A fines del 2018, el gobierno provincial dio a conocer su resolución por la cual se decretó la caducidad de la concesión dada anteriormente a la multinacional australiana Latin Resources para la explotación de litio en la mina Géminis, próxima a San Francisco del Monte de Oro. Se trataba de una explotación a cielo abierto con fuertes posibilidades de destruir o contaminar las nacientes y cursos de varios ríos provinciales.

En octubre del año pasado, en tres notas analicé las serias amenazas de ese proyecto minero para esa zona y para la provincia toda. (ver www.tochimoreno.com.ar).

No obstante la decisión gubernamental, los vecinos de San Francisco movilizados en rechazo a ese proyecto, no están del todo satisfechos. Es que el decreto se sustenta en un argumento formal, la demora en cumplir obligaciones por parte de la empresa beneficiada con la autorización original. Nada dice esta norma gubernamental de cuestiones de fondo, por lo que queda abierta la puerta para que en el futuro otras empresas se presenten y puedan acceder a esa pretendida explotación. Tampoco esa medida sirve como antecedente para juzgar y resolver sobre las pretensiones de esa y otras empresas, por casi 300.000 hectáreas en toda la provincia.

¿Cuáles son a mi juicio estas cuestiones de fondo?

La mega minería y minería a cielo abierto

Debemos tener presente en primer lugar, que los minerales tan necesarios para nuestro actual modo de vida, sumado a la sobre explotación de los yacimientos conocidos, ha logrado la extinción de las vetas en las que los minerales suelen encontrase de modo fácilmente identificable y en altas concentraciones. De ahí que la explotación por galerías subterráneas ha dejado de ser rentable, siendo reemplazada por la búsqueda de minerales diseminados en distintos tipos de formaciones geológicas. En estos casos, al encontrarse los minerales en concentraciones de unos pocos gramos por toneladas de roca, se los extrae mediante un arsenal de maquinarias, uso de químicos, explosivos y grandes extensiones de terreno. Por eso el apelativo de mega minería. La que lleva a la necesidad de realizar grandes excavaciones que pueden medirse en kilómetros de largo, por cientos de metros tanto en ancho como en profundidad. Dejando enormes huecos en el suelo, los que nunca vuelven a ser lo que fueron, destruyendo todo lo que originalmente existía en la zona. Se les exige, sin éxito, a las empresas que terminada su explotación vuelvan a su lugar las toneladas de roca extraídas. Aunque lo hagan, lo destruido, destruido queda, sin remedio. Para estos inmensos pozos se producen múltiples explosiones, que sacan miles de toneladas de roca por día, que luego son molidas y tratadas químicamente hasta lograr finalmente el producto mineral buscado. Los químicos usados, son todos contaminantes en distintos grados de gravedad. La historia minera mundial de los últimos 50 años es lamentablemente rica en casos graves de desastres ambientales por el fracaso de las pretendidas medidas de seguridad; siempre de la mano de la desmedida ambición de las grandes mineras multinacionales, que las pone claramente en rol de asesinos del medio ambiente y de miles de personas.

Este tipo de minería requiere gran cantidad de energía, millones de litros de agua por día, grandes superficies para el movimiento de maquinaria, campamentos, depósitos de residuos, etc.;  dando por resultado la destrucción de la geografía y el paisaje, acumulación de miles de toneladas de desechos rocosos, la destrucción de la flora, expulsión de la fauna,  la destrucción de glaciares si los hubiese en la zona explotada, de manantiales, arroyos, bañados,  afectando seriamente la hidrografía, la que también es agredida por los restos de los químicos usados para purificar el mineral buscado, el más grave de todos es el cianuro, usado especialmente en la explotación del oro.

Tenemos así que la mega minería va dela mano con la minería a cielo abierto, en una trágica unidad pensada tan solo para el presente, para potenciar la ganancia empresarial con total desprecio del medio ambiente, de la vida en todas sus formas y ninguna responsabilidad para con el futuro.

 

La legislación provincial

En mis notas del año pasado me referí a las leyes provinciales que reglamentan la actividad minera y la protección ambiental. La buena intención de legislar estos temas no basta, al menos en nuestro caso, porque hay carencias que son puerta abierta para que la amenaza sobre el medio ambiente integralmente concebido, siga latente. De ahí seguramente, la disconformidad de los vecinos de San Francisco del Monte de Oro.

De las carencias

La ley Nª IX-0634-2008 de Preservación y Restauración Ambiental del Sector Minero expresa en su artículo 1° que procura “… garantizar la preservación de los recursos naturales, con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, la biodiversidad, el ambiente y la calidad de vida de todos los habitantes”, a tal efecto lista las   sustancias químicas cuyo uso prohíbe.  Están las más conocidas “… y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de prospección, cateo, exploración, explotación, beneficio y/o industrialización, de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.”

Lo que falta en esta ley es específicamente   la prohibición de la mega minería y de la minería a cielo abierto. Esa omisión es grave porque omite la unidad entre contaminantes y destrucción ambiental; no prohíbe las excavaciones con tal que se lleven la roca extraída para ser tratada químicamente en otras provincias. Podemos quedarnos sin la contaminación química, pero sí con la destrucción ambiental. Queda claro, las dos son dañinas, no se quiere ninguna.

Insisto en esto de prohibir la minería a cielo abierto, porque el hoy gobernador Alberto Rodríguez Saá, siendo pre candidato a Presidente de la Nación en el 2011, dijo en declaraciones periodísticas conceptos como “tengo premios internacionales por mi posición con el medio ambiente”, “Cuando llegue a la presidencia terminaré con la explotación de la minería a cielo abierto y con contaminantes…  Si seguimos depredando el ambiente dentro de tres décadas tendremos problemas que serán incontrolables.” A un medio mendocino le dijo: “Todos los partidos se tienen que expresar en contra de la minería a cielo abierto con químicos que contaminen.”

Años después, diciembre de 2016, en programas radiales de la ciudad de Buenos Aires insistió:” Estoy en contra de la minería a cielo abierto, de estos que vienen, depredan todo, se van y no dejan un peso acá.”

En esa misma línea, recuerdo la Ley IX – 0749-2010, Plan Maestro Ambiental: Tratado de paz entre Progreso y Medio Ambiente. Estrategia 2010-2020, también sancionada durante ese anterior período gubernamental de hoy gobernador. Ley que dice en uno de sus artículos “Habrá Paz entre la generación de energía y el clima de la Tierra, entre la producción, los residuos y la limpieza de los ecosistemas y entre el consumo y los recursos”.

Vale recordar estas expresiones de Alberto Rodríguez Saá porque la ley a la que me refiero fue sancionada en 2008, durante su anterior mandato como gobernador. Es necesario que las ideas verbalizadas   en campañas electorales, se transformen en ley, la que a su vez debe concretarse en acciones gubernamentales.

De coherencia se trata.

El Impacto Ambiental

Volvamos a nuestras leyes, ahora la IX-0876-2013 – Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) cuyo artículo 5º reza así: “Ningún proyecto, emprendimiento, obra, instalación o actividad que sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, podrá iniciar su ejecución en la Provincia sin el previo cumplimiento del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).”

Para este EIA, el gobierno debe contar con:  a) Una dependencia que lo haga; b) Un cuerpo de inspectores y profesionales debidamente capacitados y equipados; c) Un laboratorio propio o contratado, debidamente equipado para el estudio de las muestras extraídas; d) Asignación presupuestaria suficiente, a efectos de cubrir los costos que la actividad de control y fiscalización requiere.

Bien por estas exigencias y precisiones, sólo que no sabemos si se han cumplimentado.  Siendo que el daño ambiental nos afecta a todos y por muchas generaciones venideras, el pueblo todo debe conocer cuál es la dependencia responsable, quiénes la integran, qué formación específica poseen, cómo está equipado el o los laboratorios actuantes, etc.  Información que debe estar publicada permanentemente y con fácil accesibilidad.

Mientras que la ley precisa que el EIA es de responsabilidad gubernamental, nos encontramos con el artículo 13 que dice: “El estudio de impacto ambiental deberá ser presentado por el sujeto obligado… “

Luego, el artículo 14 precisa que “Los EIA serán realizados a costa del titular del proyecto, emprendimiento, obra, instalación o actividad …, siendo exigible que el profesional que realiza las conclusiones se encuentre debidamente inscripto y habilitado por la Autoridad de Aplicación. El resto de los profesionales intervinientes sólo deberá acreditar su título profesional con competencia para firmar los estudios que realiza y la matrícula Provincial cuando exista el respectivo colegio profesional en la Provincia.”

Hay contradicción porque en definitiva la empresa minera es la que hace el EIA con profesionales a su elección de entre los inscriptos y matriculados en un colegio profesional. No hay en la provincia un colegio específico de profesiones en temas ambientales.  La exigencia de título profesional es tan ambigua como pobre. Debe pedirse formación específica y antecedentes en evaluaciones ambientales, tanto como de lugares de trabajo, debiera considerarse negativamente la experiencia en empresas con antecedentes de destrucción ambiental, sean mineras, constructoras, energéticas, agropecuarias, etc.

Siempre está posibilidad de que empresas tan poderosas paguen informes favorables a sus proyectos. Habrá que encontrar la forma de impedirlo.

Darle tanto margen de maniobra y elección a las empresas, grandes o pequeñas, es dejar que el zorro cuide el gallinero.

Nunca las ganancias empresariales o las ambiciones políticas, pueden ser más importantes que el medio ambiente.

 

Ampliar y perfeccionar las leyes

Estas cuestiones y otras que puedan surgir de un intenso trabajo en equipo, deben ser incluidas en la legislación para mejorarla y garantizar que nuestro medio ambiente sea realmente protegido, no desde lo coyuntural y formal, sino desde una visión integral que resuelva no solo lo actual, sino previendo lo que necesitan las futuras generaciones.

Se trata, insisto, de coherencia entre lo dicho y lo hecho.

Se trata también y por, sobre todo, de cumplir con el concepto del destino universal de los bienes, el eterno ignorado, tanto en cuestiones ambientales, como en la economía que nos rige.

Siendo que tanto el actual gobernador, como buena parte de la dirigencia opositora han sabido expresarse en contra de la destrucción ambiental, particularmente en temas de la minería, no debería ser utópico esperar un acuerdo legislativo que concrete estas reformas en el marco del diálogo constructivo del que tanto suele hablarse.

De no darse estas y otras mejoras a nuestras leyes, el temor a nuevos intentos de minería a cielo abierto y contaminante, seguirá presente.

De no darse un acuerdo entre todos, alguien debiera efectuar la propuesta en el ámbito legislativo, para que nos quede claro a todos quién está del lado de la protección ambiental y quién no.

SAN LUIS. Febrero 11 de 2019