DE CÓMO SE VIOLA LA CONSTITUCIÓN – II

Continuando en esta insistente tarea de recordar las múltiples violaciones a la Constitución Provincial y sus leyes, que desde hace 37 años viene cometiendo  el gobierno de la familia Rodríguez Saá, hoy doy a conocer la nota que entregué el 23 de marzo a las  12:49 en Mesa de General de Entradas, Salidas y Archivo de la Gobernación.

Creo que, en su brevedad, este texto explica bien cómo se viola la manda constitucional en lo concerniente a las autoridades municipales e integración de los Concejos Deliberante. Lo que además del delito contra la Constitución y ley reglamentaria, lo es también contra la autonomía municipal y los Derechos de sus habitantes.

Si alguien se interesa más en el tema, en mi web, categoría Elecciones Municipales, verán más información a través las notas, cartas documentos, cartas abiertas, denuncias judiciales,  que supe hacer infructuosamente.

Ojalá esta insistencia sirva para que más personas se interesen en el tema y se logre tener plena vigencia en nuestras instituciones republicanas.

Esta es la nota

Sr. Gobernador

Dr. Alberto José Rodríguez Saá 

CASA DE GOBIERNO

Me dirijo a Ud., con el objeto de expresarle lo siguiente:

1* Conociéndose ya el calendario electoral nacional, corresponde a las provincias el fijar el suyo propio. Por lo que temo la persistencia de los graves incumplimientos de la constitución y ley de Régimen Municipal propios de las convocatorias a elecciones municipales realizadas en nuestra provincia desde que se conocieran los resultados oficiales de los censos nacionales 2001 y 2010.

2* Se incumple  con el tipo de autoridad municipal y cantidad de concejales que corresponden a cada localidad conforme la población censada. Lo que está precisado en nuestra Constitución en el Capítulo XXVI, artículos 247 a 257. El texto es claro y no da lugar a interpretaciones. La Ley XII-0349-2004 al reglamentar esos artículos repite  la clasificación que hace la Constitución.

3* Finalmente su Gobierno ha publicado en su sitio oficial, con notorio atraso, los resultados del censo 2010, con algunas observaciones y precisiones.

4* En el año 2017 y por iniciativa de legisladores de la oposición, se sancionó la Ley XII – 0966-2017 por la cual se adecuan a la manda constitucional las localidades de El Trapiche, Potrero de los Funes, El Volcán y Carpintería, siendo ahora Intendencias Municipales con Concejo Deliberante. He dicho y ratifico como podrá leer más adelante, que es una ley incompleta e innecesaria, una ley para que se cumpla con la Constitución y la ley.

5* Digo que es incompleta porque de acuerdo a la Constitución, las localidades que cuentan con una población de entre 801 y 1500 habitantes deben contar con una Comisión Municipal integrada por un Presidente y un Consejo de Vecinos con tres miembros.

6* Estas Comisiones Municipales, pese a su vigencia constitucional, no existen en la provincia desde hace años, sin poder entender en virtud de qué antojadiza decisión y mucho menos entender el silencio de las poblaciones afectadas, de toda la ciudadanía y en especial de la dirigencia política.

7* Conforme lo señalado anteriormente, las localidades que deben ser gobernadas por una Comisión Municipal son Nueva Galia (1353 habitantes), Arizona (1040 habitantes), Fraga (1127 habitantes), Villa Larca y Beazley (con 957 habitantes) y Cortaderas (822)  También Fortuna a quien el INDEC le otorga 82 habitantes, pero su gobierno ante ese error publica la misma población que en el censo 2001, es decir 820 habitantes.

8* A su vez y con la misma base legal, hay Concejos Municipales, que deben integrarse con mayor cantidad de integrantes, a saber:   Juana Koslay (de 9 a 10); La Punta (de 4 a 10); Quines (de 7 a 9); Candelaria (de 4 a 5); La Toma (de 7 a 9); Concarán (de 5 a 7); Sta. Rosa del Conlara (de 5 a 7).

9* Qué curiosa es la forma en que se perjudica doblemente a la ciudad de La Punta. Por un lado, porque en 2010 se hizo un censo provincial que también arrojó una población superior a los 10.000 por lo que le corresponden 10 concejales. Su gobierno no cumplió ni siquiera con lo que marca el censo que Ud. mandó realizar.  Por otro, Juana Koslay con 12.467 habitantes censados tiene 9 concejales, mientras que La Punta con 13.182, tiene tan solo 4. Inconcebible el silencio ignorante o temeroso de la dirigencia política y autoridades municipales de La Punta.

10* Tiempo atrás, en otro de sus mandatos como Gobernador y ante un pedido igual a éste, tuve una entrevista con un asesor gubernamental. Ese abogado me respondió que eso no se podía hacer porque no estaba previsto en el presupuesto. Mi respuesta fue doble, por un lado, que quienes elaboran el presupuesto no pueden ignorar este tema; por otro que el presupuesto debe permitir el cumplimiento de la constitución y no su incumplimiento. Hoy, ese asesor es miembro de la Justicia.

11* Mi afirmación que la Ley XII-0966-2017 es innecesaria se apoya en la Ley de Régimen Municipal, la XII-0349-2004, que en su Artículo 4° expresa: “El Poder Ejecutivo determinará después de cada censo, los nuevos lugares donde corresponda Municipalidad, Comisión o Comisionado.”

12* Es decir que el Poder Legislativo precisa que es el Ejecutivo quien define qué autoridades le corresponde a cada localidad según su población y la Constitución.  No se necesita nueva ley, sólo un decreto suyo.

13* Eso ha sido incumplido por Ud. en todos sus mandatos y por el ex gobernador Claudio Poggi. Exceptúo a la Arq. Alicia Lemme porque cuando ella convocó a elecciones en 2003 aún no se había publicado el censo.

14* No cabe aceptar que dos gobernadores durante tanto tiempo, hayan  ignorado la Constitución.

15* Sí creo que es una decisión política destinada a asegurar la mayor dependencia municipal, sin importarles no solo el delito de incumplimiento constitucional, sino también la violación a la autonomía municipal y los derechos de los habitantes de esas localidades.

Por lo expuesto y en mi condición de ciudadano que sin tener en cuenta las diferencias ideológico – políticas, siente la necesidad de vivir en una provincia en la que se respeten las Constituciones nacional y provincial, las leyes que las reglamenten, las instituciones republicanas y todos los derechos de todos los ciudadanos,

PETICIONO:

A* Que la próxima convocatoria a elecciones municipales que haga su gobierno, dé estricto cumplimiento a nuestra constitución en sus artículos 247 a 257 y ley XII-0349-2004 de Régimen Municipal.

B* Informe a todos las Intendencias Municipales las cifras exactas de población según el censo Nacional 2010, para que convoquen en consecuencia a elegir concejales.

C* Se me informe de lo actuado y resuelto en este tema conforme al Artículo 17 de nuestra Constitución que expresa: “Derecho de petición – Establécese el derecho de peticionar a las autoridades, que puede ser ejercido individual o colectivamente. La publicación de dichas peticiones no da lugar a la aplicación de penalidad alguna a los que la formulen. La autoridad a la que se haya dirigido la petición, está obligada a hacer conocer por escrito al peticionario la resolución pertinente, que debe producir de acuerdo a la ley y bajo las penalidades que se determinen legislativamente.”

El que no haya reglamentación de este artículo no legitima su incumplimiento.

Como no es la primera vez  que le hago una petición en este tema y nunca cumplió ni con la Constitución ni con la respuesta a que está obligado, debo recordarle el Artículo 63 de la Constitución Provincial, que expresa: “Observancia de la Constitución – En ningún caso y por ningún motivo o pretexto, las autoridades de la Provincia pueden suspender la observancia de esta Constitución, ni la de la Nación o la efectividad de las garantías establecidas en ambas.”

A los efectos que hubiere lugar, constituyo domicilio en … ciudad de San Luis.

Convencido de la gravedad de este incumplimiento constitucional, daré a esta nota la mayor publicidad que pueda.

Finalmente debo señalar el dolor y vergüenza  republicana que me causa el tener que solicitar por escrito a mi Gobernador que dé cumplimiento a la Constitución y las leyes.

Atentamente

Prof. Luis Alberto Moreno

DNI …

DE COMO SE VIOLA CONSTITUCIÓN – i

Tras tantos años de un gobierno familiar se hace necesario recordar algunos de los pilares de ese poder. El que poder se sostiene, básica y fundamentalmente, en el incumplimiento de la Constitución y de las leyes. Lo que se lleva al pisoteo de las instituciones republicanas. Muchos conciudadanos y por varias causas, desconocen buena parte de nuestra realidad institucional y cómo se llegó a ella.  Están también los que, sabiendo Y debiendo, callan resignados, temerosos o cómplices.

Una de las instituciones republicanas que está diluida en su existencia por el irrespeto gubernamental, el desconocimiento, el olvido y la indiferencia, es la

Defensoría del Pueblo

Para saber de ella, nada mejor que conocer el texto constitucional que la crea en el Capítulo XXIII Art. 235:

“Se crea en jurisdicción del Poder Legislativo la Defensoría del Pueblo, cuyo objetivo fundamental es proteger los derechos e intereses públicos de los ciudadanos y de la comunidad, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial, o sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente e inoportuno de sus funciones. Tiene, asimismo a su cargo la defensa de los intereses difusos o derechos colectivos, que no pueda ser ejercida por persona o grupo en forma individual. Las actuaciones son gratuitas para el administrado. La ley establece su forma de designación, requisitos, funciones, competencia, duración, remoción y procedimiento de actuación del Defensor del Pueblo.”

En 1989 se promulga la ley 4877, primera que reglamenta el mandato constitucional. Años después se convirtió en ley VI-0167-2004, modificando la duración del mandato del defensor de los cuatro años originales, a uno. Un mandato así, es claramente insuficiente para cumplir estas responsabilidades, pero muestra el poco respeto que tiene el oficialismo por ese cargo y las pocas ganas del ejecutivo a ser controlado así.

De cómo desaparece la Defensoría del Pueblo

La responsabilidad de la designación del Defensor es de la Asamblea Legislativa –senadores y diputados-, la que debió reunirse en octubre de 2004 al finalizar el mandato del Dr. Aníbal Sopeña, elegido en el 2000, y designar su sucesor. Como eso no ocurrió, Sopeña renunció en los primeros días de noviembre. Junto con Sopeña terminaba el mandato de su adjunto el Dr. Héctor Toranzos, quien se quedó en el cargo sin que la Asamblea Legislativa lo haya designado o autorizado a continuar como reemplazante. Toranzos fue un defensor trucho hasta que dejaron de pagarle el sueldo a fines de 2008.

Nunca hasta la fecha el Poder Legislativo cumplió con su obligación legal de reunirse para designar un nuevo Defensor del Pueblo. Ni los legisladores lo pidieron, ni los vicegobernadores, que presiden la Asamblea, les recordaron esa obligación.

El Poder Legislativo de San Luis, está incumpliendo con la Constitución Provincial y con la ley reglamentaria. En síntesis, es un delito.

¿Por qué pasa eso?

La responsabilidad primera es de los legisladores provinciales, responsables de estas designaciones. Los oficialistas porque son los únicos que pueden sumar la cantidad necesaria para hacer la propuesta. Los opositores, porque no han dado la pelea necesaria en las cámaras para exigir y poner en evidencia ante la comunidad este delito, para esclarecer, para aunar voluntades en la exigencia.

Ya se sabe que los legisladores oficialistas no tienen autonomía para actuar sin la expresa autorización del Gobernador Alberto Rodríguez Saá, jefe del partido gobernante, aunque no lo presida.

Además, los Vicegobernadores, también obedientes al Gobernador, nunca cumplieron con su juramento de cumplir y hacer cumplir con la Constitución y las leyes, recordándoles a los legisladores su obligación de proponer y elegir Defensor del Pueblo.

El Gobernador actúa así, porque no quiere un control tan fuerte como el que indica la constitución, porque no respeta la republicana división de poderes y es autoritario.

Reclamos y denuncias

Personalmente hice muchas notas denunciando esta situación que tuvieron alguna breve y escasa repercusión. También efectué una denuncia penal en el año 2007, la que tras estar un tiempo “traspapelada”, se movió un poco hasta que fue desechada por no ser yo un particular damnificado. Tecnicismo jurídico que no parece tener en cuenta que el irrespeto a la Constitución y leyes nos perjudica a todos por igual. Incluso publiqué un proyecto de ley, de mi autoría tras consultar varias leyes provinciales.

También envié Cartas Documentos, Cartas Abiertas y notas al Gobernador, a los Vicegobernadores Blanca Pereyra, Jorge Pellegrini, Jorge Díaz y Carlos Ponce, a autoridades de la Cámara de Senadores y de Diputados, a todos los legisladores de ambas cámaras en ejercicio el año 2009, a los presidentes de bloques. Sólo me respondió la ex Presidenta de Diputados Graciela Mazzarino, como queriendo hacerme conocer la ley cuyo cumplimiento le exigía.

Acudí también al Superior Tribunal de Justicia, para que hiciera lo que la Corte Suprema de la Nación, exhortar al legislativo a cumplir su mandato. El tribunal provincial dijo que ese era “…un planteo ajeno al ámbito de su competencia”.

En el 2013, diputados de la UCR presentaron un nuevo proyecto de ley, que nunca fue tratado por el rechazo oficialista, pero tampoco sus autores le dieron la necesaria difusión ante la ciudadanía.

No recuerdo, desde el 2004 a la fecha, que la designación del Defensor del Pueblo haya sido tema de campaña electoral; con la sola y pobre excepción, de mi candidatura a diputado provincial, en el 2005.

Más recientemente, el Dr. Francisco Guiñazú hizo un reclamo judicial, creo que no satisfecho. 

Por qué insistir.

Es deber de todos los argentinos el exigir el respeto a nuestro derecho de vivir en una república con plena vigencia de sus instituciones y del respeto a las constituciones nacional y provincial y a todas las leyes. Respeto que debe ser ejemplificado desde gobernantes, legisladores y jueces. Lo que no está ocurriendo en San Luis.

Nos quieren tapar estas violaciones con ladrillos, cemento, asfalto y wifi. Se quieren acallar voces con el peso político y monetario de la familia gobernante.

Esta persistente, flagrante e impune violación al marco constitucional-legal, da pie para la suma del poder político, el enriquecimiento de funcionarios e imponer la ignorancia de sus derechos a todos los sanluiseños.

Este 2021 es un año electoral, ¿se animarán las expresiones políticas provinciales y los candidatos que presentarán a poner en sus propuestas la urgente designación del Defensor del Pueblo, del que carecemos desde hace 16 años?

Hasta ahora han sido pocas y débiles las acciones político – judiciales para recuperar la plena vigencia de las instituciones republicanas cuyo manoseo o flagrante incumplimiento están a la base de este gobierno con rasgos feudales.

Lamentablemente esta y otras situaciones similares, son consideradas como noticias pasajeras, sin reconocerles el peso que tienen en la creación de una conducta de indiferencia hacia la esencia de la vida republicana, sin instalar este tema en la agenda y en la conciencia de la ciudadanía.

 Indiferencia que se convirtió en el hábito de dejar hacer al autoritarismo. Cuando el hábito se instala, se hace muy difícil dejarlo de lado. Por eso la persistencia en insistir, en reclamar, en exigir más y más república.

No se erradicó a la dictadura, para caer en un autoritarismo familiar, con aspiraciones de hereditario.

Para quienes delinquen así, NI OLVIDO NI PERDÓN.

SAN LUIS.  22 de marzo de 2021

NOTA:En esta web, en la categoría Defensoría del Pueblo hay más de 40 notas sobre este tema.

UNA DEUDA DE LA DEMOCRACIA

Tras 37 años de esta nueva etapa democrática en nuestra patria, vemos no sin dolor, que en educación no hemos tenido los avances necesarios y deseados. Más aún, vemos que muchos países hermanos de América han mejorado sus indicadores educativos, mientras que nosotros hemos caído al punto de perder el liderazgo educativo en Latinoamérica que supimos ostentar.

Cuando hablo de indicadores que muestran la realidad educativa de los países, me baso en los resultados de las muchas evaluaciones que se hacen,  provinciales, nacionales, latinoamericanas y mundiales. En todas ellas hemos caído en el ranking de resultados por especialidades y globales; mientras que la mayoría de los países americanos evaluados junto con nosotros, han mejorado su posición.

Hay muchas críticas y rechazos a estas evaluaciones, pero  no tienen en cuenta, la notable coincidencia en los resultados de todas ellas.

Además, ya sabemos, tanto por lo que se dice en el mercado laboral y lo que ocurre en las universidades,  que gran parte de nuestros egresados de secundaria tienen gran déficit en el manejo del lenguaje  oral y escrito, en la comprensión de textos y en resolución de cuestiones matemáticas elementales. Ejemplo de esto, son los cursos que las universidades dan desde hace años, para suplir las carencias de la educación secundaria.

En esta nueva etapa democrática, se han puesto en marcha intentos de reformar nuestro sistema educativo ya sea a través de dos leyes nacionales,  con Menem una,  con Kirchner otra. Hubo cambios de la estructura y nombre de los niveles, curriculares, leyes de financiación, cambios de contenidos, etc. Incluso se incumplieron medidas fijadas por ley, sin ninguna consecuencia para las autoridades. Ninguno logró los objetivos anunciados, no hemos tenido buenos resultados, seguimos cayendo.

¿Qué hay o qué veo en esta caída?

Nuestra educación  es también víctima  de ese proceso sociológico definido como  sociedad líquida; idea del polaco Baumann, que afirma  que los valores sobre los que se edificó la sociedad humana, han perdido su solidez, su firmeza, licuándose. Como los líquidos adquieren la forma que lo contiene, así la educación ha dejado de ser una cuestión nacional, para adoptar las ideas y formas que conviene a las distintas expresiones políticas. Algunas decididamente contrarias a formas republicanas y democráticas, como las variedades marxistas, anarquistas, hoy infiltradas en el denominado populismo de gobiernos, gremios, etc.

No se ve en el horizonte que haya una intención de asumir políticas educativas de largo plazo acordadas con todas las expresiones políticas, sociales, gremiales, académicas, etc. Cada sector pretende imponer a la totalidad de los argentinos sus ideas, mostrando la poca o nada vocación de sólida unidad nacional.

Por cierto, que esta situación no es solo responsabilidad de los gobiernos democráticos, las dos últimas dictaduras tienen mucho que ver con esto. Si señalo estos últimos 37 años, es porque la democracia tan anhelada está fracasando en materia educativa. No ha sabido superar el daño hecho por esas dictaduras, ni ha sabido adecuarse al veloz crecimiento del mundo en las ciencias, la investigación, la formación de recursos humanos, la generación de nuevos y más empleos.

Necesitamos políticas educativas integrales a corto, mediano y largo plazo. No necesitamos del partidismo político demagógico que prácticamente obliga a aprobar alumnos nivelando para abajo, multiplica las previas, aliviana los exámenes, es permiso en inasistencias y conducta, quita la autoridad docente, etc.

Otro grave daño que se le hace a los jóvenes, son los planes de terminalidad educativa, en los cuales se hacen primaria y secundaria en pocos años, con una superficialidad académica que no vacilo en decir que son violaciones al derecho de estudiar. La obtención de un lindo cartón que certifica estudios, no asegura el logro de los conocimientos mínimos que el momento exige. Son pura demagogia que también sirve para dibujar falsas estadísticas exitosas.

Paralelamente y a falta de generación de empleo seguro, se inunda al país con planes asistenciales cuya poca capacidad productiva es tan grande como el clientelismo político que generan.

A consecuencia de este resumen de desaguisados, tenemos hoy el quebranto educativo, la pérdida del respeto y cariño que la sociedad argentina le supo tener a la educación como generadora de ascenso social.

No hay que ir muy lejos para determinar responsabilidades.

Es la dirigencia argentina en todos los campos, especialmente en la política – gubernamental,

Nos hablan mucho del futuro, pero en su accionar nos demuestran que el futuro para ellos son las próximas elecciones. Para ganar poder, para asegurarlo, para incrementarlo o para lograr impunidad, etc.

Por cierto, que hay personas, grupos, que levantan sus voces para construir el futuro en la misma línea en que avanzan otros países. Pero sin lograr ni a legislar ni a gobernar.

Porque en esta sociedad líquida, la política de baja calidad y el facilismo populista que nos rige, sólo piensa en ganar elecciones a como sea.

En este marco, la educación no es prioritaria ni esencial para la agenda política, ni para las aspiraciones de crecimiento cultural y  socio económico de los argentinos.

Lamentablemente, la mayoría de los medios de comunicación, el periodismo,  no le dan a la educación la importancia que tiene; salvo cuando hay algo grave, truculento preferentemente, como para lograr más audiencias o ventas. Muchos temas son seguidos por semanas, meses; nunca pasa eso con la destrucción de nuestra educación.

En nuestro sistema educativo perduran aún características de otras épocas: la formación docente; el régimen laboral; una administración reñida con una gestión moderna, siendo una burocracia lenta, pesada, ineficaz  y cara;  el esquema de materias; las calificaciones y cómo se usan;  el sistema de exámenes y de materias previas;  designaciones tardías;  horarios rígidos;  profesores taxis,  etc.

Sin olvidar, por cierto, el desinterés gubernamental para mejorar sustancialmente las pésimas remuneraciones docentes y la negación por darle a la educación el carácter de esencialidad que le corresponde.

Además, en los bajos sueldos se le da un valor exagerado a la antigüedad, dejando de lado, la especialización, logros académicos o de investigación y renovación en su trabajo. Buena parte de las capacitaciones son cursos  que se ofrecen sin planificación y en demasiadas ocasiones de dudosa calidad y actualidad académica.

Los cambios que se han efectuado en algunas provincias, no han sido de fondo, no suelen ser duraderos por lo que  dejan el amargo sabor de las frustraciones.

Así, la educación está en un círculo vicioso, que no logran romper las pocas excepciones.

Es duro y triste describir esta realidad. Pero así debe ser, ya que para superar cualquier problema debemos tener un diagnóstico claro, sin tapujos, sin auto engaños. Esta realidad es muy notoria, solo no la ven – o no quieren verla – las autoridades responsables. Allá ellos y sus negaciones.

Volviendo al inicio, esta etapa de nuestra vida democrática, del 83 hasta hoy, fracasa en lo educativo. Atrás del crecimiento de muchos países está encontramos siempre una educación poderosa, prioritaria para todos, exigente, bien paga. Lo que demuestra que se sabe que las riquezas nacionales están en el conocimiento de sus habitantes.

Si tantos lo han hecho y lo hacen, nosotros también podemos hacerlo.  Debemos construir esa esperanza exigiendo y exigiéndonos mucho.  Exigirnos mutuamente entre gobernantes, legisladores, directivos, docentes, sociedad, familia, estudiantes.

La educación no es un juego, no es diversión, no es superficial. Es una responsabilidad de todos. Es la base fundamental del futuro.

No lo estamos viviendo así, si desde las autoridades responsables no hay respuestas, somos los ciudadanos los que debemos instalar en la agenda política nacional la prioridad educativa.

Para cerrar, el fracaso en educación que  señalo y  acuso a esta etapa democrática de Argentina, es que tras tantos años, gobiernos y promesa, nuestro sistema educativo es de exclusión, pese a tanta alharaca de políticas inclusivas que de nada han servido, excepto para aumentar el clientelismo político electoral.

“Más Dios ha de permitir /Que esto llegue a mejorar/  Pero se ha de recordar/  Para hacer bien el trabajo/ Que el fuego, pa’ calentar/ Debe ir siempre por abajo».

Aprendamos del Martín Fierro y exijamos firmemente a nuestros gobiernos democráticos que hagan lo que deben hacer, EDUCAR AL SOBERANO  y  no hacer como que educan.

Necesitamos la mayor y mejor educación. No nos callemos, no nos crucemos de brazos. Porque estamos perdiendo el tren del futuro.

SAN LUIS. Febrero 22 de 2021

Esta nota fue escrita a partir de lo expresado en el día de la fecha en la columna educativa incluida en el programa LA MARCHA DE LAS NOTICIAS que conduce Elisa Sosa por Radio Dimensión de la ciudad de San Luis.