UNA MÁS Y VAN …

 En varias ocasiones me he referido a la  Ley de Acceso a la Información Pública, V-0924-2015, tan  poco difundida y tan desconocida por el pueblo sanluiseño. Lamentablemente debo contar una vez más de cómo el Gobierno de la Provincia incumple esta ley con una persistencia digna de mejor causa.

Esto de incumplir con la Constitución y las leyes es propio de los hermanos Rodríguez Saá, quienes lo han transmitido a sus funcionarios, dentro de lo que se  ha dado en denominar “el modelo de administración sanluiseño”.

Como buenos  alumnos el ex gobernador Claudio Poggi  y su entonces  ministro de educación y rector interino de la Universidad La Punta, Marcelo  Sosa;  en el año 2015 ignoraron tanto esta ley,  como su obligación de cumplirla ante mis pedidos.

Ahora el maestro de vivir al margen de la constitución y las leyes,  Alberto Rodríguez Saá, vuelve a darnos una lección en esa materia.

Pedidos de Información 2016

Fueron presentados al Ministro de Educación, al  Gobernador, al Rector de la Universidad Pcial. de Oficios (UPRO) y al Rector de la Universidad de La Punta (ULP).  Tanto el Gobernador, como el Ministro de Educación y el Rector de la ULP no cumplieron con los plazos iniciales señalados por la ley, como tampoco con el plazo de la intimación por Carta Documento, tal como me manda la legislación.

El Ing. Surroca, Rector de la UPRO contestó, si bien no fue muy eficaz en notificarme o en instruir a su personal para que me informara correctamente.

Ministerio de Educación:

Al ministro Marcelo Amitrano le pedí información sobre tres temas. Los correspondientes a Escuelas Generativas y Escuelas con Jornadas Extendida, fueron respondidos vencido incluso el plazo otorgado por Carta Documento 5062524. El pedido relacionado con los Centros Técnicos de Apoyo al Aprendizaje (CTAAP) ex gabinetes psicopedagógicos, que fuera presentado el 8 de agosto por Expte. 8080273/16,  aún  no fue respondido. En consultas telefónicas efectuadas al personal del ministerio me dicen  que está en el área de Planeamiento, donde parece que lo están acunando.

Este ministro  cumplió a medias.

Gobernador de la Provincia.      

Al Dr. Alberto Rodríguez Saá le formulé dos pedidos con fecha 8 de agosto incluidos ambos en el Expte 8090040/16.  Ante la inicial falta de respuesta,  envié Carta Documento  5062523 el día 29 de agosto.

Hasta la fecha no he tenido respuesta alguna. Telefónicamente  me dicen que está en una de las áreas contables, sin mayores precisiones.

Uno de los pedidos se refiere a la obligación del Poder Ejecutivo de colocar carteles en todas las oficinas de atención al público informando de la existencia de esta ley y  del derecho de todos a obtener información  de todo aquello que le interese, sin más requisitos que hacerlo debidamente identificado y por escrito.

¿Hace falta decir que este cartel no ha sido colocado hasta la fecha?

Responsabilidad compartida por Poggi y por Alberto Rodríguez Saá.

Rector de la Universidad La Punta.

Al Lic. Salino, le requerí informes sobre los mismos temas que le pidiera al ex Rector Interino Marcelo Sosa. Los tres fueron presentados el 8 de agosto y fueron  administrativamente unificados en el Expte 8080002/16.

Vencidos todos los plazos, incluido el de la Carta Documento  5062525 enviada el 29 de agosto y al igual que el Sr. Gobernador, el Rector no se ha tomado la molestia de cumplir con sus obligaciones legales.

En unas aproximadamente veinte llamadas telefónicas, sólo he conseguido saber que ese expediente está desde comienzos de setiembre en Asuntos Legales de la ULP, a cargo del abogado Jorge Pereira. De este abogado sólo he sabido ”que no ha llegado”, “está en reunión”, “salió a comer”, “ya se fue”. Tengo registrados los días y horas en que efectué esas llamadas.

En una ocasión un señor que no  quiso dar su nombre me dijo que en mi nota no había indicado para qué quería yo esa información y  qué haría con ella.  Requerimiento que resulta verdaderamente alarmante, tal como lo expresé en ese momento,  ya que significa una supina ignorancia de la ley que, en su artículo 6°, dice expresamente “No puede exigirse la manifestación del propósito  de la requisitoria”.

Como lo pedido al Rector Salino es lo mismo que le pedí al anterior Rector Sosa, no puedo dejar de creer que esta entre reticencia y negativa a informar, obedece a que esa universidad provincial está muy preocupada en mantener oculta  a la provincia toda,  su persistente vocación  en no cumplir con lo que manda la ley de creación de la ULP. Por lo menos en lo atinente a tener un gobierno colegiado e integrado por docentes, alumnos, egresados y no docentes.

Otros pasos a dar.

Al no tener aún respuestas de estos funcionarios, me queda una instancia más. Se trata de iniciar en la justicia provincial un Recurso de Amparo por Mora.

Pero ocurre que por cada recurso se debe a abonar  una suma  que multiplicada por cada funcionario y cada expediente no respondido, se llega a una suma de fuerte impacto económico. Además de que no tengo mucha confianza en que un amparo vaya a hacerle mella alguna a un gobierno que ha logrado (o impuesto) la impunidad ante tanto incumplimiento de la Constitución y las leyes provinciales.

Es triste advertir la muy poca importancia que se le da en el ámbito provincial a la ruptura del orden constitucional, a la violación permanente de las leyes.  Es una cuestión que debiera estar permanentemente instalada en la agenda diaria de los sanluiseños.

La obra pública, en la base de un relato que esconde la ruptura republicana, conformando este feudo que ha reemplazado a una  democracia representativa, republicana y federal.

                                                                     SAN LUIS. Octubre 24 de 2016.