EL VOTO JOVEN

ya es ley la extensión del voto para los jóvenes de 16 a 18 años y se lo presenta como un gran triunfo en la construcción de nuevos y más sólidos derechos humanos.

Pero mientras nuestra Constitución Nacional  señala el derecho al voto obligatorio, se aprueba un  voto voluntario, opcional.  ¿Puede una ley otorgar parcialmente un derecho que la Constitución garantiza como obligatorio? Es una cuestión que espero se dilucide pronto y bien para garantía de nuestra calidad institucional; la que no las está pasando muy bien últimamente.

La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner aplaude la ley promovida por su gobierno y dice que es una nueva arma para la democracia. Concepción ésta de la democracia bélica muy propia del justicialismo y más aún, de su versión kirchnerista.

Es malo que la democracia necesite de armas o que se las provea. La democracia se debe asentar en el conocimiento, la educación, la cultura, la solidaridad, la convivencia, el diálogo, el amor al prójimo tanto como el amor a la Patria. La democracia con armas es la que busca imponer un discurso único, la que  discrimina, insulta  o  castiga  al que piensa distinto.

El voto no puede ser arma con la que se amenace; sino  decisión para participar, para trabajar, para construir, para integrar, para resolver.

Las armas se pueden usar contra enemigos externos, nunca entre hermanos con opiniones diferentes.

Quizás al mencionar este voto joven como un arma, se perdió una oportunidad de educar en democracia.

Este voto joven no se otorga como un derecho peticionado desde los interesados,  no fue en reclamo de abajo hacia arriba, no fue un clamor popular. El tema se lo plantea, desarrolla y concreta desde arriba, desde el mismo Gobierno y muy recientemente.   No pareció ser tema de la agenda de cuestiones importantes y pendientes del pueblo argentino.

 

El voto joven ya está. Es ley. Insisto, como un derecho parcial, cuando la constitución habla de la obligatoriedad del voto.

 

Pero … ¿y los otros derechos para los jóvenes?

Ni la Nación, ni las provincias  están asegurando a estos jóvenes la educación tal como lo  marca la ley, sancionada justamente dentro del mandato del kirchnerismo.

La educación en Argentina es obligatoria hasta terminar la secundaria; esto es los 17 o 18 años.

Sabemos por estadísticas nacionales e informes extranjeros, que casi un 50% de los jóvenes no terminan el secundario en nuestra Patria.  Sabemos que ni los que terminan el secundario, ni los que lo abandonan tienen  seguridad en conseguir empleo.

Sabemos que por esa sumatoria de factores,  hay cientos de miles de jóvenes que ni estudian, ni trabajan.

Sabemos, porque es fácil verlo en el día a día argentino, que estos jóvenes son presas de muchos vicios que los lastiman y muy fuerte:  las adicciones, la vagancia, la delincuencia.

Ni el estado nacional, máximo responsable, ni los estados provinciales están resolviendo las muchas carencias en educación.

No sólo que no encuentran soluciones, sino que dicen “incluir” a estos jóvenes y a sus familias a través de planes que no son sino expresión de clientelismo político – electoral.  Las características de estos planes (nacionales y provinciales) hacen que  sus beneficiarios conformen   un grupo fácilmente influenciable. Como lo son los del Plan Pico y Pala, como lo son los becarios, los de cooperativas, las asignaciones universales, etc.  Tenemos muy visto eso de que si querés un plan o un trabajo, traenos  tantas  fichas de afiliación de tu familia o amigos.

No mejorará la vida de los jóvenes con este voto. Lo único que puede garantizar una mejora permanente en su vida es la educación de calidad y su inserción laboral.

Es la educación la que en el mundo entero  garantiza el ascenso socio económico. Quienes suben por su condición de puntero, militante o dirigente,  atan su futuro a la obediencia a un caudillo o a una fuerza política. Es una cuestión de favores (a veces non sanctos) no de méritos. Así como vienen … se pueden ir.

La educación es un capital para siempre, nadie puede quitárselo a quien la tiene. El voto se ejerce mejor mientras más autonomía se tiene. Y a mayores niveles de educación, mayor autonomía personal, mejores condiciones para elegir, para actuar.

En lugar de dar y garantizar más y mejor educación,  se da voto a  jóvenes que no reciben esa educación que tanto necesita la Patria.

Y si mencionamos al derecho a la educación, también podemos hablar del derecho a la seguridad, a la salud, a la protección contra las drogas, al derecho al trabajo. Todos ellos, lejos de tener un nivel tan siquiera regular en este momento de la vida nacional.

Son todos ellos notoriamente más prioritarios que incrementar y de modo parcial y opcional, el derecho al voto.

Esto del voto joven viene a sumarse a todas las trampas que encierra la última legislación sobre la actividad de los partidos políticos.  Es una herramienta que se les entrega a los que tienen poder en las estructuras del Estado, porque sabemos bien, lo vemos a diario, cómo desde esas estructuras  se hacen tantas y tan variadas maniobras fraudulentas en lo electoral. Cómo se trampea, se obliga,  se engaña  para que se vote de determinada forma

Esto del voto joven optativo,  abre aún más las posibilidades del clientelismo, de la demagogia,  de la movilización pagada con los recursos que se sacan del Estado en beneficio de los partidos y candidatos de los dueños ocasionales del poder político.

Y no surgen estos conceptos de menoscabar la capacidad de los jóvenes, sino de conocer largamente cómo  actúan política y electoralmente los que tienen poder. Sabemos de cómo se movilizan el justicialismo y más aún el kirchnerismo, para “llevar” a votar. Sabemos muy bien lo que pasa y las variadas formas de fraude que se cometen desde el poder.

Es mucho más importante centrar los esfuerzos en lograr que terminen una buena educación, que en hacerlos votar antes.

¿Cuánto y a quiénes soluciona el voto y cuánto y a quiénes soluciona la educación? Por ahí debiera pasar buena parte de un análisis de este tema.

Y si el tema supera las dudas de su constitucionalidad, será una responsabilidad más de quienes amamos y respetamos la democracia republicana, para lograr el ejercicio de este derecho parcialmente otorgado de manera tal que no sirva para acumular cadenas clientelares, sino para construir ciudadanía  capaz de dignificar la vida nacional.

San Luis. Noviembre 6 de 2012

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