Carta Abierta

Sr. Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia.

CPN Claudio Javier Poggi.

Me dirijo a Ud. de esta manera ante la lamentable inacción de su antecesor en este cargo y de los señores diputados en relación a la elección del Defensor del Pueblo.

Al tener hoy Ud la responsabilidad de presidir la Cámara de Diputados seguramente sabrá de sus obligaciones. Por si acaso le recuerdo el capítulo  XXIII, Art 235 de nuestra Constitución Provincial y la ley  VI-0167/2004, que reglamente esta nueva figura de nuestras instituciones democratitas republicanas.

Hace cinco años que renunció el último Defensor del Pueblo legal, porque luego estuvo el Dr. Toranzo unos años pero con una designación vencida y nunca ratificado ni como titular ni como reemplazante según corresponde.

Esta no designación del Defensor del Pueblo es  fruto del desapego a la constitución y a la ley de parte de este oficialismo provincial al que Ud. viene representando en el Ejecutivo, en el legislativo nacional y hoy en el provincial.

Este Gobernador no quiere la Defensoría, porque le significa una piedra en el zapato ante tanta inutilidad gubernamental. Y no la quieren tampoco sus seguidores, porque saben que una rebeldía les puede costar sus conchabos y carrera política.

Hoy le toca a Ud. presidir a los diputados provinciales y  en esa función debiera pedirles que lean la constitución y cumplan con las obligaciones que de ellas surgen. Y las de las leyes que las reglamentan. No es mala idea que Ud. haga lo mismo.

Desde ese conocimiento, que se pongan en campaña junto con los senadores provinciales para cumplir con la designación del Defensor del Pueblo.

Ud deberá elegir cumplir con la democracia y con el pueblo, o cumplir con el  Gobernador y seguir la línea de ignorar, incumplir o v iolar nuestra constitución y leyes.

Ya le queda poco de trabajo legislativo en este 2009, pero tiene por delante unos cuantos meses para pensar y decidir: o sigue siendo un vasallo del señor feudal o se convierte en un legislador de la  verdadera democracia.

Le informo también que inicié una causa penal a los responsables de esta no designación. La jueza que interviene  envió el pasado 19 de octubre  un oficio al entonces Presidente de la Cámara de Diputados y al Sr. Vice. Goberndor por ser el responsable de la Asamblea Legislativa. Ese oficio no ha sido respondido aún;  pero no se preocupe si se perdió, porque he solicitado a la jueza que lo reitere.

En la división de poderes propia de una república, el legislativo está obligado a responder una requisitoria así de la parte de la Justicia. El Prof. Vallejos no la respetó, ¿Ud. lo hará?

No se imagina cuánto deseo comprobar cuál será su conducta:

la de un vasallo o la de un republicano.

SAN LUIS. Diciembre 22 de 2009