Carta Abierta * Educación

Defensor del Pueblo – Adjunto -Dr. Héctor Daniel Toranzo

 

El que suscribe, Prof.  Luis Alberto Moreno LE —-, en mi condición de  Presidente del Partido Demócrata Cristiano constituyendo domicilio en la sede partidaria de Belgrano 531 ciudad de San Luis, me dirijo a Ud. con el objeto de expresarle lo siguiente:

 

I * DE SU MISION Y COMPETENCIA.

La  Ley VI- 0167-04 (ex 5780). o Ley de Defensoría del Pueblo precisa con claridad en  sus artículos 1º y 10º, las misiones y competencias propias del cargo que ocupa en  su condición de Adjunto; por lo que estimo ocioso transcribirlas aquí.

Pero no queda ninguna duda  de que todo aquello que ocurra en el área de la educación es  total y absolutamente de su competencia

II * DE LA REALIDAD EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL.

Ningún habitante de nuestra provincia medianamente informado puede desconocer la suma de problemas que evidencia desde mucho tiempo atrás el funcionamiento de la Educación  Pública.

Desde hace años, en cada comienzo de período lectivo nos encontramos con nuevos problemas, todos ellos originados en la incapacidad o desinterés  gubernamental en satisfacer lo necesario para que todo nuestro pueblo  pueda concretar su derecho a la educación. Cualquiera sea la causa, es evidente la grave consecuencia que la poca o la mala educación ocasiona en nuestras jóvenes generaciones, a la provincia, al país.

No puede Ud. ignorar las voces y acciones a través de las cuales,  tanto los docentes como organizaciones de padres, vienen denunciando el verdadero estado del sistema educativo provincial.

En muy apretada síntesis destaco que: existen serios problemas edilicios incluso en obra pública reciente; falta personal docente en todos los niveles y en algunos casos desde hace años; falta personal auxiliar docente; falta personal administrativo, falta personal de servicios; falta mantenimiento; falta seguridad para las personas y para los bienes materiales. Las recientes construcciones escolares especialmente las refacciones, han ignorado por completo las exigencias de espacio en metros cuadrados por alumnos, originando en ocasiones verdaderos hacinamientos que incrementan  la inseguridad y deterioran aún más la educación. Se han designado directores de escuelas por fuera de la normativa y con el sólo requisito de ser amigos  o punteros políticos o tener familiares en el  gobierno. Incluso sin tener ninguna formación docente (y si Ud. abriga dudas de estas expresiones haga una investigación honesta y lo comprobará). Recientemente están designando personal para las escuelas directamente desde los responsables del Plan de Inclusión Social, sin que se conozca intervención alguna de las autoridades del área de educativa.  Este tipo de designación  no es solución porque el personal que ingresa a la educación debe ser debidamente evaluado en sus antecedentes y aptitudes. Además ese personal debe tener relación de dependencia clara y concreta con las autoridades escolares, no con un plan asistencial cuyos beneficiados no necesariamente conocen de administración educativa.

Algunas explicaciones dadas por funcionarios han dicho que no hay presupuesto para cubrir esas necesidades. Lo que me lleva a afirmar que existe incapacidad gubernamental para conocer la realidad y falta idoneidad para resolverla a través de políticas de corto, mediano y largo plazo.

Insisto, no  puede Ud. ignorar el clamor de tantos sectores por una solución a estos problemas. No puede Ud. ignorar la toma de escuelas, el corte de calles, ni los reclamos a través de los medios de comunicación social. No puede Ud. ignorarlo salvo, que sólo cuente como medio informativo los boletines de prensa oficiales, o  al diario propiedad del Gobernador o los noticiosos del Canal Estatal o los medios  controlados de alguna forma  por el Gobierno.

A resultas de esta lamentable realidad nuestras jóvenes  generaciones  están siendo discriminadas en lo educativo por el Gobierno al recibir  en muchos casos, una educación que por lo menos, los pone en franca desventaja en relación con los alumnos de otras  jurisdicciones. Una educación así, limita seriamente las posibilidades de crecimiento y de realización plena de las personas, con lo que muchas quedan condenadas a vivir del clientelismo político.

III *  DE SU ACTUACION

El artículo 11 de la Ley ya citada, señala que el Defensor procederá de oficio, ante cualquier problema. Hasta el momento el pueblo  de la Provincia no ha tenido conocimiento de que Ud. se haya interesado en este tema. Creo que si lo hubiese hecho, esa preocupación suya, ese interés en cumplir con sus obligaciones, habría tomado  estado público. Si Ud. ha intervenido en esta cuestión en forma reservada y silenciosa, créame que es importante lo difunda  para que  el pueblo todo sepa que su Defensor los defiende. Sería  una gota de alegría, saber que hay un funcionario que los apoya en sus reclamos.

Por si Ud. no está enterado de esta realidad, me permito informarle de este modo para que se ocupe. Lo hago en calidad de damnificado, porque como a todo argentino bien nacido el daño que le hacen a nuestros niños y jóvenes nos lo hacen a todos y cada uno de los integrantes de la familia nacional. Y si éste criterio no le satisface lo hago en mi calidad de tercero. Formas todas éstas, la de oficio, la de damnificado o la de tercero, previstas en el ya citado artículo 11.

El artículo 17 precisa  las atribuciones, Sr. Defensor del Pueblo Adjunto, de las que dispone para actuar en este caso.

Y el artículo 18, marca las obligaciones de colaborar que tienen los funcionarios involucrados, precisando incluso qué debe hacer Ud. en caso de obstaculización.

IV * DE SUS INFORMACIONES Y ACTUACIONES

Es evidente que su información es al  menos  selectiva, ya que recientemente ha demostrado Ud. conocimiento de algunas cuestiones de la vida provincial, como es el caso de una  empresa de transportes de pasajeros para la cual solicitó sanciones. O como lo fue  su pedido al Sr. Intendente de la ciudad de San Luis, Ing. Daniel Pérsico, para que convoque a elecciones para “legitimar” las autoridades municipales. Actuación ésta última en la que parece ignorar Ud. la legitimidad del Ing. Pérsico como Intendente conforme a nuestra Constitución y ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Además de desconocer  que lo municipal no es de su competencia.

Habida cuenta de lo vivido y aprendido en estas dos últimas décadas en San Luis   y en los últimos años de la Defensoría del Pueblo, estimo que este modo de actuar o de no actuar revela dependencia para con el Poder Ejecutivo o para con la política partidaria de éste y  temor de contrariar a quien ejerce el poder como si las instituciones fuesen de su propiedad.

V * PETICIONO

Por lo expuesto y que insisto, es una apretada  síntesis de la gravedad que reviste en nuestra provincia el tema educativo, le peticiono:

1* Intervenga  activamente   ante el Poder Ejecutivo provincial para que  solucione en forma definitiva y ajustado a  derecho, los muchos problemas y carencias educativas que son de pública existencia y gravedad.

2* Efectúe un relevamiento de todas las falencias que se registran en nuestra educación pública provincial, lo actualice y  haga  público.

3*  Haga conocer  todas y cada una de sus acciones, peticiones o reclamos a fin de que el pueblo las  acompañe y fortalezca con su participación y  sepa también,  cómo evolucionan esas situaciones. Servirá también para el pueblo no se sienta tan solo cuando hable con los funcionarios.

4* Proponga que de forma permanente  se hagan públicas en cada Región Educativa las previsiones presupuestarias, de manera que todos podamos verificar con la participación de las organizaciones docentes y de padres, de qué forma se cubren las necesidades.

5* Aprovechando las bondades con las que se nos presenta la Autopista de la Información, tenga Ud. un sitio en Internet en donde se conozca todo lo que hace la Defensoría del  Pueblo y donde Ud. pueda recibir nuestras peticiones.

6*  Ejerza su importante tarea atendiendo a las necesidades del pueblo, no a las conveniencias políticas – partidarias de nadie. Como decimos quienes adherimos al pensamiento social cristiano, garantizando la mejor educación de toda la persona en todas las personas y practicando la opción preferencial por los pobres. En este caso los pobres en educación del pueblo;  porque pobres… en este Gobierno no hay.

VI * A MODO DE INSISTENCIA.

No  puedo aceptar tras más de 20 años de continuidad familiar en el gobierno, encontrarme con que:

* se diga que no alcanza el presupuesto para designar docentes.

* los edificios tengan las fallas de construcción o de mantenimiento  que muestran en cada comienzo de año.

* que haya alumnos que buscan para escribir las mesas y sillas de sus compañeros ausentes, o que las lleven de sus casas.

* que no exista un eficaz sistema de seguridad para escuelas, alumnos y personal.

* que no funcione un eficaz sistema de salud estudiantil sobre la base de la prevención y seguimiento de cada niño o joven.

* que no se conozca cuál es el sistema de seguro contra accidentes escolares.

En suma, que tras más de 20 años de continuidad familiar en el gobierno, la calidad de nuestra educación pública  depende notoriamente más de la vocación  de los docentes y de la participación de los padres, que  de un accionar planificado de ese gobierno.

Espero Sr. Defensor del Pueblo Adjunto, que comparta Ud. esta preocupación popular, intervenga con la celeridad, energía y eficacia que se requiere y no decaiga nunca ese interés ni ese accionar.

Atentamente  – San Luis. Abril 5 de 2005

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