¡Qué curiosa esta realidad sanluiseña nuestra!

Desde hace años que  gobernantes  ”democráticos”  nos hacen vivir en medio de flagrantes inconstitucionalidades. Y se  los aplaude y saluda casi como a próceres. Y dale que va!

Los medianamente informados de la realidad institucional provincial saben sobradamente que en lo atinente a lo municipal, el gobierno de los Rodríguez Sáa, incluyendo esta versión Poggi,  viola  la Constitución  (Art. 250, 256 y otros) e incumple con la Ley XII – 0349-2004.

Se sabe también que la justicia, incluyendo al Superior Tribunal, mira para otro lado.

Poco y nada se hace para resolver el problema y  se deja que el pueblo crea que  la Constitución es  un librito usado protocolarmente para poner la mano sobre ella al asumir algún cargo, para después arrinconarla de un patadón,  sin que logre entrar del todo en nuestra conciencia ciudadana.

La cuestión.

Nuestra  Constitución dice en su   Art.250:”El gobierno municipal en las poblaciones permanentes que cuentan entre 801 y 1500 habitantes es ejercido por una Comisión Municipal integrada por un presidente y un consejo de vecinos compuesto por tres(3) miembros, elegidos por el pueblo en sufragio universal, asegurándose  en este último la representación de las minorías”.Y en su Art. 256 expresa: “ Toda población permanente con más de 1500 habitantes, tiene una municipalidad…”

La ley a su vez dice en su Artículo 4º: El Poder Ejecutivo determinará después de cada censo, los nuevos lugares donde corresponda Municipalidad, Comisión o Comisionado.”

Pues bien,  los gobiernos provinciales del feudo adolfo-albertista vienen despreciando esa organización municipal a través de caprichosas convocatorias a elecciones.  Se ignora la figura de las Comisiones Municipales y no hay ningún interés porque se integren los nuevos concejos deliberantes según corresponde.

Conocido el censo del 2001, el gobierno no precisó qué localidades debían contar con Comisión Municipal, violando los derechos de los habitantes de las siguientes localidades: El Volcán, El Trapiche, Fraga, Nueva Galia, Fortuna,  Arizona, Potrero de los Funes y Beazley.

En  2009 tanto el Gobernador Alberto Rodríguez Sáa como su ministra de Gobierno Gladys Bailac ignoraron una Carta Documento recordándoles el texto constitucional, tras lo cual volvieron a convocar como antes.

En el 2011(aún no se conocían los datos del Censo 2010) también le envié una Carta Documentoa Poggi quien era Ministro Jefe de Gabinete de Alberto Rodríguez Sáa.  Carta que  tampoco fue tenida en cuenta, ni respondida.

En 2010 se realizó un nuevo censo cuyos datos oficiales finales se conocieron hace apenas un par de meses.

De acuerdo a la ley citada, el Ejecutivo debió promulgar un decreto determinando qué tipo de gobierno municipal le corresponde a cada localidad según su población.

Poggi, ignoró esta obligación suya y también la Carta Documento que le envié el 23 de abril recordándole cómo debía hacer la convocatoria. Por lo que en este año  convocó una vez más a elecciones municipales en franca violación a la ley y a la Constitución.

La convocatoria del Gobierno.

De acuerdo a los resultados del censo 2010 las siguientes localidades deben contar con una Comisión Municipal con Presidente y tres vocales: Nueva Galia, Fraga, Arizona, Villa Larca, Beazley, Cortaderas y Fortuna.

Las localidades que deben pasar a Municipalidad con  Intendente y  Concejo Deliberante con cuatro concejales son: El Trapiche, El Volcán, Potrero de los Funes y Carpintería.

Así debió convocar el Ejecutivo a elecciones municipales en esas localidades. No lo hizo, ni da razones de por qué sigue violando la Constitución e incumpliendo la ley.

A su vez las convocatorias que en su momento hagan  los Municipios de La Punta, Juana Koslay, La Toma, Candelaria, Quines, Concarán y Santa Rosa del Conlara deberán efectuarse sabiendo que de acuerdo a sus poblaciones actuales deben incorporar más concejales a los actuales.

Mientras todas  estas localidades no elijan sus autoridades municipales como corresponde están viendo violados sus derechos.

¿Y la Justicia?

En tres ocasiones inicié demandas por la inconstitucionalidad de las convocatorias hechas para las elecciones municipales. Con resultados que aterran.

En el  2007 presenté la demanda ante el Tribunal Electoral Provincial. El que declaró su incompetencia en el tema, señalando que era tema específico del Superior tribunal de Justicia.

Firmaron esa resolución el Dr. Domingo Flores y como miembro representante del Superior Tribunal, el  Dr.  Horacio G. Zavala Rodríguez.

Ante la convocatoria del 2009 presenté nueva demanda por inconstitucionalidad. Lo hice ante el Superior Tribunal de Justicia, siguiendo la competencia que se me habían indicado en la resolución del 2007.

Después de más de un año me respondieron declarando la incompetencia de ese Superior Tribunal para entender en el tema.  Pese a que el Procurador General de la Provincia había dictaminado la competencia del Superior Tribunal.

Firman esa resolución los jueces Oscar Eduardo Gatica,Dra. Lilia Ana Novillo, Dr. Omar Esteban Uría,  Dr. Florencio Damián Rubio y  Dr. Horacio Zavala Rodríguez. Este último, es el mismo que estando en el Tribunal Electoral había afirmado la competencia del Superior Tribunal.

En el año 2011 y ante una nueva mala convocatoria,  presenté una nueva demanda. Esta vez y siguiendo lo dicho por el Superior Tribunal en cuanto a la competencia de la justicia electoral, lo hice ante ésta.

En el corto términode 28 días  me respondieron  diciendo que eran incompetentes y que era un tema propio del Superior Tribunal de Justicia.  Firmaron esta  resolución la Dra.  Lilia Ana Novillo,  la Dra. Amanda E. Echeverry y el Dr. José Luis Flores.

Para no ser menos que  Zavala Rodríguez antes, la Dra. Novillo dijo una cosa en el 2009 y otra opuesta en el 2011.

Hace pocos días ante un reclamo al Superior Tribunal por el doloroso accidente de Zanjitas, la Dra. Lilia Novillo lo rechaza diciendo algo así como que  “… si  la presentación  la hubiera firmado un ingeniero o un químico es razonable, pero no pueden los abogados pedirle al Superior Tribunal que borre la Ley de un plumazo”.

Ante estas aterradoras y contradictorias resoluciones  que recibí de los jueces incluyéndola a ella, le  pregunto a la Dra. Novillo¿qué se puede pensar acerca de los autores de estas tres resoluciones? ¿Acaso no son estos jueces, incluyéndola a ella, los que están borrando de un plumazo la Constitución y la Ley?

Quizás estas resoluciones podrían mover a risa en un programa cómico. Pero se han producido en nuestra justicia provincial. Y eso no es para risa.

Esta sumatoria de desaguisados jurídicos puede obedecer a algunas de estas razones:

A*Temor reverencial a las decisiones de los  señores feudales (lo mismo que le debe pasar a Poggi);

B* Desconocimiento o desprecio por la Constitución y  la Ley;

C* Falta de lectura atenta y completa de las demandas y sus fundamentos;

D* Firma de resoluciones  que otros redactan.

E* Falta de memoria y de mínimos archivos sobre los temas puestos a su consideración.

¿Y por fuera de la Justicia?

Es lamentable el desinterés de este tema en la gran mayoría del pueblo sanluiseño. Mucho más grave en el caso de la dirigencia política, de legisladores provinciales,   de funcionariosmunicipales y concejales  de laslocalidades involucradas,  del periodismo que informa como al pasar (otros lo ignoran) sin persistir en un tema  fundamental para la vida en una democracia republicana, de los docentes que deberían al menos  informar a sus alumnos de esta ruptura institucional, de los habitantes de las localidades afectadas a quienes les están quitando derechos, del INADI y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, etc.

Recién este año el Dr. Alejandro Cacace, siendo Presidente de la UCR,  presentó una demanda de inconstitucionalidad la que aún no ha sido resuelta.

¿Qué harán los jueces ante  el reclamo de Cacace? No nos extrañemos si resuelven la competencia del Tribunal de Faltas de la Liga de Fútbol.

La persistente violación de la Constitución y la ley debiera integrar  la agenda de las cuestiones vitales para la ciudadanía sanluiseña,  discutirse y reclamarse a diario allí donde fuere y se pueda. Nunca diluirse o ignorarse, Mucho menos olvidarse.

Más grave que los actos de los corruptos y totalitarios, es la quietud y el silencio de quienes no lo son.

Nadie debiera esperar a que  otros hagan algo. Mucho menos  resignarse a vivir con la Constitución violada y pisoteada, o  dejar el campo orégano a quienes por actuar fuera de la ley se convierten decididamente en destituyentes.

SAN LUIS., Junio 4 de 2013