Ley de Cine: a consulta popular

Para entrenar a su tropa  en esto de  que haga lo que se le ordene sin pensar, la familia gobernante plantó  en la escena política provincial una consulta popular para que el pueblo diga si está o no de acuerdo con la tan mentada Ley de Cine. Consulta que  coincide  con la elección municipal del 29 de julio.

El entrenamiento se hizo tal como se planeó. Ley presentada y aprobada rápidamente, con trampas para el Intendente Vergés (no cayó en ellas), sin tiempo para estudiar nada en comisiones y con el coro aplaudidor cantando loas a no se sabe bien qué cosa inteligente hace el Gobernador.

En declaraciones periodísticas del  hermano Adolfo quedó claro que la consulta estaba pensada sólo para que el Tribunal Electoral Provincial sea quien controle las elecciones municipales.

El tramposo siempre piensa que los demás son de su misma condición. Y por si acaso, quiere ser quien cuente finalmente los votos.

Esta consulta  evidencia una vez más  de qué manera este gobierno (de 1983 a la fecha) usa las instituciones democráticas para ponerlas al exclusivo servicio de sus intereses particulares.

Los  legisladores de la democracia, solicitaron  muchas veces informes acerca de cómo se cumple con esta ley, de maniobras al menos dudosas surgidas de su aplicación, de fondos otorgados sin que se sepa bien a dónde fueron, ni qué pasó con películas que se dice se filmaron y nadie vio aún.

Los pedidos de informes forman parte del “ abc “ de la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo en nuestra democracia y son el medio idóneo para que el pueblo sepa  qué y cómo  hace el gobierno sus acciones y qué  consecuencias tiene ese accionar.  Ninguno de estos pedidos de informes fue aceptado, con la simple razón de la mayoría legislativa y del seguidismo callado que los legisladores oficialistas deben mostrar en todo momento.

Nunca informaron a los legisladores y de golpe les nace el interés por saber qué piensa el pueblo sanluiseño sobre la ley de cine, su aplicación  y los cursos que se dan a su sombra. ¿Cómo puede el pueblo opinar, si desde el Gobierno se esconde toda la información? Se la esconde tanto como se miente cuando se dice algo.

Si tienen  tanta vocación democrática, que tengan la valentía de informar documentadamente en la Cámara de Diputados, todo lo hecho en cine. Y nos ahorramos una consulta tonta y superficial.

Si de consultar se trata, podrían preguntarnos acerca  de si estamos o no de acuerdo en que se viole la autonomía municipal, si aceptamos la bajísima coparticipación a los municipios;  en que falte personal en las escuelas, en que falten policías, en que el Ejecutivo informe debidamente lo que hace al Legislativo, en que profesionales de la salud y maestros cobren por el Plan de Inclusión, si queremos que nos expliquen el origen de tantas y tan extensas propiedades como las que poseen hoy tantos funcionarios y ex funcionarios. O sobre el monto de la indemnización a Nelson Madaff acusado, encarcelado y torturado injustamente por la intervención de policías y jueces y con el silencio de funcionarios y legisladores oficialistas.  Y mil temas más por el estilo.

La consulta se basa en un articulo de la Constitución al que nunca se reglamentó. Las provincias que sí  lo reglamentaron, las alejaron  de las elecciones de autoridades, para darle mayor claridad a los objetivos.  En nuestro San Luis, la Constitución, las leyes y nuestros derechos valen tanto como  lo deseen desde este gobierno familiar:   poco y nada. Para eso tienen fieles levanta manos, obsecuentes escribas y lectores de un solo ojo.

Esta  consulta popular merece serias y firmes  objeciones   en su validez constitucional;  además de ser el tema consultado, una acabada muestra de cómo se burlan del pueblo todo.  Es sólo una burda excusa para poder cometer un nuevo fraude electoral el día 29 de julio próximo.

La participación en la consulta es totalmente irrelevante.

Lo único importante para nosotros, es una unidad solidaria y armónica de todos los amantes de la vida republicana en democracia, para recuperar las instituciones de manos de esta dictadura y ponerlas al servicio del bien común y de nuestra dignidad de personas y de pueblo.

SAN LUIS.  Mayo   21    de 2007.

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