La Justicia en el San Luis…

… de los Rodríguez Saá

Desde aquel fatídico 24 de marzo de 1976 en la provincia de San Luis no hay democracia.

Esta categórica afirmación tiene su clara explicación en que el gobierno que ejerció Adolfo Rodríguez Saá  en diciembre de 1.983, poco a poco fue involucionando hacia formas cada vez más  autoritarias, con mayor concentración de poder, con dominio o  control de los medios de comunicación social, control y dominio de su propia fuerza partidaria primero para luego hacer lo mismo con los poderes legislativo y judicial.  Hoy Alberto Rodríguez Saá continúa la misma política con mayor grado de desequilibrio emocional, de desconocimiento y de torpeza.

Así podemos decir sin temor a exageración alguna que en San Luis la separación e independencia de los poderes ha dado lugar a  una asociación ilícita entre los poderes.

Es sabido ya que la independencia del Judicial es muy relativa si recordamos  que los cargos son propuestos por el Ejecutivo y aprobados por el Legislativo. Proceder que abre paso al recordatorio o cobro de favores.  Lo que se suele hacer de modo amable o furibundo, amenazante. Y los Rodríguez Saá utilizaron todos los recursos imaginables para tener una justicia adicta:

* Nombraron jueces con escasa experiencia y capacidad- * Integrantes del Superior Tribunal  sin la antigüedad que exige la Constitución en el ejercicio de la profesión, torpemente reemplazada por antigüedad del título. * La constante  ida y vuelta  de hombres del riñón gubernamental entre el Ejecutivo,  el Legislativo o el Judicial. * Manoseo de los jueces a través de campañas de prensa de los medios oficiales, más la organización de marchas organizadas desde el Gobierno y con activa participación de funcionarios, legisladores y fuerzas de seguridad. * La protección legislativa a los jueces amigos con pedido de Juri por parte de la oposición democrática. Ejemplo, en el  caso Claudia Díaz, (un crimen en que la presunta asesinada apareció años después en San Juan y con cuatro hijos) el juez Ochoa encarceló y  torturó al chivo expiatorio que eligieron (Nelson Madaff) y que hoy está libre, pero incapacitado para trabajar por las palizas y enfermedades recibidas en  la cárcel.  A Ochoa le perdonaron  dos Juri, porque antes había sobreseído a los hermanos Rodríguez Saá en una causa por enriquecimiento ilícito sin investigar nada. Madaff nunca recibió ni una indemnización, ni una disculpa. * Los juicios políticos sufridos por tres juezas, por haberse negado a aceptar un recorte salarial, amparadas en la intangibilidad de la remuneración judicial. Estas juezas, todas ellas de Villa Mercedes y con destacada labor fueron separadas de sus cargos e inhabilitadas en juicios que fueron una farsa, como lo dejó claramente señalado el abogado defensor de dos de ellas, Dr. Zaffaroni. * Se eliminaron los Colegios de Abogados y la colegiación la manejaba el Superior Tribunal, hasta la semana pasada en que para aliviar la seria amenaza de intervención a la Justicia, volvieron atrás.

Es esta una  tremenda e incompleta síntesis de lo que pasa en la justicia de San Luis. La controlan y dominan como requisito  indispensable para su proyecto dinástico familiar, que llevó el concepto de “mayoría automática”, al de unanimidad servil.

No debemos soslayar que también  la Justicia Federal radicada en la provincia, responde a los Rodríguez Saá, conforme las propuestas de designaciones que estos negociaron con los presidentes Alfonsín y Menem.

Las renuncias firmadas con anterioridad a la designación es uno de los

tantos recursos usados para tener la tropa asegurada, los comentarios corrieron siempre y si hoy no aparecen más renunciados es porque no pueden paralizar demasiado la justicia, porque deben muchos favores, porque  hay causas sensibles al Gobierno sin resolver y porque hay renuncias dirigidas al Gobernador Adolfo RS y darlas a conocer ahora que gobierna Alberto sería una prueba  irrefutable.

Todo esto no es nuevo, se denunciaron maniobras de este tipo desde 1984. Pero claro, muchos creyeron que eran exageraciones de las minorías derrotadas. Y seguramente había un toma y daca entre gobiernos nacionales y este de San Luis. Hoy el tema explotó y seguramente será de difícil solución, el daño es muy hondo y prolongado.

Pedimos la intervención federal a la justicia sanluiseña, no como una panacea, ni para que otros nos solucionen nuestros problemas.  Nosotros queremos limpiar nuestras instituciones con nuestro esfuerzo y convicciones;  simplemente necesitamos una ayuda como para emparejar un poco las cosas en medio de tanto fraude electoral, de tanta ley tramposa. A su vez, toda la estructura del poder familiar está aterrorizada con la posibilidad de una intervención a la Justicia y por eso están queriendo volver atrás en muchas cosas,  negociando, prometiendo y vaya a saber qué cosa más en la penumbra de los pasillos de la politiquería.

Que el pueblo todo de Argentina tome una lección de lo que se vive en San Luis, con una Constitución que permite la reelección indefinida del Gobernador y con posibilidades de instaurar una dinastía familiar.  Esa es la piedra fundamental de la dictadura, la argamasa la da el control total de las instituciones democráticas logrado a como sea y sostenido con la cobardía, ceguera o inutilidad de quienes se desempeñan en el Poder Judicial.

No hay noticias en nuestra Argentina de un manejo tan descarado de la justicia, ni una Justicia tan inútil como la que armó desde el poder la Familia Rodríguez Saá en su afán de perpetuarse en el poder y en los negocios turbios.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.