Defensoría del Pueblo: pedido de pronto despacho

El tiempo pasa… y San Luis sigue sin Defensor del Pueblo por la inacción de los señores legisladores provinciales, junto con la total indiferencia de quien debe presidir la Asamblea legislativa que concrete esa designación, es decir quien ejerce como Vice Gobernador de la provincia; hoy el Dr. Pellegrini, antes la Sra. Blanca Pereyra, hoy Intendente de Villa Mercedes y buscando ser diputada provincial.

Recordando

El último Defensor del Pueblo legalmente designado renunció a comienzos de noviembre de 2004. Por cuatro años, hasta diciembre de 2008, actuó como Defensor el Dr. Toranzo de manera definitivamente ilegítima, ya que nunca contó con una decisión de la Asamblea Legislativa que le permita actuar por ese lapso cuando la actual ley otorga a esa función una duración de un año.

Nunca desde el Poder Legislativo  se movió un dedo para buscar la cobertura de esta institución que tiene rango constitucional desde la última reforma de 1987.

Lo más destacado que ocurrió fue que legisladores opositores al gobierno feudal se retiraron del recinto cuando el Defensor  trucho (Dr. Toranzo) concurrió a dar cuentas de su tarea.

La dura y triste verdad.

Al decir “… inacción de los señores legisladores” y “… total indiferencia de quien debe presidir la Asamblea Legislativa”, estoy señalando que estamos ante una flagrante violación de la Constitución Provincial en Capítulo XXIII – Artículo 235 y de la Ley VI-0167-2004.

Está a punto de cumplir siete años esta ignorancia, este desprecio, esa violación de nuestra Constitución y nuestras leyes.

Y eso es un delito. Cometido por los  legisladores y los vice gobernadores que vienen actuando desde noviembre de 2004 a la fecha.

Claro está que cuando los miembros de alguno de los poderes del Estado cometen cosas así no se les llama delitos. Debe ser para salvarlos del concepto que ante  hechos así tiene el pueblo.

Se le llama incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Dígasele delito o dígasele  incumplimiento de los deberes de funcionario público o  cualquier otro eufemismo que surja, la persistencia de la inacción, la total impunidad con que esto viene sucediendo  está demostrando la pobreza de nuestra democracia sanluiseña.

 La división de poderes

En nuestro sistema educativo se enseña desde siempre que la división de poderes garantiza la independencia de cada uno de ellos. Pero también que existe un mutuo control para poder garantizarle al pueblo todo el bueno, eficaz y justo funcionamiento de nuestra democracia representativa, republicana y federal. De la que no debemos apartarnos nunca, ni soslayar ya sea por olvido, desconocimiento o violación lisa y llana.

En reiteradas oportunidades, en forma pública y privada les he exigido a los legisladores que cumplan sus deberes constitucionales y legales. Hasta ahora sin resultados.

Ante esta inacción de casi siete años de parte del  Legislativo provincial,  queda el recurso de acudir a los otros poderes.

Ir al Ejecutivo es más que inútil, porque es evidente que los legisladores oficialistas, únicos en condiciones de reunir el número mínimo de patrocinadores de esta designación, no han recibido la orden política de hacerlo. Y esta orden sólo viene del Gobernador. Y a éste,  un Defensor del Pueblo que le exija “… proteger los derechos e intereses públicos de los ciudadanos y de la comunidad, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial, o sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente e inoportuno de sus funciones…” le resulta cuando menos una piedra en el zapato que no está dispuesto a tolerar. No obstante ello he hecho reclamos al Gobernador, a los Vice Gobernadores y al actual Jefe de Gabinete (cuando aún era Presidente de la Cámara de Diputados)

 La Justicia.

Ante la falta de respuestas en el Legislativo y el Ejecutivo acudí a la Justicia.

El 26 de noviembre de  2007 denuncié esta situación  ante el Juzgando de Instrucción Nª 3, en ese momento Expte 2787/2007, hoy Expte 50159/7.

Mientras el juzgado estuvo a cargo de la Dra. Gregoraschuk y de subrogantes el trámite no se movió e incluso estuvo “perdido” algún tiempo.

Al hacerse cargo la Dra. Palacios Gonella se han cursado oficios al Poder Legislativo cuyo texto y respuestas no conozco. En estos momentos y desde mayo el  expediente  está a resolución de la jueza.

La Justicia es la única esperanza que nos queda a los sanluiseños para que se cumpla con la Constitución que todos los legisladores y Vice gobernadores responsables de esto, han jurado cumplir y hacer cumplir.

También se corre el riesgo de que esta esperanza se esfume, la resolución se dilate y se continúe con esta situación hasta que el gobierno feudal se anime a modificar la constitución y eliminar la defensoría. O peor aún que se llegue a decir “ aquí está todo bien, no pasa nada, es improcedente lo denunciado, etc”.

Insistencia.

Sabiendo que el tema está a resolución de la jueza, el día miércoles 28 de setiembre presenté una solicitud de pronto despacho. Entre otras cosas de expreso a la Sra. Jueza: “…cuando uno de los poderes del Estado no cumple o cumple mal con sus responsabilidades se daña todo el sistema democrático, corresponde entonces que desde los otros poderes se vele por la salud del sistema ejerciendo las responsabilidades de mutuo control y acudan presurosos a restañar las heridas que tal incumplimiento ocasiona. Devolviendo así la confianza en las instituciones democráticas a un pueblo que en este caso asiste atónito a un flagrante incumplimiento de nuestra Constitución y la ley.”

Es nuestra Justicia la que debe decidir en este momento quien tiene la razón. Los que hace casi siete años incumplen con la Constitución y la ley. O si los que aún creemos en la democracia y en  la plena vigencia de la Constitución estamos equivocados y  no  nos está permitido reclamar a este gobierno feudal que cumpla con las instituciones republicanas.

Lo que viene.

En esta última presentación digo también a la Sra. Jueza: “…A punto de cumplirse siete años sin Defensor del Pueblo legítimamente designado, a punto de completarse un nuevo período de gobierno, a punto de una nueva renovación de legisladores provinciales, el pueblo que saludó esta nueva figura de nuestra democracia republicana, está siendo ignorado en sus reclamos por quienes a su vez ignoran la Constitución y las leyes. O peor, que conociéndolas  como se espera que ocurra para quienes nos representan,  hacen caso omiso a ello en una franca actitud de burla para con la democracia y para con el pueblo al que dicen representar.”

La democracia es el mejor sistema de gobierno creado hasta el momento por la sociedad humana. Es fuerte y capaz de mucho. Pero tal como ocurre con el diamante, es muy frágil. Un pequeño golpe la hace trizas. Y esto nos viene ocurriendo a las sanluiseños en muchos aspectos de la democracia. Pero pocos tan flagrantes como esta cuestión de la no designación del Defensor del Pueblo.

Duele en el mismo cogollo del espíritu democrático que sigan pasando vice gobernadores, senadores y diputados provinciales sin que a nadie se le mueva un pelo para cumplir con sus deberes, sin que a nadie le preocupe el dejar de lado la Constitución y con ello la democracia misma.

Duele también que el reclamo no sea más generalizado e intenso. No es éste un tema para olvidar ni para relegar.

Estamos a días de una nueva elección para renovar legisladores. Sería muy bueno que todos, dirigentes políticos y sociales,  periodistas, docentes, comerciantes, profesionales, trabajadores, etc, pidan a los que cesan en sus cargos que expliquen por qué no cumplieron con esta obligación legal propia de legisladores. También que les exijan a los candidatos su clara y contundente definición acerca de qué harán con la Defensoría del Pueblo en el supuesto de ser elegidos. Que digan si responderán a la Constitución  o a los señores feudales que nos vienen gobernando. A los que buscan reelección  en las responsabilidades que vienen incumpliendo… ni la hora. Salvo que no interese vivir dentro de la ley.

Según las respuestas y el compromiso claramente expuesto, que sea la decisión del voto.

Mientras,  esperemos la palabra de la Justicia.

San Luis. Octubre 3 de 2011.

 

 

 

 

 

 

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