Pasa el tiempo y sigue el Dr. Héctor Daniel Toranzo como Defensor del Pueblo reemplazante o interino o algo así. Y esto tras tres años y medio de la renuncia a ese cargo del Dr. Jorge Aníbal Sopeña por finalización de su mandato.

Es responsabilidad de quien preside la Asamblea Legislativa – el vicegobernador – el convocarla  para que elija un nuevo Defensor del Pueblo. . No lo hizo en su momento la Vicegobernadora Blanca Pereyra. Tampoco le preocupó este tema a los legisladores oficialistas, dueños de una cómoda mayoría como para resolver este caso. Tampoco el Dr. Toranzo ha demostrado interés en que se cubra ese cargo conforme la ley y sigue aferrado a él, pese a que su interinato lleva ya más del triple de la duración del mandato total de un defensor según la ley. Tampoco se atendió a los reclamos de los legisladores de la oposición, ni a los muchos reclamos efectuados desde la Democracia  Cristiana.

Esta flagrante violación a la ley VI-0167/2004 es una más de las tantas violaciones a que nos tiene sometidos el oficialismo gobernante. Esta violación motivó que en Noviembre del 2007 se iniciara una acción penal contra los responsables de esta no designación del Defensor del Pueblo ante el Juzgado Penal Nº 3 a cargo en ese momento de la hoy renunciante Dra. Gregoraschuck. Pese a un pedido de pronto despacho presentado recientemente, hasta el momento de su renuncia esa ex – jueza no se expidió.  Tampoco los reclamos de cumplimiento de la ley presentados a la Vicegobernadora y a los  Presidentes de las Cámaras de Senadores y de Diputados, movieron éstos a tener interés en cumplir con la ley.

Para este Gobierno las instituciones democráticas de la república sólo sirven para hacer con ellas su antojo. Interpretan la Constitución y  las leyes según   se estricta conveniencia. Nadie mueve un dedo sin recibir una orden del-los jefe-s político-s. Y muchos jueces hacen como que no ven.

El pasado 14 de mayo el Presidente de la Democracia  Cristiana le envió carta documento al actual Vicegobernador Dr. Jorge Pellegrini, poniéndolo al tanto de esta situación (por si no la conocía) y exigiéndole el cumplimiento de sus deberes de funcionario público. Si no lo hace en breve, se lo incluirá entre los responsables de esta violación a la Constitución y la ley.

San Luis. Mayo 28 de 2008.