¿Quién nos defiende?

La Defensoría del Pueblo es una de las instituciones más nuevas en el sistema democrático argentino y su aparición tiene relación directa con asegurar al pueblo una vía para recurrir ante errores, omisiones, etc. de parte de los gobiernos. Por lo tanto es  un paso adelante importante.

Pero claro, cuando aparece entre nosotros tiene la misma característica que el sistema que lo alberga.

En San Luis esto quiere decir que responde a las necesidades de garantizarle al Gobierno Provincial impunidad en  sus prácticas políticas,. De ahí que la existencia de la Defensoría  del Pueblo en San Luis queda supeditada a la decisión  del Poder Ejecutivo. Ante lo cual el Poder Legislativo calla temeroso.

¿Por qué decimos ésto?

En San Luis esta Defensoría  está reglada por la Ley VII-0167-2004 (ex 5780). Dice la Ley que el Defensor del Pueblo dura un año en sus funciones.  Que podrá haber un Defensor adjunto para  reemplazos  provisorios  por cese, imposibilidad, ausencia o excusación. Que es designado por la Asamblea General Legislativa, a propuesta de no menos de tres senadores y  catorce diputados.

¿ Qué es lo que está pasando?

Hace más de dos años que al anterior Defensor del Pueblo, Dr. Aníbal  Sopeña se le aceptó su renuncia. El Defensor Adjunto, Dr. Toranzo, pudo reemplazarlo provisoriamente según la ley, pero sigue a cargo de la Defensoría hace ese momento. Es decir que estamos no sólo ante  un reemplazo que no es  provisorio, sino que la vigencia del cargo del Dr. Toranzo lleva más tiempo que el que la ley le marca como duración de una eventual titularidad.

Una nueva propuesta de Defensor del Pueblo exige como ya se dijo de un número de firmas de senadores y diputados provinciales que sólo pueden reunir los legisladores oficialistas. Pero nada han hecho desde que se produjo la vacante. No han recibido la orden y ya sabemos que no tienen permiso para actuar en forma autónoma. Si es que se  han dado cuenta de esta seria falencia no tienen el coraje para señalarla; no vaya a ser cosa que alguien  se ofenda  y queden afuera de la posibilidad de candidaturas en  las fuerzas políticas que integran esta democracia totalitaria que nos gobierna.

La verdadera situación.

De resultas de todo esto nuestra provincia está viviendo una nueva situación de violación flagrante de la Constitución y de sus leyes.

Lo saben  en el Gobierno. Lo saben  los legisladores oficialistas. Porque todos conocen muy bien las leyes que violan. Lo sabe también el Defensor del Pueblo Adjunto, Dr. Toranzo,  hoy titular de dudosa legalidad. Pero  además de no decir nada acerca de su mandato, no parece conocer sus funciones fijadas en el  artículo 1º de la ley; ya que es persistente y coherente en no advertir las muchas falencias de la administración pública.

Está claro que todos callan,  miran para otro lado y dale que va.

Tenemos instituciones modernas pero quienes acceden a ellas se convierten en esclavos de sus ambiciones y olvidan para qué están y cómo se hacen las cosas. Se nos presentan a diario como los campeones de la democracia, cuando en realidad han tomado a las instituciones de la provincia como algo de su exclusiva propiedad y beneficio.

No fue para eso que el pueblo argentino todo luchó hasta  recuperar una forma de gobierno y de vida transparente, honesta y respetuosa de la Constitución y las leyes.

Y como si esto fuera poco, casi todos los responsables de esta prolongada violación al marco legal, anuncian sus candidaturas para este año 2007. ¿Alguien cree que van a cambiar de conducta?

Otra perlita: este gobierno que tanto alardea con la autopista de la información, con la ciencia y la tecnología al servicio de todos, a la fecha de esta nota aún mantiene en la web oficial de la Defensoría del Pueblo al Dr. Aníbal Sopeña como quien se desempeña en ese cargo.

SAN LUIS. Abril 23 de 2007.

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