CARTA ABIERTA A LA CIUDADANIA DE SAN LUIS

Desde el año 2007 vengo denunciando la inconstitucionalidad en las convocatorias electorales para cargos ejecutivos y legislativos municipales. Nunca, insisto, nunca esas denuncias fueron refutadas, sólo ignoradas por el gobierno de turno y eludidas, con lamentables argumentos, por jueces, incluso los del Superior Tribunal de Justicia en los años 2007, 2009 y 2011.

Todo ello lleva al desconocimiento del problema por la ciudadanía provincial, ya que el silencio gubernamental obra como una orden subrepticia para que quienes pudiendo hablar, informar o  enseñar,  callen.

Organización municipal.

Veamos lo normado por la Constitución Provincial.  Y lo que corresponde a nuestra realidad provincial.

Artículo 249:El régimen municipal se organiza teniendo en cuenta el número de habitantes dentro del ejido de cada población permanente, determinado por ley en base a los censos nacionales, provinciales o municipales.

Para este caso rige aún el censo nacional 2010, ya que el efectuado en el 2022 no tiene cifras definitivas publicadas oficialmente.

Ejecutivos municipales

Hay tres formas:

Comisiones Municipales: El Art. 250  las crea  para las localidades con una población censada de entre 801 y 1500 habitantes. Cuentan con un Presidente y un Consejo de tres miembros, con representación de las minorías. Hoy, esto es de total incumplimiento.

Intendente Comisionado: Las localidades con hasta 800 habitantes, son regidas por un Intendente Comisionado Municipal y un suplente, según el Art. 251.

Municipalidades: El Art. 256 expresa que localidades con más de 1500 habitantes son municipios con Concejo Deliberante. Al momento todas las localidades comprendidas en este artículo, tienen Concejo Deliberante, si bien algunas con menos los concejales que los debidos.

A su vez el Art 257 precisa la cantidad de concejales según población:

De 1.501 a 2.500 habitantes cuatro concejales.   De 2.501 a 5.000 habitantes cinco concejales.

De 5.001 a 7.000 habitantes siete concejales. De 7.001 a 9.000 habitantes nueve concejales. De 9.001 a 25.000 habitantes diez concejales. De 25.001 a 50.000 habitantes doce concejales y uno más por cada cincuenta mil habitantes o fracción no inferior a 25.000.

Cada una de estas normas constitucionales señaladas son ratificadas por la ley XII-0349-2004 REGIMEN MUNICIPAL.

Del cumplimiento

El Poder Legislativo ha precisado en el Art. 3 de la ya citada ley XII-0349-2004, que: “El Poder Ejecutivo determinará después de cada censo, los nuevos lugares donde corresponda Municipalidad, Comisión o Comisionado.”

Esta obligación del Ejecutivo no ha sido cumplida hasta la fecha. Por lo cual, estamos frente a un incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de quienes fueron Gobernadores desde 2010.

Decreto 52/2023 MGJyC.

Este es el Decreto de convocatoria, fechado el 6 de enero y publicado en el Boletín Oficial el 12 de este mes. Fija las elecciones provinciales y municipales para el 11 de junio e indica que se regirán por la ley XI-1086-2022 que impone la Ley de Lemas.

Inconstitucionalidades

En este decreto encuentro varias inconstitucionalidades:

*Dice elArt 253 de la Constitución: El Poder Ejecutivo de la Provincia convoca a elecciones para las comisiones municipales, intendentes comisionados y delegados Municipales…”. Es evidente que no convoca a Comisiones Municipales en las siguientes localidades:  Nueva Galia (1353 habitantes); Fortuna (820 habitantes); Arizona (1040 habitantes); Fraga (1127 habitantes); Villa Larca (957 habitantes); Beazley (957 habitantes) y Cortaderas (822 habitantes).

* Invita a los Intendentes Municipales a convocar para elegir concejales sin alterar la actual cantidad de concejales, cuyo número está por debajo de lo que les corresponde por su población a las siguientes localidades:

La Punta con 13182 hab. debe tener 10 concejales, tiene 4; Juana Koslay con 12467 habitantes debe tener 10 concejales y tiene 9; Quines con 7459 debe tener 9 concejales, tiene 7; Candelaria tienen 2729 hab.,  le corresponden 5 concejales y tiene 4; La Toma debe tener 9 concejales por sus 7374 hab. y tiene 7; Concarán cuenta con 5119 habitantes tiene 5 concejales y le corresponden 7 y finalmente Santa Rosa del Conlara con 5511 habitantes tiene 5 concejales y le corresponden 7.

Hay que recordar que, años atrás, el ex Intendente de la ciudad de San Luis Enrique Ponce, convocó a elegir concejales conforme la constitución y la ley, sin esperar que el Gobernador cumpla con sus obligaciones. Finalmente, la Justicia Provincial le dio la razón. ¿Se animarán los actuales Intendentes a seguir ese ejemplo?

Un tema dudoso

Según el Artículo 257, inciso 1, los Intendentes Municipales deben ser elegidos “a simple pluralidad de votos.”

Pues bien, la aplicación de la Ley de Lemas, abre la posibilidad que quien  sea el más  votado en el lema ganador de la elección, tenga menos votos que uno o más candidatos de los lemas minoritarios.

Una ley, no puede ignorar ni modificar lo que ordena la Constitución.

Esto, según mi juicio. Habrá que ver qué dicen las que saben de derecho. O qué interpretación antojadiza aplica el gobierno

Otras manifestaciones de inconstitucionalidad

  • Art. 4: “El gobierno y la sociedad sanluiseña basan su acción en la solidaridad, democracia social, igualdad de

oportunidades, ausencia de discriminaciones arbitrarias, plena participación política, económica, cultural y social de sus habitantes, y en los principios éticos tradicionales fieles a nuestro patrimonio cultural.”

No advierto que esta convocatoria asegure a la ciudadanía de las localidades mencionadas, la igualdad de oportunidades, ni la plena participación política. Pero sí los está discriminando arbitrariamente.

  • En el mismo sentido, el Art. 16, garantiza la igualdad ante la ley y ratifica el derecho a la efectiva

participación en la organización política. Esta convocatoria no les da la igualdad de oportunidades en la participación política.

  • Según el Art.10, esta convocatoria por tener en su texto disposiciones contrarias a nuestra

constitución, carece de valor y debe ser declarada inconstitucional en juicio aun cuando no haya sido requerido por las partes. ¿Se animará algún juez?

Es competencia específica del Superior Tribunal de Justicia de la provincia,  el determinar la constitucionalidad o no, de una ley, decreto, etc. Esto lo dice el Art. 213 de nuestra Constitución.

Sometimiento

Veamos el Art. 29 de la Constitución Nacional: El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincias, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria.”

Este decreto 52/2023 del gobierno provincial, nos somete, nos pone a merced del capricho o de la ignorancia del Poder Ejecutivo provincial

Finalmente

Lo más claro y categórico, lo que define la gravedad de toda la situación que surge de esta convocatoria.

Observancia de la Constitución

Artículo 63:  “En ningún caso y por ningún motivo o pretexto, las autoridades de la Provincia pueden suspender la observancia de esta Constitución, ni la de la Nación o la efectividad de las garantías establecidas en ambas.”

La constitución no se cumple a veces o por partes, según el gusto, conveniencia o capricho de quienes gobiernan, legislan o juzgan. Hay o no constitucionalidad. Sin medias tintas.

No se trata sólo de una elección más. Estamos frente a una persistente actitud de discriminar y agraviar los derechos de buena parte de la ciudadanía sanluiseña.

Hasta ahora tenemos demasiado silencio e inacción. Seguir así es ser cómplices de un autoritarismo que destruye las instituciones republicanas, no ya desde las dictaduras que hemos padecido, sino desde la misma república con autoridades elegidas en democracia.

SAN LUIS. Enero 17 de 2023

ACERCA DE LAS ELECCIONES 2023

ACERCA DE LAS ELECCIONES  2023

Recientemente el congreso partidario del Partido Justicialista resolvió que las elecciones provinciales del corriente año se celebrarán el 11 de junio. Es la fecha que el partido gobernante entiende que más le conviene para despegarse de la anunciada caída electoral del Frente de Todos (kirchnerismo), que el PJ sanluiseño integra.  Decisión que merece unas cuantas consideraciones.

Del Calendario

Esto de fijar las fechas conforme las conveniencias antojadizas de los que gobiernan debe desaparecer y tener un calendario electoral fijo e inamovible; y que su determinación y eventuales cambios exijan altas mayorías legislativas.

Que quede claro, esta fecha la fijó un partido político, sin que haya ningún atisbo de intentar acordar con las restantes expresiones del pensamiento político provincial. No hay diálogo republicano y democrático en el feudo adolfo – albertista. 

Por ahora, lo único que hay es esa decisión partidaria, el gobierno nada ha dicho en forma oficial, una manera de seguir haciendo” la suya”, para tratar de complicar a la “oposición”.

De la convocatoria

De acuerdo al régimen electoral provincial, la convocatoria a elecciones deberá hacerse por ley no más allá del 10 de febrero, hay bastante por hacer en poco tiempo, empezando por  una convocatoria a sesiones legislativas extraordinarias.

El padrón provisorio que regirá para las elecciones nacionales del mes de octubre ya está disponible para consultar; pero el gobierno provincial nada dice del padrón que se usará en estas elecciones provinciales de junio. No hay mucho tiempo para hacer bien las cosas. Siempre lo hay para trampear, más aún cuando las vacaciones veraniegas no son muy propicias para que la ciudadanía se informe.

No es arriesgado decir que todo se conocerá en el momento que más perjudique a una “oposición” con experiencia en dejarse sorprender.

De la Constitución y las elecciones municipales.

Las convocatorias a elecciones municipales desde que se conoció el censo nacional 2010, se han hecho   violando el Art 257 de nuestra Constitución provincial y su reglamentación por Ley XII-349-2004. Está claro que el Ejecutivo convoca a Comisiones Vecinales y Comisionados Municipales, mientras que los municipios están facultades para fijar su propio calendario, si bien generalmente adhieren a lo que “manda” el gobierno.

¿De qué violación hablo?

La Constitución marca qué autoridades municipales le corresponden a cada localidad según su  población censada.

Rige aún el censo 2010, el 2022 aún no tiene cifras definitivas publicadas; Nueva Galia, Fortuna, Arizona, Fraga, Villa Larca, Beazley y Cortaderas, deben ser gobernadas por una Comisión Municipal con Presidente y tres miembros. Nunca se convocó para ello.

A su vez hay varias localidades que, por su población censada, deben contar con más concejales que los que tienen actualmente, veamos:

 Juana Koslay (tiene 9 y debe tener 10); La Punta (de 4 a 10); Quines (de 7 a 9); Candelaria (de 4 a 5); La Toma (de 7 a 9); Concarán (de 5 a 7); Sta. Rosa del Conlara (de 5 a 7).  

De las denuncias

He denunciado varias veces estas flagrantes y persistentes violaciones a la constitucionalidad en plena vigencia de la vida republicana con democracia, negando y pisoteando los derechos civiles de la ciudadanía sanluiseña.

Ni la justicia, ni los gobernadores, ni sus ministros, ni los legisladores han dado respuestas válidas a mis denuncias, reclamos y pedidos. Años atrás, miembros del Superior Tribunal de Justicia, supieron emitir fallos lamenta y vergonzosamente contradictorios, que solo se entienden desde el temor a contradecir al gobernador.

Lo que muestra una violación más a la Constitución, esta vez en su Artículo 63 que expresa: “En ningún caso y por ningún motivo o pretexto, las autoridades de la Provincia pueden   suspender la observancia de esta Constitución, ni la de la Nación o la efectividad de las garantías establecidas en ambas.”

Son “ autoridades de la Provincia”  los integrantes de los tres poderes.  Por acción, omisión, ignorancia, inutilidad o miedo, todos han sido responsables de esta persistente violación a la constitucionalidad que nos rige.

Lo que no se entiende

Que un gobierno autoritario con anacrónico formato feudal no cumpla con la constitución, no es de extrañar. Lo que no se entiende es la inacción, el silencio, el conformismo de la dirigencia política “opositora” ante estos hechos imposibles de negar, de disimular o de rebatir. No han informado, educado en su actividad política, especialmente en campañas electorales, de estas cuestiones. Su silencio es cómplice.

Tampoco se entiende el silencio de la mayoría de los medios de comunicación, que debieran, a mi juicio, dar información certera y educar al soberano acerca de cómo son las instituciones de la república. Un tema como éste no es, a mi entender, noticia pasajera, debiera motivo de campañas informativas tanto o más persistentes que la violación gubernamental.

No acepto la excusa de ignorancia del tema, no en quienes son autoridades, dirigentes políticos, profesionales del derecho y la comunicación, líderes sociales.

Respuestas inconcebibles

“No se puede convocar según la constitución porque esos cargos no están previstos en el presupuesto”, fue la explicación que un abogado asesor del gobierno me dio hace unos años. Mi respuesta fue que el presupuesto debe garantizar el cumplimiento de la Constitución  y no ser excusa para incumplirla.

Tras lo cual terminó la breve audiencia con ese asesor, que hoy es juez.

A su vez, algunos legisladores provinciales me respondieron que no tenían la mayoría necesaria para sancionar una ley que determine qué autoridad le corresponde a cada localidad.  Respuesta que desconoce el artículo 4° de la ley de Régimen Municipal, ya citada,  que dice: “El Poder Ejecutivo determinará después de cada censo, los nuevos lugares donde corresponda Municipalidad, Comisión o Comisionado.”   No hace falta nueva ley, el Legislativo ya autorizó al Ejecutivo a definir esa cuestión a partir de los datos censales.

Lo que puede venir

No creo que podamos abrigar esperanzas de que se cumpla con la manda constitucional, porque violando los derechos civiles de la ciudadanía, es más fácil controlar y dominar las autoridades municipales.

No obstante, estamos obligados, todos estamos obligados, a exigir como más y mejor podamos, que se cumpla con nuestra Constitución. Exigencia persistente a los tres poderes y a los que saben, pueden y deben   hacer lo necesario, para lo cual solo deben tener convicciones y coraje republicano. ¿Cuánto hay  de esto ahora?

SAN LUIS. Enero 3 de 2023

QUE NO SE ESCONDA LO DE LAGO ESCONDIDO

Otra vez los argentinos nos vemos sacudidos por denuncias que involucran a funcionarios judiciales y de gobiernos, entre otros más en acciones incompatibles con sus cargos.

El que funcionarios de gobierno y de la justicia, se tomen vacaciones pagas por empresarios privados y tratar de ocultarlo, sería una categórica muestra de desparpajo y desprecio a toda la ciudadanía, algo, además, propia de tontos.  Digo esto, porque en estos momentos es muy fácil que los descubran.

Un solo funcionario,  en este caso del gobierno nacional, renunció a su cargo, lo que no deja de ser un reconocimiento a que estuvo en esas vacaciones denunciadas.

Otro, del gobierno de CABA, lo desmiente expresando que todo es fruto de una operación de inteligencia que ha haqueado celulares y falsificado mensajes.

Otros, los más, guardan silencio.

Muchos, destacan que el mismo Presidente Fernández ha reconocido que las pruebas que sostienen la acusación fueron tomadas de forma ilegal y que por lo tanto la denuncia no podrá seguir adelante.

Espero que el bosque de las excusas, no oculte el árbol de la verdad.

Lo que los denunciados deben hacer, como personas de bien que dicen ser, es ponerse a disposición de la justicia autorizándola para que se investigue a fondo la verdad de los hechos denunciados y demostrando que en esos días, no estuvieron en esa estancia de Lago Escondido.  Si son inocentes, no tienen nada que perder, al contrario, serán premiados con el reconocimiento de la sociedad.

Si la denuncia se sostiene en una operación destinada a descalificarlos con turbios objetivos politiqueros, que se sepa y que los responsables sean juzgados como corresponde.

Una de las partes miente y actúa por fuera de la ley. Casi todos ellos, ejercen cargos en el estado. No podemos permitir que, de una u otra forma, se escondan estos hechos bajo la alfombra de la impunidad de los poderosos.

En momentos en que los niveles ético-morales de quienes ocupan importantes cargos en lo público y lo privado no muestran ser muy altos; los argentinos necesitamos que estas cosas se definan a través de la investigación. No que se archive todo por una ilegalidad de origen.  El tema es grave y debe hacerse luz sobre ellos.

Los acusados no debieran acudir a la ilegalidad de origen de la denuncia,  pese a que así lo permite la ley,  sino ponerse a disposición de la justicia y exigir que los investiguen. Así sabremos quién miente, si los acusados o los acusadores.

Quien es inocente, no debe temer una investigación.  Pedir que se rechace la denuncia es un paso legal, pero de nada nos servirá para confiar en nuestra dirigencia. Todo lo contrario.

Si la justicia llegara a rechazar la denuncia por ese requisito de legalidad de las pruebas, igualmente los denunciados debieran dar pruebas fehacientes a la ciudadanía toda, de que no estuvieron en esos hechos denunciados.

Sostengo que todos los que ejercen una tarea de responsabilidad en nuestra sociedad, mucho más los que integran algunos de los tres poderes estatales, deben ser ejemplos y hacer docencia de vida republicana y democrática. Mucho más cuando se los denuncia de algo tan grave como lo es esta situación.

Dilucidar lo verdaderamente ocurrido en esas presuntas vacaciones en Lago Escondido, es una prueba de fuego en lo concerniente al apego de la vida republicana y del respeto al pueblo todo, por parte de los denunciantes y denunciados.

Que no se nos prive de definir quién es quién en esto de vivir en una república con democracia.

                                                                         SAN LUIS. Diciembre 7 de 2022

Prof. Luis Alberto “Tochi” Moreno

ELECCIONES: MENU A LA CARTA

La anomia es una de las malas características que campean en nuestra Patria.  Podemos decir de anomia que es la falta de ley, de su cumplimiento o degradación. También la carencia de normas en la vida social; lo que vemos con demasiada frecuencia en nuestra vida política, entre otras más.

La anomia política, no nos permite tener un sistema electoral que dé garantías jurídicas, ya que se lo reforma o adecua conforme la conveniencia de las transitorias mayorías.   Estamos ya con el calendario electoral 2023 en marcha[1], pero aún no hay seguridades de cuándo y cómo se votará.

Vamos a los ejemplos:

PASO. En las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, cada partido o frente presenta todas las listas que se ajusten a lo normado. La más votada será la que represente a esa fuerza política en las elecciones generales. Por ser obligatorias, todas las fuerzas políticas, aun teniendo una sola lista de candidatos, deben ir a alecciones.

Es una manera de superar las disputas internas, trasladando la decisión a la totalidad del padrón, con los gastos a cargo del presupuesto estatal.

También las quieren los que tienen alguna cuota de poder institucional, porque al ser una encuesta a escala real, pueden volcar esfuerzos y dineros allí donde tuvieron magros resultados.

En San Luis tenemos ejemplos claros y lamentables de esas maniobras.

La elección de candidatos es una cuestión de la vida interna partidaria, para definir a quienes mejor expresen sus ideas y proyectos.  Deben hacerlo en internas con su padrón y sus recursos y la auditoría a cargo de la Justicia Electoral que corresponda.

La forma que partidos o frentes las realicen, demostrará a la ciudadanía su transparencia y honestidad.

Hoy, el Frente de Todos las quiere suspender o anular, para no correr el riesgo de un eventual triunfo de quien se oponga al liderazgo de Cristina Fernández; o el riesgo de visibilizar una debilidad electoral que se agudice en la elección definitiva.  Prefieren ir directamente a las generales, con candidatos y listas definidas por su jefa y laderos

PAS. Son las Primarias Abiertas y Simultáneas que inventó el Gobernador Alberto Rodríguez Saá. Al sacarle lo de obligatorias, logra que cuando el dedo del jefe o la rosca dirigencial impone una única lista de candidatos, ese partido o frente no va a internas. De esa manera se muestra orden y coherencia, mientras conoce el peso de sus oponentes y hasta puede interferir en los resultados mandando a votar a quien le convenga.

Sólo se da en San Luis y son peores que las PASO.

LEY DE LEMAS.

Recientemente aprobadas en San Luis. En ellas, cada partido o frente presenta todas las listas de candidatos que cumplan los requisitos de ley. Al partido o frente se le llama lema y a cada lista, se la denomina sub lema.

Ahora bien, el sublema más votado de cada lema, suma todos los votos de los sub lemas de la misma fuerza. La sumatoria de cada lema, es la que se tiene en cuenta como resultado final de la elección general.

Esta forma favorece a quienes no tienen candidatos-caballo del comisario, que aseguren el triunfo. Los sublema permiten sumar votos desde distintos sectores de la sociedad, en apoyo del candidato” oficial” que se beneficia con esa sumatoria. Por cierto, los gastos de boletas corren por cuenta del estado.

Hay al menos, dos confusiones: Una, que se reúne en una sola votación las internas y la general, trasladando también al electorado, la decisión que no son capaces de tomar internamente con democracia y transparencia.  Otra, es la de los electores que al ingresar al cuarto oscuro se encuentran con una gran cantidad de boletas de cada lema, no siempre ordenadas. Ni hablar de lo complicado que se torna el escrutinio.

ELECCIONES LEGISLATIVAS

El Ministro de Interior del gobierno nacional salió con la idea de anular las elecciones legislativas de

renovación cada dos años. El ministro debe saber que para eso no se necesita una ley, sino una reforma constitucional. Es una propuesta desubicada y extemporánea.

No la hace de ignorante, sino de mala leche, como para embarrar más la cancha, distraer a la opinión pública, confundiendo y creando expectativas fuera de lo razonable y posible. 

TRASLADO O ELIMINACIÓN

Legisladores del Frente de Todos proponen eliminar las PASO, en la creencia que no les conviene en este momento. El Presidente Fernández, ofrece postergarlas.

La vocación de todos ellos por la anomia, les hace querer cambiar leyes y hasta la Constitución, por una simple y vulgar conveniencia electoral. Para ellos, la seguridad jurídica es la que les permita el mejor resultado electoral. Imitando al “Rey Sol” francés, dicen EL ESTADO SOMOS NOSOTROS.

RESUMIENDO, Y PROPONIENDO.

Con demasiada frecuencia en nuestra Patria, llegadas las elecciones surgen estas maniobras para asegurarse el conservar el poder a como sea.  Para lo cual se acude a un menú de opciones que cada cual elige según su apetito político. Nunca a favor de la transparencia, la sencillez, la eficacia, la eficiencia. Este” menú a la carta” ofrece también varias formas de fraude, el último de ellos suele ser descubierto cuando ya es demasiado tarde.

En San Luis, las PAS sirvieron sólo para unas pocas elecciones provinciales. Hoy se cambia la ley como quien cambia de camisa y se impone la Ley de Lemas, que habrá de durar mientras le convenga al gobierno o se le ocurra algo peor.

No hay en San Luis de seguridad jurídica en lo electoral, Hay también, sobrados ejemplos de cómo se incumplen o violan la Constitución y varias leyes ante la indiferencia obediente de quienes tienen la responsabilidad de impedir que eso ocurra.

Ya iniciado el calendario electoral no debe hacerse ningún cambio en él, hacerlo es una trampa más. Desde el inicio de las PASO expreso mi rechazo a esa forma, pero no es éste el momento de eliminarlas o de cambiar.  Eso es respetar la ley.

Pare el futuro, la seguridad jurídica debe manifestarse en un sistema que sea aprobado legislativamente con mayoría de dos tercios, como una forma de imponer el acuerdo y las dificultades para las modificaciones. Si +estas caben en algún momento futuro, deben hacerse con mucha anticipación, no a las apuradas y solo en respuesta a los resultados de las encuestas.

Un nuevo régimen electoral debe ser ágil, sencillo, transparente, económico, como la Boleta Única, que, con diferentes colores para boletas y urnas según el orden nacional, provincial y municipal, da más seguridades al tiempo que permite hacer todas las elecciones en un solo día, sin que se den las influencias propias de las listas sábanas.

Pero como esa forma, impide muchas maniobras fraudulentas; no se presenta como viable para la politiquería berreta que gobierna.

SAN LUIS. Noviembre 2 de 2022.


[1] Desde este mes de noviembre ya se pueden consultar los padrones provisorios, conforme el calendario que marca la ley

NI PASO, NI PAS, NI LEY DE LEMAS

NI PASO, NI PAS, NI LEY DE LEMAS

El sistema electoral argentino sufre con frecuencia cambios que buscan, desde transitorias mayorías electorales, mantener su poder desde la manipulación y la creación de sistemas perversos. Especialista en estas maniobras, es el justicialismo en sus múltiples variables nacionales y provinciales.

Maniobras que confunde y complican a la ciudadanía en la toma de su decisión electoral.

Veamos algunas de las más recientes.

PASO

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, se han creado para que los candidatos de cada partido o frente electoral sean elegidos con la participación de todo el padrón.

Es un error. Los candidatos deben ser elegidos por los partidos o frentes electorales a los que representan, conforme la ideología que los expresa y las propuestas que tengan para gobernar y legislar.

La decisión de los candidatos es materia exclusiva de cada partido o frente. La decisión de gobernantes y legisladores es sí, de toda la ciudadanía empadronada.

Las PASO son, en verdad, una encuesta a escala real, que les sirve a quienes con poder, y desde  esos datos frescos y ciertos, ponen recursos y aparato allí donde esa elección-encuesta les aconseja.

Hemos visto, en San Luis, cómo se dan vuelta los resultados negativos de las PASO para ganar luego la definitiva. Ese “dar vuelta”, se ha hecho con el uso desvergonzado de fondos, personal y equipos estatales.  La justicia resuelve las denuncias a estas maniobras entre tarde y nunca.

Una vez más. Los candidatos deben surgir de la vida interna democrática, limpia y transparente de cada partido o frente, con la imprescindible auditoría de la justicia electoral.

Elegir así a sus candidatos es sin duda alguna, una buena oportunidad para que partidos y frentes demuestren su capacidad de dialogar, construir y resolver. Si no pueden acordar internamente a quienes lo representen, ¿qué garantía de diálogo constructivo pueden dar a la ciudadanía en caso de ser elegidos?

Otra cuestión y grave, es el inmenso gasto presupuestario que implican estas PASO.  Miles de millones se ponen en solucionar problemas partidarios en lugar ir a educación, salud, seguridad, etc.

Por último,  la exigencia de un porcentaje mínimo limita o cercena la participación de les expresiones políticas menores, con menos recursos o nuevas. Y sus resultados suelen cambiar la decisión de muchos ciudadanos, eligiendo lo que a su juicio es el mal menor en lugar de afianzar el que más los exprese.

PAS

Como variante de las PASO, en San Luis, se  inventó las PAS, lo mismo que las otras, pero sin la obligatoriedad. Con lo cual solo van a estas elecciones las fuerzas políticas que tienen más de una lista de candidatos internos. Los que se presentan listas únicas, como sea que se hayan resuelto, no van a las PAS y esperan ver qué peso electoral tiene el resto, para actuar en consecuencia.

Es decir, peores que el modelo en el que se inspiran.

LEY DE LEMAS

La Ley de Lemas, también elimina las internas, llevando la decisión a la ciudadanía en una única elección.

A cada partido o frente electoral se lo llama lema e incluye a todas las listas internas que aspiran a representarlo, a las que se llama sub lemas. El sub lema que triunfa en cada lema, suma los votos de todos los sub lemas de su misma fuerza.

Gana la elección el lema que más votos suma.

Se dan casos en que candidatos del lema ganador logran, individualmente, menos votos que candidatos de algún otro lema.

Las denuncias por inconstitucionalidad, han sido desechadas porque la Corte Suprema no las considera de su competencia.

Es también el sistema electoral que más confusión plantea a la ciudadanía. Se han visto cuartos oscuros con docenas de distintas boletas electorales, que facilitan las maniobras fraudulentas.

HARTAZGO ELECTORAL

Si sumamos las posibles elecciones municipales, provinciales y nacionales, con sus respectivas PASO, general y segunda vuelta, pueden darse media docena o más de elecciones en un mismo año, con saturación de campañas, mensajes, ofertas, propuestas, publicidades.

Este sistema electoral nuestro, no vacila en imponer pesados calendarios y tremendos gastos presupuestarios, con el solo interés de que la forma elegida sea la más conveniente a quien gobierna o legisla. Hoy puede ser ésta, mañana otra. Lo política que sólo mira su propio ombligo.

Otro rasgo característico de nuestras elecciones, cualquiera sea la forma que se use, es el fraude a través de muchas formas, cuya variedad y larga vida ya son más que conocidas como para recordarlas ahora.

Hay buscar otras   líneas de acción para resolver estos problemas. En tren de propuestas van algunas ideas.

Justicia Electoral

Debe existir, en lo nacional y provincial, un fuero judicial electoral permanente, específico e independiente, para todas las instancias.  No es fácil lograrlo, pero debe ser planteado, exigido y luchado. Además, la legislación electoral debe ser sancionada con mayorías especiales no menores a los 2/3, saliendo de la imposición de mayorías transitorias.

Elección de candidatos 

Por ley deben ser tema a resolverse única y exclusivamente por cada expresión política, partido o frente electoral. La justicia actuante deberá auditar todas sus instancias con la más amplia publicidad. Las elecciones internas deben ser la cabal muestra de la capacidad de diálogo, de debate de ideas, y de unidad aún en la diversidad, que muestren quienes aspiran a conducir la ciudadanía.

De nuevo, si no hay capacidad interna de acordar armónicamente candidatos y propuestas, ¿cómo pueden aspirar a gobernar para todos?

Boleta y fecha única de elecciones

Ya es hora de abandonar este sistema de boletas, que solo unos pocos países conservan. El voto electrónico aún no se impone, porque no da las suficientes garantías de impedir el fraude.

Se propone la boleta única,  provista por el estado. Se entrega una boleta con todos los candidatos a cargos nacionales, otra para los provinciales y otra para los municipales. Cada una de ellas se deposita en la urna propia y específica.

Para evitar más gastos y tamaño de la boleta, se pueden omitir las fotos de los candidatos.

Boletas únicas en urnas separadas, evitan los problemas de boletas sábanas, eliminan las PASO, permitiendo una sola fecha electoral para nación, provincia y municipio. Se reducen las elecciones, las campañas, los gastos estatales y partidarios. También el fraude.

Finalmente, ¿nuestra dirigencia política está dispuesta a simplificar las elecciones, facilitando la decisión ciudadana en un clima agitado sólo por las ideas y no por las muchas y agresivas  luchas electorales por el poder?

No porque sea difícil, hay cejar en buscarlo.

SAN LUIS. Octubre 3 de 2022

MÁS DE LO MISMO, MÁS DE LO DE SIEMPRE

Se conocieron los resultados de las pruebas Aprender 2021 que se tomaron en diciembre del año pasado, a más de 620.000 alumnos de sexto grado en más de 20.000 escuelas primarias de todo el país.

Hay muchas publicaciones que detallan las cifras que arrojó la evaluación de esas pruebas, por lo que en honor a la brevedad no repito. Cabe señalar tan solo que sus resultados han sido claramente inferiores a los de las mismas pruebas del año 2018. Especialmente negativos han sido los resultados en cuanto a lenguaje y comprensión de textos, lo que se constituye en un tremendo impedimento para cualquier actividad futura.

Estos malos resultados vienen de hace varios años y los revelan las evaluaciones argentinas, latinoamericanas y la de alcance mundial. Dejemos pues de criticar este tipo de pruebas, sus resultados a lo largo de tantos años coinciden en mostrar una clara tendencia negativa.

Una vez más, conocidos estos resultados surge la catarata de cruces acusatorios entre los funcionarios de este gobierno y del anterior. Acusaciones que ya hartan, porque carecen del menor atisbo de autocrítica.

Por cierto que estos últimos resultados están, además, influenciados por el impacto de la pandemia con una cuarentena tan prolongada; mientras la mayoría de los países mantuvieron la actividad escolar con los debidos controles, Argentina fue uno de los países con mayor cantidad de días con escuelas cerradas en el período 2020-2021. La pandemia explica una parte de estos últimos malos resultados; pero el mal viene de antes; la realidad de tantos malos resultados se refleja en la repitencia, el desgranamiento y la deserción escolar, en el mercado laboral, en el fracaso en los estudios superiores. También en la cantidad de adultos que transitaron por el mismo sistema educativo y que hoy no están en condiciones de ayudar a sus hijos, ni de transmitirles la importancia de la educación, mucho menos de darles ejemplo en la práctica del estudio, la lectura, la escritura, la curiosidad por conocer.  En una sociedad tan atosigada por los juegos electrónicos, los celulares, las redes sociales, la superficialidad, el chismerío y la tontera difundidas de tantas formas; la educación es vista por la niñez y la juventud como algo de menor valía.

La decadencia en educación está íntimamente relacionada con la decadencia social, es duro decirlo, pero necesario porque si nos engañamos en el diagnóstico nunca acertaremos en la solución.

Los resultados de Aprender 2021, no deben ser achacados solo a este gobierno nacional, ni al anterior, como tanto les gusta acusarse entre sí a sus respectivos partidarios.

La culpa o responsabilidad es de la dirigencia política argentina. No contamos con una política de estado para educación. Escuchamos repetidamente de candidatos y funcionarios “queremos una educación de calidad”, sin que la sepan definir ni explicar, mucho menos decir cómo concretarán esa idea.

La Nación se desprendió de la educación secundaria en la dictadura de Onganía y de la primaria con Menem; en ambos casos sin planificación ni acuerdos ni las debidas partidas presupuestarias. Aquí, en San Luis, sufrimos hace décadas una progresiva privatización encubierta de la educación pública, con escuelas sostenidas con aportes estatales “por cápita” que están constituyendo en la mayoría un verdadero negocio lucrativo.

Así “liberados” de esas responsabilidades los sucesivos gobiernos nacionales nunca se dedicaron a generar, insisto, una política de estado que se cumpla a lo largo de décadas hasta lograr la educación que Argentina merece.

Alfonsín convocó a un Congreso Pedagógico que se convirtió en una pelea ideológica y cuyas tardías conclusiones pasaron prontamente al olvido sin transformarse en leyes. Menem hizo una reforma por ley, que tuvo poca vida y menos resultados. Kirchner logró sancionar leyes que despertaron entusiasmo, pero de escaso cumplimiento.

Una política de estado en educación no debe ocuparse sólo de lo material, sino fundamental e inicialmente de la dignificación social y salarial de la docencia, junto con una formación más exigente y profunda. Para lo cual el estado nacional debe asumir muchas más responsabilidades en educación, para garantizar equidad, financiar y auditar las acciones. La actual decadencia educativa argentina no puede tener al gobierno nacional como un actor secundario.  El Consejo Federal de Educación debe tener funciones más ejecutivas de planificación y evaluación de calidad.

Prevalece en educación, y cada vez más, el cortoplacismo lo que se explica por el tiempo que necesitan los cambios en educación para alcanzar buenos resultados. Tiempo que siempre es mayor a los dos años que transcurren entre una elección y otra, lo que hace que las políticas educativas se centralicen más que nada en lo material, construir escuelas, repartir computadoras, etc., porque se puedan mostrar en una campaña electoral, lo que explica los edificios que se inauguran varias veces. No se puede olvidar ni por asomo, el festival de medidas demagógicas y facilistas en la aprobación de estudios.  promoción de grados y cursos y planes de terminalidad educativa que mejoran estadísticas gubernamentales, pero no la educación de los “beneficiarios”.

No me caben dudas, la culpa de la situación educativa argentina es de toda nuestra dirigencia política, el menos insisto, desde 1966 a la fecha. Ya sea por inacción surgida de la politiquería, de la ignorancia o de la sumatoria de ambas; o por falta de convicciones y energía suficiente para enfrentar la realidad. Por falta de amor al prójimo y a la Patria.

Se impone con urgencia, una convocatoria, un encuentro de la dirigencia política republicana y honesta para planificar, junto con los poseedores del conocimiento educativo, para planificar el futuro inmediato y mediato. Una política de estado, reitero, que abarque no menos de 20 años hasta llegar a dónde debemos estar en educación.

No nos aferremos a la esperanza de un milagro que obre ese cambio. Hay que insistir desde abajo, desde la argentinidad postergada   y discriminada por gobiernos que cacarean respeto a nuestros derechos, mientras nos los ofrecen de la más baja calidad y cantidad que les es posible.

Martín Fierro nos dice que “…el fuego pa’ calentar ha de ir siempre por abajo”.

Muchos sabios han dicho que “ si seguimos haciendo siempre lo mismo, no podemos esperar resultados distintos.”

No esperemos que otros, en otro momento y lugar hagan ese cambio, empujémoslo, exijámoslo cambiando nosotros.

Se trata nada más y nada menos que del futuro de nuestras generaciones, que así como va nuestra educación, pinta muy mal.

SAN LUIS. Junio 28 de 2022.