En los últimos días nos hemos sorprendido malamente los sanluiseños ante la reiteración de casos en que mujeres que han sufrido abusos o violaciones no han podido hacer sus denuncias en sede policial.. No podemos seguir permitiendo que haya quienes se nieguen a recibir una denuncia, que la minimicen o la quieran desviar. La denuncia se recibe sí o sí; será la justicia quien determine si es cierta o no. Pero a la policía no le corresponde definir “a priori” esa cuestión.
Es inconcebible, doloroso y toda una vergüenza ante el país, que se sigan repitiendo casos así.
¿Qué pasa? ¿Nunca escuchan, leen o miran noticias acerca de lo que pasa en el país? ¿No les interesa? ¿No lo entienden? ¿Vivimos en un reducto territorial del peor machismo?
Lo más grave no es la desinformación que puedan tener las personas. Lo muy grave es que personal policial en actividad no tenga la suficiente formación para saber de qué se trata el problema y de cómo se actúa frente a él. Es aquí en donde debemos buscar el nudo a desatar, a destruir.
Nunca podemos saber qué se enseña en el Instituto Superior de Seguridad Pública, quiénes lo hacen y cómo se elige a esos docentes. Porque es acá en donde está el nudo de los muchos y graves errores que comete el personal policial no sólo en el tema de abusos y violaciones.
Está visto que el personal policial no está debidamente formado para ejercer su noble e imprescindible profesión.
Como el machismo está tan impregnado en tantas personas, se impone que tanto los cadetes como el personal activo, sean indagados psicológicamente en cuanto a su actitud frente a esta problemática, cada vez más presente en nuestra sociedad.
Mientras se resuelve el tema de la formación profesional, hay que habilitar personal que sepa actuar en defensa de la dignidad de las mujeres o de los menores que hayan sufrido vejaciones, abusos, violaciones. Quizás fiscalías especiales, pero está visto que la sede policial no está siendo lo más apropiado. Quizás estableciendo códigos de procedimiento para estos casos que sean conocidos por el personal y que estén expuestos en grandes y visibles carteles en cada comisaría, en cada municipio, en cada oficina pública.
Tiempo atrás con bombos y platillos el ex gobernador Poggi intervino el Instituto en el que se forma nuestra policía. Nunca se conocieron las razones de esa intervención, nunca se conoció el informe que debía elaborar el interventor (el vice gobernador Díaz), nunca se supo de los cambios que se introdujeron, si es que hubo algo de eso.
Lo que queda claro es que la formación que se está dando en materia de derechos humanos, si es que se da, no es buena, o está limitada sólo a lo teórico con incapacidad de aplicarla en el día a día.
No sólo debemos ocuparnos de la educación que reciben los oficiales de policía, sino también la del personal auxiliar que ingresa a la fuerza con unos pocos meses de entrenamiento y formación.
No debe seguir ese ocultamiento de cómo se da la formación de nuestras fuerzas de seguridad, es demasiado importante como para dejarla solo en manos de este gobierno.
A todo esto, el Instituto de Derechos Humanos no muestra interés o capacidad para intervenir en estos casos. Si lo estuviese haciendo debe informarlo para llevar algo de tranquilidad a la población.
Mientras se resuelve ese tema central de la formación profesional de nuestros policías, no podemos dejar de lado lo recientemente ocurrido.
¿Qué se ha hecho con el personal policial que quiso recibir esas denuncias? ¿Se está investigando, tienen sumario?
La responsabilidad no es sólo de ellos, sino que alcanza también a los jefes de regionales, al mismo Jefe de Policía, al Ministro de Seguridad. El silencio, la inacción hace que la responsabilidad llegue al mismo Gobernador de la Provincia, Dr. Alberto José Rodríguez Saá.
Allí donde las instituciones republicanas funcionan y se respetan los derechos humanos, varios de esos funcionarios ya habrían dejado de serlo. Pero… como estamos en el feudo sanluiseño… dale que va!
Sin olvidar la muy lamentable indiferencia de tantos.
SAN LUIS. Setiembre 28 de 2016