Cloacas y obra pública

Se conoció la semana pasada la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de no autorizar la obra de cloacas en la localidad de El Volcán, exigiendo cambios para habilitarla.

Desde el inicio de la obra  los  vecinos hicieron  reclamaron por una obra que coloca a la planta de tratamiento cloacal al lado de la Ruta 20, a unos 100 metros del lecho del río y rodeada de viviendas. Un lugar que no hace mucho fue totalmente cubierto por  una histórica creciente del río. La decisión del Ministerio hace alusión especialmente al peligroso destino final de los líquidos allí tratados.

Esto nos lleva a reflexionar una vez más sobre la naturaleza de la obra pública en la provincia. Nuestra posición hacia esa obra no radica en un vulgar ejercicio de la crítica sin sentido, sino por la forma en que se la ejecuta.

Este gobierno familiar  licita la obra sin proyecto previo. Es la empresa adjudicataria la que debe realizar el proyecto. Una modalidad más que peligrosa porque de esa forma la empresa proyecta lo que más le conviene, esto en el caso de que sepa algo y tenga experiencia en la obra que recibe.

Este gobierno familiar  en su apuro por concretar negocios con la obra pública, muchas veces necesaria como en este caso; renuncia a su responsabilidad de desarrollar los proyectos conforme las necesidades del pueblo y a las exigencias medio ambientales, que deberían estar presentes en cada obra. Y más tarde renuncia a evaluar seria y responsablemente los proyectos antes de que sean ejecutados.

Esta lamentablemente errónea forma de realizar la obra pública se la sufrió por ejemplo, en la construcción de los diques Nogolí y Antonio Esteban Agüero. Y en la construcción del nuevo autódromo en Potrero de los Funes, el hecho de que pueda llegar a quedar “bonito” o que nos dé prestigio ante algunos sectores, no quita el crimen que se está cometiendo con el paisaje y el ecosistema.

Así se construyen las cloacas de El Volcán. También las de Potrero de los Funes,  que tendrá una planta de tratamiento que  necesitará de un intenso bombeo a un costo del que nada se sabe en cuanto a monto y de quiénes lo abonarán. Sin dejar de lado las dudas que ofrecen los caños de cloacas que corren por el lecho del río.

Las dudas se acrecientan cuando recordamos la frecuente  mala calidad de  obras en la que la inspección suele ser una formalidad poco seria.

Siempre ha prevalecido la idea de efectuar un buen negocio para las empresas y sus amigos en el gobierno, antes que cumplir con el Bien Común.

Es hora que el Gobierno aprenda que la obra debe proyectarse cuidadosamente, ser expuesta a los destinatarios en audiencias públicas que permitan escuchar y atender otras opiniones y que se cuente con asesoramientos o auditores libres de las sospechas que nos originan las empresas privadas tras grandes ganancias  sin medir consecuencias.

Una buena fuente de evaluar proyectos y sus impactos ambientales, económicos y sociales la constituyen las Universidades Nacionales que cuentan con carreras e investigaciones fuertemente evaluadas en sus capacidades para este tipo de tareas. Quizás el Legislativo debiera trabajar en estas cuestiones, para lo cual deberá vencerse la poca vocación de los  legisladores oficialistas tienen para actuar por fuera de las órdenes que les dan desde Casa de Gobierno.

SAN LUIS. Marzo 17 de 2.008

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