Cada tanto  esta realidad de violencia instalada  en nuestra Patria nos golpea con dureza en esta patria chica sanluiseña. Tras el golpe, la sorpresa y las preguntas de ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? Es ahí cuando caemos en cuenta que  el camino de la burocracia  reglamentarista no sirve de mucho, que se necesita legislar no con prolijidad de estilo sino  desde las personas y su dignidad como  eje y centro.Años atrás, cuando el crimen de la pequeña Guadalupe Di Falco,  supimos que la violencia familiar había sido denunciada, que la familia fue visitada y elevado un informe detallando lo que sufría la niña. Nada se hizo a partir de ese informe y  Guadalupe murió víctima de  las torturas recibida  de sus padres, sin que el Estado  haya actuado según sus responsabilidades.

Ahora nos golpea el caso de Mateo, nuestro niño atado, amordazado y hambreado por sus padres. Situación que se había advertido en la escuela el año pasado y elevado el pertinente informe a las autoridades. Una breve visita  no se tradujo en un diagnóstico correcto, la familia cambió a Mateo de escuela culpando a la maestra de lo que en verdad ellos le hacían al niño. Y todo siguió como antes hasta que los vecinos advirtieron la triste realidad de lo que pasaba y lograron rescatarlo con intervención policial. Afortunadamente la responsabilidad de estos vecinos impidió daños mayores. Pero el Estado actuó poco y mal.

En casos así, cuando hay personas, hermanos nuestros, niños que merecen lo mejor de parte del mundo adulto no cabe el actuar atados a un reglamento burocrático, mucho menos guiados por la ley del menor esfuerzo o por aquello de “… no es nada, ya pasará”.

Debemos tener muy en cuenta que ”la persona humana es la medida de todas las cosas”, nada que la afecte en su inmensa dimensión de dignidad es bueno ni para esa persona ni para la sociedad. Lo que le pasó a  Guadalupe, a Mateo nos pasa a todos los argentinos.

Es el Estado el responsable, no un Estado elusivo, diluido en estructuras burocráticas. Sino un Estado con funcionarios y empleados evaluados en su capacidad específica, amor al prójimo, vocación de servicio y sentido común.

En casos como éstos es preferible pecar por exceso y disculparse si cabe, antes que demorar, ignorar o desestimar  una situación.

Mis críticas no son sólo teóricas o retóricas, porque desde hace mucho que vengo denunciando el incumplimiento irresponsable y hasta criminal del gobierno (desde 2004 a la fecha) del artículo 10 bis del Estatuto del Docente (ley XV – 0387-2004) y su decreto reglamentario 4521/2004. Se trata de la norma que crea los CTAAP en reemplazo de los viejos Gabinetes Psicopedagógicos. Los CTAAP no están cubiertos en su totalidad en la mayor parte de la provincia y allí donde lo están un solo profesional en cada especialidad no es suficiente para poder cubrir todas las necesidades que requiere nuestra población escolar.

Por cierto que todas las denuncias que hice tuvieron alguna repercusión en la prensa y ninguna en los ámbitos gubernamentales y políticos. Triste señal del poco interés que tiene en nuestra sociedad la educación. Porque el interés por la educación no se cacarea, se ejerce permanente y persistentemente.

No se trata sólo del incumplimiento de una ley (una entre tantas otras), sino de sus consecuencias en  la salud y  en la educación de generaciones de niños.

Se impone que se revea con urgencia y con la mente puesta en el prójimo, los protocolos para encarar casos que afecten en escuelas o familias,  tanto la salud psico física de los alumnos, sus familias y docentes, como en la seguridad de los edificios. Por un lado, informes  que lleguen con la urgencia que merecen con inmediato acuse de recibo a quien hizo el informe.  Tras ello, la urgente actuación de un equipo interdisciplinario que de inmediato  y no en una ”visita de médico”, con  todas las visitas y el tiempo que sea necesario, evalúe, diagnostique, aconseje, sin caer en interpretaciones que menoscaben la importancia de lo denunciado.

Ante la duda, primero las personas, especialmente los niños. Una situación como éstas que hoy nos ocupan y duelen, no son un trámite de papeleo burocrático, sino un verdadero examen de la calidad de los servicios que nos brinda el estado.

También un examen de la sensibilidad humana de nuestros gobernantes, funcionarios y empleados. Si los profesionales que evaluaron la denuncia por la situación de Mateo informaron que no había una situación de riesgo, es para dudar decididamente de su capacidad, responsabilidad,  sensibilidad y hasta de su sentido común.

Al mismísimo cuerno con la formalidad burocrática de cómodos sillones.

Primero las personas. Primero los niños. Todo lo que se haga por y para ellos es poco. Lamentablemente en estos casos lo poco fue nada.

                                                                                 SAN LUIS. Agosto 2 de 2016.