Da bronca y  mucha, cuando los funcionarios del gobierno mienten, nos quieren tomar por tontos o prefieren pasar por ignorantes antes que asumir errores.  Y digo errores cuando en verdad debiera decir flagrantes violaciones a la Constitución Provincial y a las leyes que la reglamentan.

Se supo que los senadores provinciales  devuelven a Diputados  el proyecto de ley de intervención a El Trapiche, quitándole lo concerniente a la elección de Concejo Deliberante. ¿La razón? Que hay otras localidades que también deben elegir concejales, las que quedarían en desigualdad institucional respecto de El Trapiche. Incluso el Senador Fernández dijo días atrás  en un programa radial,  que habría que revisar la constitución allí donde manda que localidades con más de 1.500 habitantes tengan su concejo deliberante.

Se supo también por una de las redes sociales que el  Ministro de Gobierno Sr. Eduardo D’Onofrio dijo a una periodista: “Los senadores me consultaron  por el proyecto de normalización de la Municipalidad de El Trapiche porque hay 4 municipios en las mismas condiciones de tener Concejo Deliberante… y como no tenemos datos oficiales del censo se deberá tomar el provisorio.” Enredado y poco claro, quizás buscando zafar.

Son éstas las últimas versiones de excusas de parte de funcionarios y legisladores oficialistas para querer tapar su persistente vocación por incumplir la Constitución. Porque es ésta la que establece claramente cuándo se elige un intendente comisionado, cuándo una comisión municipal y cuándo intendente con concejo deliberante. La ley de Régimen Municipal (XII-0349-2004) reglamenta ese mandato y marca una obligación al gobierno cuando dice en su artículo 3: ” El Poder Ejecutivo determinará después de cada censo, los nuevos lugares donde                    corresponda Municipalidad, Comisión o Comisionado”.

Ya tras la realización del censo nacional del  2001, tanto Alicia Lemme como Alberto Rodríguez Saá y Claudio Poggi incumplieron con sus responsabilidades. Así fue cómo dejaron a ocho localidades sin la  Comisión Municipal que debía regirlos según la Constitución.

Ya con los datos del Censo 2010, es Claudio Poggi quien convoca ilegalmente a elecciones municipales en el 2013, incumpliendo una vez más con la Constitución y la ley, por cuanto Nueva Galia, Fraga, Arizona, Villa Larca, Beazley, Cortaderas y Fortuna, deben contar con Comisión Municipal. Mientras que  El Trapiche, El Volcán, Potrero de los Funes y Carpintería deben pasar a Municipio con Concejo Deliberante.,

Agravantes.

Ya es grave que violen en forma flagrante (es decir de tal evidencia que no necesita de pruebas) el marco legal de nuestra democracia republicana.  Pero hay hechos, conceptos que profundizan esta gravedad, incluso algunos inesperados.

Ante mis denuncias, en dos ocasiones la totalidad de los miembros del Superior Tribunal de Justicia eludieron el expedirse sobre esta inconstitucionalidad. Incluso, dos de esos jueces al votar como miembros de ese Tribunal se contradijeron con sus sentencias como jueces electorales.

Envié Cartas Documento al ex Gobernador Alberto RS y al actual Claudio Poggi, recordándoles su obligación de respetar la manda constitucional. Ni respondieron, ni cumplieron.

En una entrevista de años atrás con el entonces asesor del Ministerio de  Gobierno Dr. Lucero Gagliardi,  éste dijo que no se podía cumplir con lo que yo reclamaba porque no había presupuesto. Es decir el dinero por encima de la Constitución.

El  actual  Intendente Comisionado de una de las localidades perjudicadas  me dijo “ ya es difícil gobernar solo, ¿se imagina lo que sería con cuatro concejales? “

Ahora el Ministro D’Onofrio miente al decir que no están los datos oficiales del censo 2010. Digo y ratifico que miente, porque los resultados definitivos del censo están publicados en

 http://www.censo2010.indec.gov; luego Base de datos REDATAN/ RESULTADOS BÁSICOS / CRUCES  / MULTIPLES, elegir variable localidad y provincia.

 Y la provincia muy bien que  conoce los datos de este Censo 2010. Porque reclamó oficialmente al INDEC por el grueso error en lo concerniente a la población de la localidad de Fortuna del Depto. Gobernador Dupuy. Error que INDEC aún no corrigió.  Al objetar sólo los datos de Fortuna,  el gobierno de Poggi ha aceptado todos los demás.

Está claro que el Ministro miente o desconoce demasiado lo que debiera conocer.

Analizando este tema con varios dirigentes políticos, incluso profesionales del derecho, señalan que son justos mis reclamos, pero que respetar lo constitucional implica muchos costos,  es decir se suman a la falaz argumentación de Lucero Gagliardi.

Lo esencial

Me pregunto y le pregunto a todos mis comprovincianos: ¿QUIÉN CARAJO DIJO O DÓNDE ESTÁ ESCRITO QUE LA MANDA CONSTITUCIONAL  ESTÁ CONDICIONADA A LA OPINIÓN  DE ALGUIEN? ¿O AL COSTO PRESUPUESTARIO?

¿Acaso esta democracia  actual tiene alguna  potestad para violar la Constitución y nuestros derechos  a vivir conforme la ley? Que nadie se olvide o equivoque, el derecho a la democracia y a la participación en el gobierno son parte de los derechos humanos. Y no se están cumpliendo en San Luis, por totalitarismo, mentira,  desconocimiento, apatía o  complicidad.

No estamos en democracia para que se nos  gobierne al margen de la ley, cambiando  botas, por votos.

Quien esté en desacuerdo con lo ordenado constitucionalmente sea quien sea, tenga el cargo que tenga, que se juegue y plantee una reforma constitucional, incluso por la vía más sencilla de  la enmienda tal como prescribe el Artículo 287.

Mientras, el Sr. Ministro de Gobierno Eduardo D’Onofrio debería estar  dedicado a redactar el decreto que corresponde para dar cumplimiento a la ley  antes señalada y elevarlo a la firma del Gobernador Poggi.

¿O acaso este gobierno y sus legisladores no se dicen seguidores de quien dijera aquello de dentro de la ley todo, fuera de la ley nada?

Que se sepa bien. Hoy, el Gobernador CPN Claudio Poggi es responsable de incumplir la Constitución y de violar los derechos de muchos sanluiseños.  Los votos dan nobles obligaciones, no piedra libre para violar las instituciones.  No cumplir con la Constitución es uno de los peores delitos, porque se rompe unilateralmente  el pacto republicano.

Lo dicho por el senador Fernández esconde el  que no quieren sentar el antecedente de elegir concejales en  El Trapiche para que otras localidades exijan lo suyo.

Mientras esta situación siga, mientras los que deben actuar no lo hagan, los que deben juzgar no juzguen, sólo se puede decir con bronca y pena, que estamos mal y vamos peor.

                                                    SAN LUIS. Octubre 1 de 2014