noviembre | 2025 | Tochi Moreno

CARTA ABIERTA AL GOBERNADOR POGGI

Sr. Gobernador CPN Claudio Javier Poggi:

Me dirijo a Ud. por este medio en virtud a su incumplimiento de responder en tiempo y forma a lo solicitado en el marco de la Ley V-0924-2015 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Me refiero al Expte. 2170390/25 iniciado por mí y el Esc. Eduardo G. Mones Ruiz el 17 de febrero pasado.

Ahí se le solicitó dé a conocer las razones por las cuales el Decreto 14010-MG-202, convocatoria a elecciones provinciales y municipales para el 11 de mayo, no se ajustó a lo normado por nuestra Constitución en sus artículos 247 a 280, reglamentados por la Ley de Régimen Municipal XII-0349-2004.

Presentada esta solicitud, no cumplió Ud. con responder en el plazo legal de diez días hábiles. Ese expediente pasó al Asesor Legal del Ministerio de Gobierno, quien telefónicamente respondió el día 17 de marzo, que respondería el día 20 de ese mes.

Al no recibir respuesta alguna, se presentó el Expte. 3423139/25, el día 25 de marzo, expresándole nuestro desagrado por su incumplimiento e informándole que se harían públicos estos hechos.

Tras consultas telefónicas, el Asesor Legal responde el día 25 de junio a las 10:15 am, que lo actuado estaba en el Ministerio de Gobierno y que desde ahí se enviaría la respuesta.

Lo que ocurrió el día 3 de julio a las 12:24 pm por correo electrónico desde Jefatura de Despacho del Min. de Gobierno. El dictamen del Asesor Legal, Abog. Valentín Laborda Claverie, está fechado el 20 de marzo. Queda claro que la respuesta que debía darse en 10 días hábiles, llegó más de tres meses después. Nada de respetar los plazos legales, ni de intentar explicación alguna.

El dictamen responde al segundo expediente presentado y pese a que en él se hace referencia al primero, no responde a éste; sino que cita tres leyes, Procedimientos Administrativos, Electoral Provincial y Actualización del Sistema Electoral; ajenas a lo solicitado. Es evidente que no se prestó atención al petitorio inicial o que por falta de argumentos que expliquen o justifiquen el incumplimiento de la constitución, se eludió referirse a ello.

No puedo creer que lo aquí sintetizado obedezca a la ignorancia de nuestra constitución y leyes. Más bien parece obedecer a una decisión política suya Sr. Gobernador, que se traduce en un ataque grave a las instituciones municipales y los derechos civiles de toda la ciudadanía sanluiseña, negándonos seguridad jurídica. Lo que por cierto viene de largo, porque pese a ser Ud. quien propuso la ley de Acceso a la Información Pública, tampoco la cumplió en ese año 2015, al igual que algunos de sus funcionarios.

No menoscabo los logros de su gobierno en varias áreas, pero debo expresarle, con dolor, que la persistencia de estos hechos lo alejan de la vida republicana y democrática que nos rige y cobija.

Le recuerdo, una vez más, el Art. 63 de nuestra Constitución: “En ningún caso y por ningún motivo o pretexto, las autoridades de la Provincia pueden suspender la observancia de esta Constitución, ni la de la Nación o la efectividad de las garantías establecidas”.

Son muchos, especialmente del ámbito político, los que sabiendo, debiendo y pudiendo informar o actuar, guardan un silencio que, a mi juicio, muestra cobardía ciudadana.

San Luis. Noviembre 17 de 2025.

Se conoció, días atrás, un comunicado de un grupo de periodistas exigiendo el cumplimiento del derecho al Acceso a la Información Pública por parte del gobierno del CPN Claudio Poggi.

Cabe recordar que la ley V-0924-2015 que establece para toda la ciudadanía provincial este derecho, fue sancionada a propuesta de Poggi en su anterior mandato.

Desde ese 2015 a la fecha, presenté numerosas solicitudes de información a los gobernadores y a varios de sus funcionarios, con escasísimo resultado. Sólo recuerdo tres respuestas completas, unas pocas incompletas o erróneas y muchas más sin respuesta alguna.

Conforme esa ley, me asiste el derecho de acudir a la justicia mediante un amparo por mora. El que efectué se perdió vaya uno saber en qué parte de la maraña protectora o temerosa del entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá; al menos eso dijo mi abogado, hoy funcionario gubernamental. Hacerlo de nuevo implica un gasto al cuete, habida cuenta de esa experiencia.

Lo curioso del caso es que siendo Poggi quien propuso esta ley, sean él y sus funcionarios quienes no la cumplen. Por ejemplo, la ley dice que en cada repartición estatal provincial debe exhibirse un cartel que avise a la ciudadanía de ese derecho. Hasta la fecha, nadie ha visto algo así. Ese mismo año 2015 se lo exigí por expediente a Poggi, ni cumplió ni me respondió.

En este año, ante una nueva convocatoria a elecciones municipales violando la manda constitucional, le pedimos a Poggi, junto con el Esc. Mones Ruiz, que informe de las razones de ese flagrante delito de incumplimiento. Muy vencido el plazo legal para hacerlo, llegó la respuesta por parte de un abogado asesor del Ministerio de Gobierno, eludiendo cuidadosamente el tema específico citando normativas totalmente ajenas a la cuestión. Cabal muestra de no tener explicación alguna a esa decisión gubernamental.

También le pedí, en dos ocasiones, informes al Ministro de Educación CPN Araujo. En el año 2024 la respuesta también fue extemporánea por parte de una abogada, diciendo que la información pedida estaba en la web del ministerio. Dato totalmente falso y así le respondí.

El segundo pedido hecho en febrero de este año, hasta la fecha sin respuesta.

Lo que muestra a las claras, que desde que se aprobó esta ley, los gobernadores Alberto Rodríguez Saá y Claudio Poggi, no respetan la ley y que no les interesa informar de su accionar. Sus funcionarios toman ese ejemplo u obedecen órdenes.

Quienes creemos y queremos vivir en una república con democracia y ética pública, estamos en el horno. Incumplir constitución y leyes, es a mi juicio, un delito y en ese ambiente se están formando las nuevas generaciones.

Cada vez que viví estas situaciones hice denuncias desde mi web, ampliamente distribuidas electrónicamente. Los ecos periodísticos han sido apenas un poco más que nada.

En buena hora que ahora algunos periodistas hagan estas denuncias, junto con la Defensoría del Pueblo. Pero, es la justicia la que debe actuar garantizando nuestros derechos y obligar al ejecutivo a respetar las instituciones republicanas. A los abogados, me permito decirles que denunciar estos hechos por parte de nuestros gobiernos provinciales, es más importante que definir una feria judicial más corta o más larga.

SAN LUIS. Noviembre 4 de 2025