo cumplimiento, logros y dificultades sean permanentemente auditadas para garantizar su éxito.

Para superar es dura realidad nacional, no se trata solo de inversiones extranjeras en la economía. Es clave la fuerte y permanente inversión en educación.  ¿Hay conciencia política para una inversión así? ¿O seguirá prevaleciendo el criterio de que el futuro son las próximas elecciones? Siempre aparecen formas de atraer inversiones para lo material, mientras que sobran las inutilidades para invertir en lo más importante, en lo humano, en lo que permite crecer como país desde los propios logros de las personas y de la sociedad toda.

 Está en la sociedad argentina en exigir que algo así se haga. Tenemos demasiados ejemplos de parte de gobiernos nacionales y provinciales en incumplir con normas constitucionales y con leyes nacionales o provinciales, ante el silencio de muchos que sabiendo y pudiendo, ni hablan ni actúan.

El obstáculo más importante, mi criterio, lo dijo, el Dr. Mariano Narodowsky “La educación argentina tiene tres problemas: “primero a la dirigencia argentina no le importa la educación, segundo a la dirigencia argentina no le importa la educación, y tercero … ya saben…”

Habida cuenta de las afirmaciones del Presidente Milei en cuanto a que la educación obligatoria es responsabilidad de las jurisdicciones provinciales y sus recortes en la coparticipación y en el FONID a la provincia; no puedo alentar muchas ilusiones en que estos buenos objetivos del Acuerdo por la Educación, puedan llegar a concretarse más allá de lo que hagan los gobernadores.

Muchos expertos en educación se han unido para proponer este cuerdo por la Educación, ahora la palabra y la acción la tienen los gobernantes y legisladores,

Para lo cual, una vez más, planteo lo imprescindible de un permanente e intenso compromiso de toda la sociedad en sumarse en una lucha por más y mejor educación, participando activamente en todo lo que puedan, proponiendo, exigiendo para que estas ideas y la educación en su totalidad, deje de ser la Cenicienta de la política argentina.

                                                                                                                                                                                                                                                            SAN LUIS. Septiembre 16 de 2024.

Para quienes quieran conocer más:

Acuerdo por la Educación:

Algunas de mis propuestas:

2011:  https://www.tochimoreno.com.ar/revolucion-educativa-para-san-luis/

2015: https://www.tochimoreno.com.ar/una-propuesta-para-educacion/#more-1303

2017: https://www.tochimoreno.com.ar/educacion-imitar-a-finlandia/

2019: https://www.tochimoreno.com.ar/gran-acuerdo-nacional-educativo-gane/

EL PACTO DE MAYO Y LA EDUCACIÓN

En su discurso del 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa, el Presidente Milei convocó a la firma de lo que denomina Pacto de Mayo. Se trata de diez bases de su acción de gobierno para la Argentina del futuro. La convocatoria se dirigió en ese momento a los gobernantes de provincias y CABA, los que deben comprometerse a cumplir esos objetivos.

No nombro estos objetivos ya que están ampliamente difundidos. Solo intento formular algunas consideraciones generales y, al menos, señalar una carencia.

Acerca del pacto y sus alcances

Un pacto está definido en nuestro idioma como” concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado”. Acordar entre partes, no significa que una de ellas impone sus ideas.  Milei invita a los gobernadores a firmar, no a acordar. Está visto y comprobado, el Presidente, no es de dialogar con quienes no piensan como él. Actúa como el dueño único de la verdad. Un dato de autoritarismo.

Ante algunas reticencias a participar de este pacto, comenzó a decirse que no se firmaría ya con los gobernadores, sino con el pueblo; sin precisar cómo se lograría algo así.

En esa misma línea, el vocero presidencial, Adorni, dijo “El pacto de mayo no es para generar consensos entre políticos sino para garantizar el bien de los argentinos. Nos preocupa que para algunos sigue imperando el dogmatismo ideológico por sobre el interés general”.  Adorni ve dogmatismo en otros, no en sí mismo.

¿Cómo se puede concretar un pacto de gobierno, sin generar consensos políticos que permitan convertir objetivos en leyes? ¿Aspirará el Presidente a algo así como la suma del poder político?  Algo de esto nos hace pensar la discutida “Ley Bases” en lo concerniente a la delegación de facultades del Legislativo al Ejecutivo.

Todo lo cual, me permite afirmar que hay más imposición que pacto.

Además, tal como se lo presenta, no garantiza las formas en que cada objetivo se concretará. No es poca cosa marcar algo así, ya que “el fin no justifica los medios”.  Digo esto a partir de la definición ideológica que Milei da de sí mismo: anarco capitalista. Dos ideas con mucho de extremismo

Acerca de la educación

Conocida la propuesta, muchas voces, personales e institucionales, vienen reclamando que se incluya en él a la educación.

Milei ha dicho que este pacto es “esencialmente económico”. Me pregunto, ¿la economía y su crecimiento, surgen por generación espontánea o son fruto de la educación de la sociedad?

La educación es, quizás, la mayor deuda de la política argentina, desde hace varias décadas. Nuestros gobiernos vienen eludiendo darle la importancia vital que tiene. Estadísticas y evaluaciones nacionales e internacionales avalan esta afirmación.

Es evidente también, el incumplimiento de mandas constitucionales y de leyes referidas a educación.

Cuando digo de normas constitucionales, me refiero especialmente a los tratados internacionales firmados por Argentina y que la reforma constitucional de 1994 incorporó a nuestra Constitución.

Todo político, más aún un presidente, debe conocer que ese marco constitucional, por ejemplo, promueve y garantiza la gratuidad de la educación en todos los niveles.

Cuando digo de leyes, señalo de cómo se incumple (se viola) la ley de educación nacional, 26206, en cuanto a jornada extendida o completa, 6% del PBI para educación, etc. Incumplimiento flagrante ante la inacción y silencio de gobernantes, legisladores, medios de comunicación y dirigencia político-gremial.

Más allá del marco legal muy resumido, está la evidencia real y concreta de lo que significa la mucha y buena educación para la humanidad.

La historia nos cuenta de cómo muchas naciones han superado desastres bélicos y crisis socio – económicas, apostando a la mayor cantidad y mejor calidad de su educación, para ubicarse así entre las naciones más económicamente fuertes y con mejor calidad de vida de sus ciudadanos. Están los ejemplos de Japón, Alemania, Finlandia, Corea del Sur, Finlandia, Singapur, entre otros. Más cerca, en nuestra América, Uruguay, Chile, Perú. Bolivia, Ecuador; nos han superado en los resultados de las evaluaciones internacionales que se aplican periódicamente.

Muchos gobernantes nos han dicho que la verdadera riqueza de los países está en el conocimiento de sus habitantes, al tiempo que son incapaces poner en marcha políticas que concreten sus dichos. No se avanza mucho más allá de la propuesta electoral, prevaleciendo una berreta demagogia educacional.  La educación argentina se ha convertido en variable de ajuste para otros objetivos.

Nadie, mucho menos los gobernantes, pueden ignorar la importancia de la educación.

Si Milei apuesta al crecimiento económico, ¿cómo cree lograrlo sin los profesionales y técnicos que provee la educación? ¿Cómo cree mejorar la vida política, superar la casta, sin la formación humanística que garantice el amor al prójimo y el respeto a las leyes?

Nuestros gobernantes, al programar su acción de gobierno, debieran tener presente lo dicho por Sarmiento: “Todos nuestros problemas, son problemas de educación”.

Por todo esto, la inclusión debe ser incluida en el pacto de mayo o de cuando se concrete, si se da el imprescindible acuerdo.  Nada de lo que se proponga podrá alcanzarse sin contar con una educación acorde con sus ambiciosas metas materiales. La educación es primero.

No incluirla en el pacto que propone el Presidente Milei, es más de lo mismo de siempre. Más casta.

San Luis. Mayo 20 de 2024

LA UNIVERSIDAD DE LA PUNTA Y SU RECTORA

La hoy senadora nacional Lic. María Eugenia Catalfamo fue designada Rectora de la Universidad de La Punta (ULP)

Desde la oposición se dice reiteradamente, que es una designación inconstitucional porque Catalfamo no cumple con los requisitos que la Ley 24521(Ley de Educación Superior) fija para ocupar el cargo de rector de universidad.

El oficialismo dice que es una designación correcta por cuanto se ajusta a la ley II-0034-2004 de creación de la ULP, en su texto ordenado tras varias modificaciones.

Veamos el origen de esta diferencias

La ley de Educación Superior 24521, en su artículo 26 dice:

“La enseñanza superior universitaria estará a cargo de las universidades nacionales, de las universidades provinciales y privadas reconocidas por el Estado Nacional y de los institutos universitarios estatales o privados reconocidos, todos los cuales integran el Sistema Universitario Nacional.”

Destaco lo de “reconocidas por el Estado Nacional”.

A poco de ser creada por ley 5266 en julio de 2001 como Universidad Provincial de San Luis, la entonces Rectora Dra. Bañuelos inició las gestiones para lograr el reconocimiento nacional; así lo exigía esa ley en su artículo 4, cuyo texto original fue cambiado por el actual que establece la designación del Rector a propuesta del Gobernador.

Ese pedido de reconocimiento fue devuelto por la CONEAU, por tener documentación incompleta. Las explicaciones dadas por el gobierno provincial expresaron que el rechazo fue a causa de las modalidades nuevas y originales en su organización y en sus planes de estudio.

El Gobernador Alberto Rodríguez Saá, al más puro estilo feudal, supo decir en varias oportunidades, incluyendo Asamblea Legislativa, que no necesitaba el reconocimiento nacional porque su gobierno no aceptaba las exigencias nacionales para universidades y porque, además, todos los egresados de la ULP tendrían trabajo en San Luis sin necesidad de buscarlo en otras latitudes.

Estas afirmaciones se asientan en el párrafo del artículo 1 de la ley de creación de la ULP la que se ajustará a la ley 24521 “…en tanto sus disposiciones resulten compatibles con la autonomía de la provincia.” Una redacción tan amplia, que puede dar lugar a distintas interpretaciones según el caso.

Siendo gobernador Claudio Poggi, instruyó al por entonces Rector de la ULP, Ing. Munizaga, para que retome las gestiones ante el Gobierno Nacional para lograr el reconocimiento de la ULP. Las duras críticas que Alberto Rodríguez Saá hizo a través de sus medios de comunicación a esta decisión, hizo que se la dejara de lado.

La Universidad de La Punta no está reconocida por el Estado Nacional. Lo mismo pasa con la Universidad Provincial de Oficios Eva Perón (UPRO). Estas dos universidades provinciales de San Luis no integran el Sistema Universitario Nacional; por lo tanto, no las rige la ley 24521 y sus rectores no son elegidos según los requisitos de la ley nacional.

Al no integrar el Sistema Universitario Nacional, la ULP no puede dictar carreras de grado ni posgrado, solo algunas pocas tecnicaturas que sí tienen el reconocimiento nacional. Las carreras de grado y posgrado que figuran en su oferta académica son propias de la Universidad Nacional Tres de Febrero.

Lo mismo pasa con la UPRO, que se presenta como Universidad de Oficios, que dicta algunas tecnicaturas y varios oficios, sin que se informe, en su web, que tengan el reconocimiento nacional. Tiempo atrás, supo crear una Ingeniería en Mantenimiento, totalmente fuera del marco legal nacional; hice la denuncia ante la CONEAU. La que fue respondida diciendo que la UPRO quitó de su web esa oferta.

Hay exigencias de la ley que rige a la ULP que todas sus autoridades han incumplido sin pudor alguno y a la vista y silencio de todos. Me refiero a la obligación de dictar su estatuto, creando órganos colegiados de gobierno con la participación de docentes, egresados, no docentes y alumnos. Creo ser el único que ha denunciado este delito, sin que gobiernos, opositores. rectores, profesores, empleados o alumnos se hayan interesado en exigir su cumplimiento.

¿Lo hará Catalfamo?

Conclusión

La elección de la Lic. Catalfamo como Rectora de la ULP es legal conforme la legislación provincial.

La ULP es una universidad ajena al Sistema Universitario Nacional y fuera de la jurisdicción de la ley 24521.

Puedo decir, en lenguaje común, que ULP y UPRO; son universidades truchas.

SAN LUIS. Octubre 26 de 2023