División de poderes…¿o qué?

La división de poderes es uno de los pilares de la democracia. Y va  acompañada de la independencia de cada uno de ellos y de los controles que se ejercen mutuamente.

No pasa así  en el San Luis gobernado por los Rodríguez Saá. Desde 1983 el Poder Ejecutivo ejerce todas las acciones necesarias para controlar y dominar a su antojo tanto al  Legislativo como al Judicial. Dominio imprescindible  para  el  totalitarismo  corrupto que lo caracteriza. Poder que les ha servido para enriquecerse, perpetuarse y sentirse impunes. Poder que actualmente no les alcanza para estar tranquilos ni seguros.

Veamos algunos casos en los cuales se rompió la esencia de la división de poderes:

*  Los jueces los propone el Gobernador y los aprueban la mayoría de legisladores oficialistas, surgidos del mismo dedo gubernamental. Esos mismos legisladores oficialistas aprueban o rechazan los Juri según las conveniencias gubernamentales.

*  El Gobernador eleva sus propuestas de entre los ternados en los concursos. Pero no siempre lo hace con el primero, sino que cuando no le gusta la conformación de la terna, propone  a los calificados en  segundo o tercer lugar. O bien, deja pasar el tiempo  sin efectuar propuestas con lo cual “se cae” el concurso y a empezar de nuevo, hasta que los amigos sean los primeros en la lista. Por cierto que las estructuras judiciales tanto como la mayoría legislativa callan la boca y acatan.

*  Una anterior conformación del Superior Tribunal (designado por Adolfo RS e integrado con dirigentes partidarios, amigos y familiares) sufrió una intensa campaña mediática ridiculizándolo. Fue  organizada por el Gobierno y su partido. Hubo marchas con custodia  policial  e integradas por legisladores y funcionarios para agraviar y pedir la renuncia de esos jueces frente al Palacio de Justicia. Los jueces, salvo uno, renunciaron en medio del silencio propio y de sus colegas.

*  Una acordada de otro Superior Tribunal, señaló claramente que la Justicia provincial estaba subordinada al poder político. Lo mismo han dicho otros jueces y los colegios de abogados. El Ejecutivo y la mayoría oficial del  Legislativo callan.

*  Jueces que hicieron esas afirmaciones fueron separados de sus cargos e inhabilitados por Juris integrados por miembros  del partido gobernante  y de sus aliados “disfrazados” de oposición. En uno de esos Juris se llegó a aplicar una ley posterior a los hechos que se  juzgaban.

*  Una causa de  Juri fue el  haber iniciado una causa al Intendente que concedió servicios en forma directa sin la debida licitación. Mientras que al juez que fue acusado de presenciar las torturas sufridas por  Nelson Madaff y de otras linduras por el estilo, el bloque oficialista lo salvó varias veces  del Juri.

*  Adolfo Rodríguez Saá envió a su policía para sacar a la fuerza a diputados radicales de la misma Legislatura.

*  Nuestra Constitución señala que los legisladores provinciales que  pasan a ocupar cargos en el Poder Ejecutivo, cesan  en sus cargos.  Pero es letra muerta ante muchos casos en que el hecho se cumplió con una simple licencia, para volver a sus bancas al  cesar en esos cargos. La justicia calló ante esta flagrante violación.

*  La Constitución obliga a la rotación anual en la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia, pero el Dr. Catalfamo estuvo tres años consecutivos en esa función. Fue denunciado por muchos, incluso por jueces, sin que nadie tomara resolución: ni el Superior Tribunal, ni el Ejecutivo, ni la mayoría legislativa oficial.

*  Tanto los jueces como los legisladores miran para otro lado en los numerosos casos en que las fuerzas de seguridad torturaron, apresaron sin causas, efectuaron pésimas investigaciones o son al menos sospechosas de muertes de  quienes estuvieron detenidos.  El itacazo que un Policía le dio desde medio metro a un defensor de la autonomía municipal hace ya un año, está vaya a saber en qué agujero negro del sistema

*  Tampoco han merecido investigación judicial o legislativa los numerosos casos de golpes o amenazas a periodistas.

*  Hay muchos casos de violaciones a la ley de parte de Ejecutivo sin que actúen los otros poderes para remediar el asunto.

*  El Legislativo sanciona los presupuestos facultando al Ejecutivo a cambiar el destino de las partidas sin más trámite, con lo que otorga un poder extraordinario renunciando a su capacidad de contralor.

*  No se cumple con el mandato constitucional de un Ministro específico para Educación

*  El despacho de una jueza fue violentado, con pérdida de expedientes, cambio de cerradura y posterior Juri con destitución.

*  Los pedidos de investigación efectuados por legisladores de la oposición o no son tratados o se los rechaza de plano.

*  Se aprobó una Ley de Caducidad de Mandatos por la cual los legisladores modificaron  una decena de artículos de la Constitución, cuando ésta sólo permite uno por esta vía.  La Ley se cayó gracias a la Corte Suprema de la Nación, pero la justicia de aquí calló ignominiosamente.

*  Existe un equipo de especialistas en trabajos sucios  que rotan entre cargos Ejecutivos, Judiciales y  Legislativos; según sean las necesidades de impunidad de  la familia gobernante, en acabada muestra de que para ellos  todo es una sola cosa.

*  La Justicia y los legisladores oficialistas avalaron  o participaron en los ataques a la autonomía de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis; incluyendo las marchas organizadas por el entonces Jefe de Gabinete Alberto Rodríguez Saá, quien desde la tribuna se dedicó a insultar y amenazar al entonces Intendente Ponce.

Lamentablemente debemos decir que hay otros muchos ejemplos de este claro manejo antojadizo que los gobernadores Rodríguez Saá hacen de la Justicia y del Legislativo, con la temerosa anuencia de todos los legisladores oficialistas y de buena parte de los jueces. Manejo que significa un liso y llano olvido de la división de los poderes, base de nuestra vida democrática. Manejo que esconde tras una pátina de democracia que aún engaña a algunos.

Para nosotros queda claro que la división de poderes no existe en San Luis, es una aspiración, una meta a lograr. Más bien debemos decir que aquí tenemos una asociación ilícita entre los poderes del Estado, que nos agravia y nos impele a derrotar a esta democracia totalitaria.

San Luis  25 de abril de 2005


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