Está Ud. a pocos días de asumir un nuevo mandato como gobernador de nuestra provincia, por lo que me veo en la obligación de cumplir con mis deberes ciudadanos de exigirle que de una buena vez tenga a bien cumplir con el marco constitucional y legal que nos rige.
Lo que hoy reclamo, ya lo he hecho en anteriores oportunidades, mediante cartas abiertas, cartas documentos y pedidos de información en el marco de la ley de acceso a la información pública (Ley V- 0924-21}015). Ud. nunca me respondió, incumpliendo con el Derecho de Petición que nos garantiza nuestra constitución en su Art 17, ni con las leyes que en cada caso invoqué.
No creo que ahora vaya a cambiar su actitud, pero sigo insistiendo para que Ud. tenga en claro que quienes amamos las instituciones republicanas no callamos, no nos rendimos y que seguimos haciendo lo posible para que, en algún momento, los sanluiseños podamos decir que finalmente, vivimos en una república con democracia.
Le exijo que en este nuevo mandato se decida a cumplir con:
1* Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo fue creada por Art. 235 de nuestra constitución provincial en la reforma del año 1987 en una convención con amplia mayoría de su fuerza política. La última versión de la ley que reglamenta su funcionamiento es la VI-0167-2004. Pero nada se cumple desde noviembre de 2004, fecha en la que Ud. ejercía su primer mandato gubernamental.
Tengo en claro que no es su responsabilidad directa, ya que es el Poder Legislativo quien tiene la obligación de elegir al Defensor del Pueblo en una Asamblea Legislativa. ¿Por qué no lo han hecho en estos 15 años? Porque Ud., como gobernador o mandamás político del oficialismo, no lo permite, ni lo ordena a sus legisladores, los únicos que pueden de lograr esa designación. Los legisladores opositores nunca han tenido el número necesario para proponer nombres, mucho menos para lograr aprobación. Con tal que no exista un organismo que lo controle, Ud. no vacila en violar la Constitución y las leyes.
Este reclamo ya se lo hice en otras oportunidades, a los Vice gobernadores Blanca Pereyra, Jorge Pellegrini y Jorge Díaz; a varios Presidentes de las Cámaras Legislativas, a muchos diputados y senadores y a sus presidentes de bloques. También hice una denuncia penal que deambuló años, hasta que la archivaron por no ser yo particular damnificado, tecnicismo legal que no reconoce que la violación de nuestros derechos civiles nos perjudicara a todos por igual. Le pedí al Superior Tribunal de Justicia que, tal como lo había hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le recordara al Legislativo su obligación constitucional de elegir Defensor del Pueblo. Contestaron que no les correspondía hacer algo así, renegando de su misión de custodios de la constitucionalidad.
Hay más información en https://www.tochimoreno.com.ar/category/defensoria-del-pueblo/
No tenemos Defensor del Pueblo porque nadie se anima tomar una decisión así sin su acuerdo. Actúa Ud. como un señor feudal y quienes le obedecen lo hacen como siervos temerosos de cumplir con su tarea republicana.
2* Autoridades municipales
Seguramente Ud. por abogado, ex legislador nacional y gobernador, debe conocer los Art. 249 a 254 de nuestra constitución y la ley XII-0349-2009 que los reglamenta. Toda esa normativa define qué tipo de autoridades municipales corresponden a las localidades según la población censada.
Sin embargo, Ud. se ha encargado de incumplir reiteradamente con estas disposiciones, con lo que además de violar nuevamente constitución y leyes, está violando el fundamental principio de la autonomía municipal y con ello los derechos civiles de miles de nuestros comprovincianos.

Para lo cual su gobierno viene escondiendo los resultados del Censo Nacional 2010 con pobres argumentos “off de record”. Esto de no querer reconocer ese censo, le ha impedido efectuar el reclamo imprescindible por el grueso error del INDEC al otorgarle a la localidad de Fortuna una población de algo más de 80 personas. Quien conoce medianamente la provincia advierte de inmediato el error. Su gobierno parece que no.
En el 2017, legisladores de la oposición lograron que se cumpla parcialmente la legislación municipal, llevando a las localidades de El Trapiche, Potrero de los Funes, El Volcán y Carpintería a la categoría de Municipios con Concejo Deliberante.
Con los datos censales usados para resolver la situación de esas localidades, Ud. debió convocar (así lo permite la ley citada) para elegir Comisiones Municipales en Nueva Galia, Arizona, Fortuna, Fraga, Villa Larca, Cortaderas y Beazley; y aumentar el número de concejales en Juana Koslay, La Punta, La Toma, Candelaria, Quines, Santa Rosa del Conlara y Concarán. En el caso de La Punta, no solo desconoce el Censo Nacional 2010, sino también el que Ud. convocó para esa ciudad en el año 2007.
Este reclamo se lo efectué a Ud. y al ex gobernador Poggi por sendas cartas documento. Ni respondieron ni cumplieron con sus obligaciones. Tres denuncias hice ante la justicia (2007,2009 y 2011), con sentencias tan contradictorias que no se explican por ignorancia del derecho, sino por temor y obediencia debida a Ud., que quiere de este modo, ejercer un control indebido a los municipios.
Si le pica la curiosidad encontrará mucho más material en
https://www.tochimoreno.com.ar/category/elecciones-municipales/

3* Universidad de La Punta (ULP)
Es sabido que esta universidad no puede otorgar títulos de grado porque no integra el sistema universitario nacional. Cuando el ex gobernador Poggi quiso hacerlo, Ud. lo impidió dando “órdenes” a través de editoriales en los medios que posee su familia.
Hoy, la ULP, asociada con la Universidad Nacional Tres de febrero. ofrece carreras de grado con títulos otorgados por esa universidad nacional.
Pero hay cuestiones de mayor gravedad en la marcha de la ULP, son los referidos al cumplimiento de la ley en lo concerniente a la integración de consejos para su gobierno integrados por docentes, alumnos y egresados. Nunca, desde que se fundó la ULP se dio cumplimiento a esta obligación legal. Les está mintiendo y negando sus derechos.
Mis pedidos de información pública efectuados a sus rectores, nunca fueron respondidos. Es que no tienen cómo explicar la violación de la ley, salvo por la vía de la obediencia y el temor.

4* Los CTAAP
Los Centros Técnicos de Apoyo al Aprendizaje son la actual denominación de los viejos Gabinetes Psicopedagógicos. Están incluidos en el Art. 10 bis del Estatuto Docente – Ley XV-0387-2004 y reglamentados por el Decreto 4521/04.
Cada CTAAP debe contar con un profesional de cada una de las siguientes especialidades Psicología, Psicopedagogía, Fonoaudiología, Asistente Social; más profesores especiales. Hay un CTAAP por cada región educativa, de donde se desprende que los miles de alumnos de cada región deben ser atendidos por ese cuerpo de profesionales. Un número más que insuficiente para tanta población estudiantil.
Insuficiencia que se agrava por el hecho que solo la Región I, que incluye al Depto. Pueyrredón ha tenido siempre la totalidad del personal previsto para los CTAAP. El resto de las regiones nunca tuvieron la dotación completa, incluso algunas, han carecido de todos durante bastante tiempo.

Tampoco supe recibir la información que pedí acerca de las causas de esas carencias. Más grave aún ha sido y es, la indiferencia de la dirigencia política provincial, incluyendo legisladores y autoridades municipales, que nunca reclamaron por la violación del derecho a la educación y la salud de aquellos a quienes dicen representar.

Finalmente

Tengo mucho más que reclamarle. Pero en esta oportunidad me refiero tan sólo a cómo Ud y su gobierno violan la Constitución y las leyes. Debo recordarle que de acuerdo al Art. 154 de nuestra constitución, Ud. ha jurado y jurará nuevamente “… cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes de la Nación y de la Provincia y desempeñar con lealtad y honradez el cargo de que se me inviste.”
Queda demostrado que ni ha cumplido, ni ha hecho cumplir lo que debe, no ha sido, por lo tanto, ni leal ni honrado para con los sanluiseños, determinando así, categóricas violaciones a los derechos humanos de la segunda generación. Justamente Ud. que fue el primer dirigente político que, en San Luis, habló de esa generación de derechos humanos.
Allá por diciembre de 2015 en ocasión de poner en función a nuevas autoridades policiales, les dijo “… dentro de la ley todo. Para eso están las leyes. De los derechos y obligaciones que nos otorga la ley, todo; fuera de la ley, nada, nada, nada”.
Ante la realidad que brevemente describo, esos conceptos son tan solo hojarasca declamatoria, nunca acompañados por la voluntad de concretarlos.
No aliento esperanzas en cuanto a que en este cuarto mandato gubernamental vaya a cumplir con lo que nunca cumplió, con lo que dejó conscientemente de lado. Es que tanto Ud. como su hermano Adolfo, tomaron a las instituciones republicanas y la vida democrática, para satisfacer sus ansias de poder, convirtiendo a nuestra provincia en una ficción republicana, en un verdadero feudo del siglo XXI.

Su persistente actitud violatoria de nuestras instituciones y la impunidad alcanzada está llevando a que las nuevas generaciones crean que para ésto se venció a las dictaduras sufridas; para que el capricho autoritario, rayano ya en lo patológico, sea el que decida el marco legal que nos rija, en qué medida y hasta cuándo.

Por no alentar esperanzas de cambio en su conducta gubernamental, es que insisto en la denuncia, en el reclamo, porque las nuevas generaciones deben conocer la verdad de lo que está pasando con nuestras instituciones y nuestra democracia. Tamaña afrenta no puede ser sepultada por el silencio.

Hago votos para que su feudo deje prontamente paso a la república y a la democracia.
Si Ud. cree que mis dichos no son verdades o que son exagerados u ofensivos, le recuerdo que la misma constitución sobre la que asiento mis reclamos, le da a Ud. en el Art. 28 el derecho a vindicarse.

SAN LUIS. Diciembre 5 de 2019